La foto fija que dejó la pandemia fue sólo eso, un paréntesis incapaz de captar el problema estructural de la violencia de género. Al compás de la crisis sanitaria, las denuncias experimentaron una caída que enseguida hizo saltar las alarmas de los expertos: se alerta menos, explicaron durante los meses más críticos del confinamiento, sencillamente porque la violencia es capaz de adoptar formas más sutiles como el control y el maltrato psicológico. Los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) relativos al segundo trimestre de 2021, un año después del estado de alarma, así lo confirman: el número de denuncias ha recuperado el ritmo previo. Y sin embargo, la implicación del entorno a la hora de dar la voz de alarma está por los suelos. Sólo un 1,61% de las denuncias llegan por parte de los familiares, un porcentaje que no ha dejado de caer en los últimos años.
En concreto, el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ ha registrado un total de 40.721 denuncias. La gran mayoría, un 73,86%, fueron presentadas por la propia víctima. El 13,4% partió de la intervención policial y el 7,93% provino de un parte de lesiones recibido directamente en el juzgado. El porcentaje más bajo está en las denuncias de familiares, servicios asistenciales y terceros en general: la suma de todos estos actores constituye el 4,8% del total. Las denuncias presentadas por familiares son las más escasas.
La tasa está por debajo de la registrada en el mismo trimestre de 2020 (5,26%), pero también se aleja de la recogida en el segundo trimestre de 2019 (5,75%), de 2018 (7,34%) y de 2017 (5,59%). El descenso se produce a pesar de las campañas vecinales llamando a una mayor implicación del entorno en los casos de violencia de género durante el confinamiento y pese a los esfuerzos de las instituciones. El pasado mes de julio, el Consejo de Ministros aprobó un catálogo de medidas urgentes contra la violencia que incluía entre sus ejes el reto de concienciar al entorno, con el objetivo de que "cualquier ciudadano o ciudadana se convierta en agente de cambio".
La presidenta del Observatorio, Ángeles Carmona, ha reparado en la situación durante la presentación del balance este mismo viernes. Carmona ha apelado al entorno más cercano para que dé el paso de denunciar y ha insistido en la importancia de la concienciación "para darle la vuelta" a los datos. "Todos los ciudadanos estamos obligados a denunciar hechos delictivos de los que tengamos conocimiento", ha insistido la vocal del CGPJ. En una entrevista con este diario el pasado mes de marzo, Carmona remarcaba que "en España lo que hace falta todavía es concienciación del entorno de la víctima". A su juicio, las víctimas asumen "demasiada responsabilidad" a la hora de denunciar, un paso a veces "difícil o incluso imposible". En la lucha contra la violencia, clamaba, es urgente "la implicación del entorno" porque sin el apoyo debido las mujeres "difícilmente van a dar el paso".
Precisamente antes de la crisis sanitaria, en julio de 2019, el Tribunal Supremo advirtió de la gravedad del "silencio cómplice" del entorno de la víctima, pero también del "acoso cómplice" del entorno del agresor. Estos dos fenómenos, argumentaban los magistrados en una sentencia, llevan a sentir "soledad" a la mujer maltratada y se convierten en "una losa" para ella "cuando quiere denunciar y no encuentra ayuda".
Altamira Gonzalo, vicepresidenta de Themis Mujeres Juristas, pide esquivar el pesimismo y llama a la cautela: quizá la situación cambie cuando el órgano de gobierno de los jueces publique su balance anual. Sí parece cierto, reconoce, que existe una "falta de sensibilidad social muy grande". No es nueva: ya la ley contra la violencia de género de 2004 planteaba medidas de sensibilización, consciente de la importancia de hacer pedagogía. Pero las herramientas desplegadas no han tenido el calado que se esperaba y no es sencillo aplacar la "comodidad de los vecinos, el temor a la reacción, la falta de solidaridad" o la idea de que se trata de un "problema privado".
Para Gonzalo, los motivos que explican la indiferencia del entorno son variados. Por un lado, la escasa constancia a la hora de desplegar campañas específicas. Las primeras políticas públicas contra la violencia de género preveían que "la forma de ir cambiando la mentalidad de la gente era con campañas sostenidas en el tiempo, pero sólo se han hecho de manera ocasional". La segunda razón ha ido ganando terreno en los últimos años: el negacionismo de la violencia machista. Este discurso, abanderado por la ultraderecha de Vox, "puede hacer dudar a la gente de alrededor".
A Bárbara Zorrilla, psicóloga especializada en violencia de género, le preocupa el alcance de los discursos contra la igualdad. Mientras que los mensajes de la ultraderecha encuentran el canal para llegar a cualquier persona, no ocurre lo mismo con las campañas de sensibilización. "¿Cómo le llega a una persona mayor que está en su casa, frente a la televisión, el mensaje contra la violencia frente a la idea acumulada durante muchísimos años de que no tiene que meterse?", se pregunta la psicóloga. La fiscal Susana Gisbert añade otro factor: la violencia de género no es prioritaria. "No le estamos dando la importancia que tiene, nos hemos anestesiado y esa falta de concienciación tiene consecuencias", reflexiona al otro lado del teléfono.
Un reciente estudio publicado por el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de la FAD revela que uno de cada cinco adolescentes y jóvenes varones cree que la violencia de género no existe y que es sólo un "invento ideológico". Quienes así lo sostienen son ya el doble que hace cuatro años, según el barómetro.
La foto fija que dejó la pandemia fue sólo eso, un paréntesis incapaz de captar el problema estructural de la violencia de género. Al compás de la crisis sanitaria, las denuncias experimentaron una caída que enseguida hizo saltar las alarmas de los expertos: se alerta menos, explicaron durante los meses más críticos del confinamiento, sencillamente porque la violencia es capaz de adoptar formas más sutiles como el control y el maltrato psicológico. Los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) relativos al segundo trimestre de 2021, un año después del estado de alarma, así lo confirman: el número de denuncias ha recuperado el ritmo previo. Y sin embargo, la implicación del entorno a la hora de dar la voz de alarma está por los suelos. Sólo un 1,61% de las denuncias llegan por parte de los familiares, un porcentaje que no ha dejado de caer en los últimos años.