El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se acerca a los casi cuatro años en funciones sin que aún esté clara su renovación. No parecen importar los continuos llamamientos al orden procedentes de Bruselas. Ni tampoco las consecuencias que dicha interinidad tiene sobre algunos órganos judiciales de gran relevancia como el Supremo. El bloqueo persiste. Y los movimientos –al menos los que trascienden– para deshacer el nudo son tímidos. Hace apenas una semana, el PP remitió una carta al Gobierno en la que se abría a abordar la renovación. Eso sí, manteniendo sus exigencias, que incluyen acabar ahora con las puertas giratorias en la justicia. Unas puertas que llevan girando toda la vida y que, tradicionalmente, han unido al Poder Judicial con la política. Un órgano de los jueces convertido, desde siempre, en cantera de los principales partidos.
No hay que echar demasiado la vista atrás. Una simple ojeada al anterior mandato da buena cuenta de ello. Fernando de la Rosa, que ocupó la vicepresidencia y fue presidente en funciones del CGPJ después de la dimisión de Carlos Dívar, aterrizó en el órgano tras haber sido secretario autonómico de Justicia e Interior y conseller de Justicia de la Generalitat Valenciana durante la etapa de Francisco Camps. Una vinculación política al PP que siempre ha mantenido. De hecho, tras su salida del Poder Judicial y después de un tiempo como presidente de la Audiencia Provincial de Valencia, De la Rosa volvió a la política de la mano de los conservadores. Pablo Casado lo rescató para el Senado, donde es portavoz de la Comisión de Justicia.
No es una práctica única de uno o dos partidos. Ni mucho menos. Es algo que trasciende siglas e ideologías sin importar el mandato. Alfons López Tena, por ejemplo, llegó al Poder Judicial de la mano de Convergencia Democrática de Cataluña, donde fue consejero nacional, y tras su salida ocupó un escaño en el Parlament con Solidaritat Catalana per la Independència. La abogada Margarita Uria, por su parte, recaló en el CGPJ después de tres legislaturas completas como diputada del PNV. Y renovado el órgano, pasó a ser asesora de la Secretaría General de Acción Exterior del Gobierno de Íñigo Urkullu y, luego, directora de la Agencia Vasca de Protección de Datos.
Del CGPJ al Gobierno
En algunos casos, incluso, la vida después del órgano constitucional depara puestos de gran relevancia en gobiernos, ya sean nacionales u autonómicos. A izquierda y derecha. La magistrada Margarita Robles, vocal entre 2008 y 2013, es ahora ministra de Defensa en el Gobierno de Pedro Sánchez, un cargo al que llegó después de su paso por el Congreso de los Diputados de la mano del PSOE. De hecho, su cercanía a los socialistas no es nueva. En la década de los noventa, con Felipe González en Moncloa, fue secretaria de Estado de Interior y subsecretaria de Justicia.
Entonces, ese último ministerio estaba en manos de Juan Alberto Belloch, puesto en el que recaló justamente tras ejercer casi tres años como vocal del Consejo General del Poder Judicial. Una transición similar a la seguida por otros responsables de la misma cartera. En 1996, de la mano del conservador José María Aznar, Margarita Mariscal de Gante se convertía en la primera ministra de Justicia en democracia tras haber sido una de las primeras vocales que formaron parte del órgano de gobierno de los jueces. Luego, metida de lleno en política, fue diputada del PP y vicepresidenta primera del Congreso. Y más tarde, los conservadores la situaron dentro del Tribunal de Cuentas.
Un camino que siguieron otros ministros del ramo. Juan Carlos Campo, tras haber sido entre 2001 y 2008 vocal del Poder Judicial, ocupó el cargo de secretario de Estado de Justicia en el segundo mandato de José Luis Rodríguez Zapatero y, casi una década después, fue elegido por Pedro Sánchez para dirigir la cartera tras varias legislaturas como diputado. Como en otros casos, la vinculación con el partido venía ya de lejos. Entre 1997 y 2001, fue director general de Relaciones con la Administración de Justicia de la Junta de Andalucía durante la etapa de Manuel Chaves.
De hecho, muchos de los nombres destacados de la política reciente compartieron mesa en el Consejo General del Poder Judicial. Mariscal de Gante, por ejemplo, lo hizo con María Teresa Fernández de la Vega, que luego sería diputada, secretaria de Estado de Justicia –un ministerio en el que ya había ocupado algún cargo importante en la década de los ochenta–, vicepresidenta del Gobierno o presidenta del Consejo de Estado, un cargo que desempeña en estos momentos.
De los Ejecutivos autonómicos a la Guardia Civil
Campo, por su parte, coincidiría con José Antonio Alonso, quien luego sería ministro de Interior y de Defensa en la era Zapatero. Y también con Enrique López. El magistrado de corte conservador llegó al Poder Judicial de la mano del PP. Y tras el fin de su mandato, los conservadores lo elevaron hasta el Tribunal Constitucional, un órgano se vería obligado a dejar después de ser cazado circulando en moto mientras triplicaba la tasa de alcohol.
Tras una etapa en la magistratura, fue rescatado políticamente por Isabel Díaz Ayuso como consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid. Una cartera que, junto con Interior, dirige en la Generalitat Valenciana Gabriela Bravo, que fue vocal del CGPJ entre 2008 y 2013.
El gobierno de los jueces se salta el plazo legal para renovar el TC tras casi dos meses sin apenas actividad
En el Pleno de aquel último Poder Judicial que ha sido renovado, también ocupaban una silla los magistrados Félix Azón y Antonio Dorado. El primero, experto en Derecho del Trabajo, ocupó cinco años después de su salida el cargo de director general de la Guardia Civil y, tras ser sustituido, se situó como aspirante a una plaza de magistrado en la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. El segundo, por su parte, fue nombrado, tras su relevo en el Poder Judicial, secretario general de la Administración de Justicia por el Ejecutivo de Mariano Rajoy y, actualmente, forma parte del Consejo Consultivo de Andalucía.
Despachos de abogados
Fuera de la política, los despachos de abogados suelen acoger a otra parte nada despreciable de juristas que han pasado por el órgano de gobierno de los jueces. Ramon Camp i Batalla, que fue designado vocal tras una larga trayectoria política de la mano de CiU, figura como "of counsel" en el despacho RocaJunyent. También como "counsel", en este caso del bufete Ontier, consta Agustín Azparren, miembro del CGPJ entre 2001 y 2008. Y en Cuatrecasas aparece como socio de honor Javier Laorden, compañero de mandato del anterior, quien tras su salida del Poder Judicial trató de ser alcalde del municipio madrileño de Torrelodones de la mano del PP.
Tras su paso por el órgano de gobierno de los jueces, también ha ejercido como abogado José Merino Jiménez, actual presidente de Business & Law. Y Adolfo Prego de Oliver y Tolivar, quien fuera ponente de la sentencia de la causa contra Baltasar Garzón por el franquismo, quien fundó su propio despacho de abogados y quien ha tenido entre sus clientes a destacados miembros del PP, entre ellos la ex secretaria general María Dolores de Cospedal y el expresidente madrileño Ignacio González.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se acerca a los casi cuatro años en funciones sin que aún esté clara su renovación. No parecen importar los continuos llamamientos al orden procedentes de Bruselas. Ni tampoco las consecuencias que dicha interinidad tiene sobre algunos órganos judiciales de gran relevancia como el Supremo. El bloqueo persiste. Y los movimientos –al menos los que trascienden– para deshacer el nudo son tímidos. Hace apenas una semana, el PP remitió una carta al Gobierno en la que se abría a abordar la renovación. Eso sí, manteniendo sus exigencias, que incluyen acabar ahora con las puertas giratorias en la justicia. Unas puertas que llevan girando toda la vida y que, tradicionalmente, han unido al Poder Judicial con la política. Un órgano de los jueces convertido, desde siempre, en cantera de los principales partidos.