Cuatro hombres fueron detenidos el viernes en Collado Villalba (Madrid) tras una presunta agresión sexual perpetrada el pasado mes de agosto contra una mujer con discapacidad, a la que obligaron a mantener relaciones mediante violencia e intimidación. Tras la agresión inicial, cometida por tres de los detenidos en un domicilio, un cuarto hombre que había escuchado las súplicas de la víctima se la lleva. No lo hace, sin embargo, para ponerla a salvo, sino para agredirla sexualmente una vez más. Lo impactante de la agresión ha catapultado el caso a los medios de comunicación, pero otros tantos quedan sepultados entre las cifras oficiales, que únicamente distinguen si la víctima sufre una discapacidad cuando existe un certificado que así lo demuestra. La violencia machista contra las mujeres discapacitadas queda, esencialmente debido a la falta de recursos, invisibilizada pese a ser el doble de frecuente: una de cada tres mujeres con discapacidad la sufre.
El 31% de las mujeres con discapacidad asegura haber sufrido algún tipo de violencia física, psicológica o sexual por parte de su pareja o expareja, más del doble que las mujeres sin discapacidad, para quienes la cifra desciende hasta el 12,5%. Según datos recopilados por la organización Cermi Mujeres (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad), la prevalencia de cinco tipos de violencia –física, sexual, psicológica de control, emocional y económica–, es el doble en las personas con discapacidad.
La violencia que sufren las mujeres con discapacidad, la ausencia de información accesible y los obstáculos en el proceso de detección y denuncia no son nuevos. Se trata de los mismos problemas a los que se enfrenta toda mujer víctima de violencia machista, con la particularidad de que el impacto es el doble debido a la falta de recursos específicos. Según Cermi, el 75,8% de mujeres que han sufrido violencia no acude a la policía por restarle importancia a los episodios de violencia, porque no lo contempla como opción, por no sentirse acompañada o por miedo. Además, el 61,3% de las mujeres que retiran la denuncia lo hace por amenazas del agresor.
"Son situaciones diferentes que no se tienen en cuenta, es un tipo de discriminación muy específica" que no obstante carece de "recursos para mejorar una accesibilidad que debe estar presente en todo". Habla Isabel Caballero, coordinadora de Cermi Mujeres. En conversación con infoLibre, la experta recuerda que el riesgo de sufrir violencia de género es diez puntos porcentuales mayor en las mujeres con discapacidad. "Pedimos una política pública acorde a esta situación", expone.
Formación, accesibilidad y abordaje
El caso de la mujer de Collado Villalba es uno de los muchos ejemplos que la organización Cermi conoce gracias a los medios de comunicación. "No aparece en los registros, no se incluye el indicador de discapacidad", comenta Caballero. Y es ésa, precisamente, la primera reivindicación de las asociaciones especializadas: realizar un recuento y un análisis eficaz y pormenorizado de la situación teniendo en cuenta la variable de discapacidad. "No disponemos de información fiable, eso es lo primero", continúa la experta, quien lo señala como la primera forma de invisibilización de este tipo de violencia.
Con esta primera gran reivindicación coincide Elena Antelo, directora gerente de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe). "Aunque los datos sólo son datos y son fríos, reclamamos que se recoja información específica que incluya la variable de discapacidad", señala en declaraciones a este diario. La petición no es baladí. "No se nos está diciendo cuántas mujeres con discapacidad están siendo asesinadas, cuántas son víctimas de violencia o cuántas adquieren discapacidad fruto de las agresiones", recalca Antelo.
La segunda forma que adopta esta suerte de invisibilización tiene que ver con la percepción de la violencia por parte de las propias víctimas. "Hay un problema grave de reconocimiento, ajeno y propio", de manera que "la violencia cotidiana está muy naturalizada, sobre todo en lo familiar", explica Caballero. El motivo principal, esgrime, que las víctimas se consideran una carga. "El abanico de personas que pueden ejercer violencia es mucho más amplio", añade Antelo, y engloba no sólo a la pareja o expareja, sino "la violencia ejercida por el entorno familiar, personas cuidadoras, desconocidos o personas que trabajan en los servicios específicos y en los centros", donde la violencia es si cabe más silenciosa debido al aislamiento de las víctimas.
Además, agrega, existe otro tipo de violencia que se da con mayor frecuencia. "Es un poco fuerte decirlo", reconoce Antelo con cierto reparo, pero las mujeres con discapacidad sufren también "violencia institucional", relacionada con el difícil acceso a los sistemas de protección. En este sentido, las expertas ponen el foco en una cuestión material: la falta de recursos. "Si las mujeres víctimas de violencia machista no lo tienen fácil, al menos tienen la posibilidad de acceder", reflexiona la experta. Las barreras arquitectónicas, la falta de intérpretes o de personal especializado "convierten a las mujeres con discapacidad en víctimas dobles".
Existen toda una serie de "obstáculos a la hora de denunciar" que se materializan, por ejemplo, en el requisito de una declaración creíble y no contradictoria, tarea titánica para las mujeres con discapacidad intelectual. Con esto tiene que ver, asimismo, la falta de especialización. "Los agentes involucrados", como la policía, abogados, jueces y fiscales, "no tienen la suficiente formación", asevera Caballero, lo que constituye todo un "engranaje que complica la denuncia". Otra de las piezas es la prácticamente inexistente accesibilidad. "Una mujer sorda, para interponer una denuncia, debe buscar una intérprete que no siempre estará disponible", detalla la coordinadora de Cermi Mujeres. Esto ocurre en todas las etapas del proceso: "Los centros de información son inaccesibles, pero también las casas de acogida y los pisos tutelados".
También Antelo menciona los obstáculos relativos a las casas de acogida, si bien matiza no ser defensora de dicha figura. "Si tienen que encerrar a alguien, que sea al agresor", reclama, "la mujer tiene que poder seguir viviendo en libertad". Pero "mientras ese momento no llegue, cuántas veces nos hemos encontrado con casas a las que no pueden acceder" las mujeres discapacitadas, lamenta.
En esencia, resume Caballero, "se ha diseñado una política pública de prevención y abordaje que no tiene en cuenta la situación de discapacidad", de modo que el "fenómeno se vuelve invisible". La solución, agrega, pasa por trabajar sobre "la formación, la aplicación de protocolos de detección precoz y un abordaje adecuado" que incluya, además, la "ampliación de la conceptualización", es decir, que la violencia "no se circunscriba a la pareja o expareja", de acuerdo con el Convenio de Estambul suscrito por España.
Pacto de Estado: de las palabras a los hechos
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El Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado en septiembre de 2017, no obvia la situación de las mujeres con discapacidad víctimas de violencia machista. El documento incluye un epígrafe con medidas específicas para las situaciones de "diversidad funcional".
Para Isabel Caballero, el acuerdo "viene a reconocer que las víctimas son muy diversas" pero, en esencia, "reafirma las medidas de la Ley de 2004", a través del reconocimiento de "campañas de concienciación plenamente accesibles, recursos o protocolos específicos". También Elena Antelo, pese a celebrar plenamente el pacto, echa en falta un paso definitivo. "Todo eso que se dice que se va a hacer, que se haga" porque "no vale de nada que se haga un protocolo de atención si yo no puedo entrar en un juzgado". "De las palabras a los hechos", zanja.
Entre las medidas que contempla el pacto, se llama a "facilitar el acceso de mujeres y niñas con discapacidad a lecturas informativas adaptadas"; diseñar protocolos específicos; implementar la asistencia personal suficiente y necesaria en colaboración con las comunidades autónomas; o formar en violencia de género a intérpretes de lengua de signos en comisarías, juzgados, centros de atención psicológica y social.
Cuatro hombres fueron detenidos el viernes en Collado Villalba (Madrid) tras una presunta agresión sexual perpetrada el pasado mes de agosto contra una mujer con discapacidad, a la que obligaron a mantener relaciones mediante violencia e intimidación. Tras la agresión inicial, cometida por tres de los detenidos en un domicilio, un cuarto hombre que había escuchado las súplicas de la víctima se la lleva. No lo hace, sin embargo, para ponerla a salvo, sino para agredirla sexualmente una vez más. Lo impactante de la agresión ha catapultado el caso a los medios de comunicación, pero otros tantos quedan sepultados entre las cifras oficiales, que únicamente distinguen si la víctima sufre una discapacidad cuando existe un certificado que así lo demuestra. La violencia machista contra las mujeres discapacitadas queda, esencialmente debido a la falta de recursos, invisibilizada pese a ser el doble de frecuente: una de cada tres mujeres con discapacidad la sufre.