¿Resultaría chocante incorporar a uno de los 17 gobiernos autonómicos de España a alguien que en 2002 fue condenado por violencia psíquica contra su mujer, a la que llamó “ladrona” y “puta” y a quien amenazó con un “te voy a estar jodiendo toda la vida”? ¿Entendería un turista que elaborase leyes alguien que elogia el 18 de julio, inicio del Alzamiento franquista, al definirlo como “la efeméride más importante de la historia contemporánea de España”? ¿Tendría sentido que adquiriese rango de gestor de altura quien califica de “ley comunista” la aprobada en el Senado por 230 votos frente a 30 abstenciones y tres votos negativos para proteger el degradado Mar Menor? Y otra pregunta más: ¿sería admisible que en la mesa del consejo de gobierno se siente un político partidario de tirar a la basura la Agenda 2030, la tabla de 17 objetivos de desarrollo sostenible trazado por la ONU?
Las cuatro preguntas que abren este texto se sustentan en el caso real de otros tantos dirigentes políticos que el 28 de mayo encabezaron en sus respectivas comunidades la candidatura de Vox y obtuvieron un acta de diputado. Salvo viraje extraordinario, es en sus manos y en las de otros electos de la formación ultraderechista que concurrieron a los comicios autonómicos o municipales está hoy la llave que necesita el PP para abrir la puerta del poder en cinco comunidades y 15 ciudades de relevancia.
Las cinco comunidades son la valenciana, Baleares, Murcia, Aragón y Extremadura, aunque la líder del PP en la región aún presidida por el socialista Guillermo Fernández Vara asegura que no gobernará con Vox; a la lista anterior podría sumarse una sexta, Cantabria, pero el PRC, el partido del hasta ahora presidente, Miguel Ángel Revilla, se ha abierto a facilitar con sus votos que los de Alberto Núñez Feijóo gobiernen en solitario sin coaligarse con Vox. Entre las ciudades donde el cambio de siglas del poder depende de una alianza –bien para formar gobierno, bien para que Vox se abstenga– figuran Sevilla, Segovia, Palma, la murciana Cartagena o las madrileñas Alcobendas y Móstoles.
El condenado por violencia de género mencionado en el primer párrafo es el valenciano Carlos Flores Juberías, catedrático de Derecho Constitucional, admirador del ultraderechista presidente de Hungría, Viktor Orbán, candidato en 1982 de la ya extinta y entonces temible Fuerza Nueva, admirador también del “fascinante” José Antonio Primo de Rivera y jefe de un Vox que ya ha amenazado en su cuenta oficial de Twitter con darle la patada a un programa informativo de la televisión autonómica, À Punt. “Aprovechad lo que os queda en el convento, que os vamos a cerrar”, se lee en el mensaje del 23 de abril.
El que se da por seguro como futuro presidente valenciano, Carlos Mazón, líder del PP en la comunidad levantina, trata desde el cierre de las urnas de marcar distancias con Vox hablando de un posible gobierno en minoría. Pero los números no han variado desde el domingo: de los 99 escaños de la Cámara autonómica, el PP ocupa 40, a diez de la mayoría absoluta. Y Vox –13 diputados– ya ha anunciado que no está dispuesto a regalarle la investidura.
El "chiringuito" balear del que cobró su candidato
Próximos a Flores Juberías no solo en lo ideológico sino también en lo territorial, otros dos cabezas de Vox, el balear Jorge Campos y el murciano José Ángel Antelo, actuarán en la nueva legislatura autonómica como muletas o socios del PP en ambas comunidades. Aunque Santiago Abascal repite que Vox no aceptará “chantajes” ni le hará “regalos” a nadie –o sea, al PP–, habrá que esperar al resultado de las generales de julio para, con independencia de los plazos, saber qué ocurrirá en las nuevas legislaturas del ámbito autonómico y del municipal.
Y aquí, inciso sobre chantajes y regalos al margen, aparecen las similitudes entre el candidato valenciano y el balear. Jorge Campos nació en 1975. Y por tanto, es imposible que militase en Fuerza Nueva (FN), que se disolvió en 1982. Pero Campos sí consta como el creador una fundación nacional de extrema derecha que se publicitaba como FN Círculo Balear. Firme defensora del monolito palmesano erigido en homenaje al crucero Baleares –uno de los barcos que en la Guerra Civil provocaron la masacre de La Desbandá, la huida masiva de civiles de Málaga que pretendían alcanzar Almería–, la fundación se reconvirtió en partido autónomo y finalmente se fusionó con Vox.
Entre los éxitos de Campos se cuenta la condena de tres años y medio de prisión para el rapero Valtònyc por enaltecimiento del terrorismo, calumnias e injurias graves a la Corona y amenazas por el contenido de algunas de sus canciones. En una de ellas introdujo lo siguiente sobre Jorge Campos: que “merece una bomba de destrucción nuclear”.
Bajo promesa de cerrar “miles de chiringuitos” y famoso en las islas por insultos como el que en febrero dedicó a la todavía presidenta del archipiélago, la socialista Francina Armengol –la acusó de crear “una legión de garrapatas” del erario público como ella misma- , Campos arremetió en 2019 contra la fundación pública de la que él mismo había sido gerente entre agosto de 2011 y mayo de 2012 bajo el gobierno del PP. En aquellos 10 meses cobró 51.469 euros de la Fundación para el Desarrollo Sostenible de Baleares, tal como desveló eldiario.es. Campos es abogado, ha sido colaborador de la fundación de Aznar, FAES, y de Denaes. La segunda es la que impulsó Santiago Abascal antes del nacimiento de Vox y cuando aún seguía en las filas del PP.
Más abajo, y en la costa peninsular, el líder murciano de Vox, José Ángel Antelo, es quien considera una “ley comunista” la que, con rango estatal, protege el contaminado Mar Menor. Antiguo jugador de baloncesto, el discurso ambiental de Antelo sigue con pulcritud las normas del negacionismo. En una entrevista concedida en la recta final de campaña a La Opinión de Murcia, lanzó el aviso cuando el periodista le hizo la siguiente pregunta:
– Si Fernando López Miras no toca la Ley del Mar Menor, ¿será presidente?
Antelo respondió así:
– Si depende de nosotros, será oposición. Y nosotros, también.
El autor de la entrevista abundó en el tema:
– Habla como si no hubiera cambio climático
Y Antelo, que ya en otras ocasiones había ridiculizado el concepto –por ejemplo, en su cuenta de Twitter–, respondió así: “El clima lleva cambiando desde que existe el mundo, hace más de 4.500 millones de años, y lo seguirá haciendo”.
Concejal en el Ayuntamiento de Murcia, la estrella interna de Antelo comenzó a brillar cuando el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Vox le nombró en noviembre de 2019 jefe de la gestora constituida en Murcia tras la bronca con los tres diputados autonómicos que habían sido elegidos en la lista del partido. “El CEN –relata el periodista Xavier Rius en su libro Vox. El retorno de los ultras que nunca se fueron (Akal, 2023)– nombra una gestora presidida por el concejal en el Ayuntamiento de Murcia, el exjugador de baloncesto José Ángel Antelo, vinculado a José Luis Mendoza, miembro de los ultracatólicos neocatecumenales, los "kikos", y presidente de la Universidad Católica San Antonio de Murcia”, la UCAM.
Fallecido en enero de este año, Mendoza se convirtió en un baluarte del sector que en Vox procede del catolicismo más conservador. A esa ala también pertenece la candidata a la alcaldía de Sevilla, Cristina Peláez, que –como destaca este perfil de ABC– entró en política en la ultraconservadora Hazte Oír, asociación conocida por su acoso a mujeres que ejercen el derecho al aborto. En la capital andaluza, el alcaldable del PP, José Luis Sanz, ha logrado 14 ediles. Vox, tres. Solo entre ambos suman mayoría absoluta frente al PSOE (12) y Unidas Podemos (2).
Al igual que Peláez, Antelo ha hecho bandera del pin parental, que ya aplicó el PP en Murcia a requerimiento de Vox. Los padres –sostiene el candidato– deben tener información de si lo que pretende una charla escolar es “enseñarle a un niño de tres, cuatro o cinco años cómo masturbarse”. O si a un niño “que se llama Juan le van a tratar como María”.
La mujer que no está arriba es porque no quiere
Ya no solo la lucha contra la violencia de género –la ultraderecha cuestiona el concepto en sí– o los derechos LGTBI mantienen a Vox con las espadas en alto. Su oposición a las políticas que favorezcan la igualdad les lleva incluso a afirmaciones como la que, también en una entrevista, esta con el diario Información de Alicante, lanzó su cabeza de lista municipal, Carmen Robledillo. Con 14 concejales, el PP suma en solitario más votos que el bloque de izquierdas pero solo los cuatro de Vox le garantizarían una mayoría absoluta permanente. En un momento de la entrevista, la periodista preguntó a Robledillo por qué considera que solo el 21% de las directivas de las empresas del Ibex son mujeres. “Pues porque no querrán acceder a esos puestos”, respondió la dirigente de Vox.
En Extremadura, otra de las comunidades donde el PP solo obtendrá mayoría absoluta si se le suma Vox, la formación ultraderechista ya exigía oficialmente en 2021 la derogación de la ley regional de violencia de género. Fiel negacionista, su candidato a la Junta, Ángel Pelayo, respondió a los periodistas tras las elecciones que una de las diferencias entre su partido y el PP es que Vox en absoluto acepta la Agenda 2030, un de cuyos ejes es la lucha contra el cambio climático.
De los libros de Blas Piñar al del candidato de Aragón
Vox resiste el crecimiento del PP y se dispone a exigir a Feijóo entrar en el gobierno de 6 comunidades
Desde Aragón, su candidato al Gobierno regional, Alejandro Nolasco, no ha dudado en remarcar que la ley trans ha de ser derogada. Abogado de profesión, Nolasco se encuadra también entre quienes no ocultan su simpatía hacia el universo franquista.
Hace año y medio, el líder aragonés de Vox publicó un libro sobre los últimos integrantes de la División Azul. “A través de sus relatos personales –expuso en un comunicado que él mismo difundió– el lector comprenderá en profundidad lo que supuso la odisea de aquellos españoles que conformaron la 250ª División de la Wehrmacht”. O sea, el Ejército nazi. La obra ha visto la luz a través de la editorial SND, cuyo catálogo reserva dos colecciones a la producción literaria de Blas Piñar. Es decir, del fundador de Fuerza Nueva (FN).
En Aragón, el PP necesita añadir a sus 28 escaños los siete de Vox para superar en uno la frontera (34 votos) de la mayoría absoluta. Abiertamente partidario de entrar en el próximo Ejecutivo regional, Nolasco proclama en una entrevista con El Periódico de Aragón que sus líneas rojas son “derogar las leyes sectarias e ideológicas de la izquierda”. Tan negacionista del cambio climático como sus correligionarios de Extremadura y Murcia, Nolasco también bromea sobre el asunto. Y es él quien ahora utiliza al PP como su muleta: "Los de la Agenda 2030 dicen que ya saben lo que va a llover de aquí a 80 años. Yo no lo sé, ningún científico se lo puede asegurar, lo dijo Rajoy con su famoso primo".
¿Resultaría chocante incorporar a uno de los 17 gobiernos autonómicos de España a alguien que en 2002 fue condenado por violencia psíquica contra su mujer, a la que llamó “ladrona” y “puta” y a quien amenazó con un “te voy a estar jodiendo toda la vida”? ¿Entendería un turista que elaborase leyes alguien que elogia el 18 de julio, inicio del Alzamiento franquista, al definirlo como “la efeméride más importante de la historia contemporánea de España”? ¿Tendría sentido que adquiriese rango de gestor de altura quien califica de “ley comunista” la aprobada en el Senado por 230 votos frente a 30 abstenciones y tres votos negativos para proteger el degradado Mar Menor? Y otra pregunta más: ¿sería admisible que en la mesa del consejo de gobierno se siente un político partidario de tirar a la basura la Agenda 2030, la tabla de 17 objetivos de desarrollo sostenible trazado por la ONU?