La violencia machista se reproduce en la vida cotidiana de las mujeres

Los golpes, las agresiones físicas o sexuales, el asesinato son las expresiones más evidentes de la violencia machista. Pero todo culmen va precedido de un conjunto de escalones que permite el desarrollo y el arraigo de ese comportamiento. Toda la estructura que compone y alimenta la violencia de género se materializa en el día a día de las mujeres. Y por eso, a vísperas del 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, resulta oportuno recordar el modo en que la violencia machista no sólo tiene una presencia absoluta en la vida cotidiana de ellas, sino que se las ingenia para, a través de los múltiples canales que ofrece el patriarcado, estar presente en todas las esferas y etapas vitales de las mujeres.

Ésta es la forma en que se expresa la violencia de género en terrenos como la adolescencia, el ámbito laboral, la justicia y la sanidad. 

  Infancia y adolescencia

La ONG Plan Internacional denuncia que, a nivel mundial, "cada segundo cuatro niñas sufren abusos en el colegio. Los profesores, el personal que se encarga del mantenimiento de las aulas o incluso el propio alumnado de mayor edad perpetran la violencia física, psicológica y sexual". España no se encuentra libre de esta lacra. La violencia contra las niñas en el país continúa siendo "una realidad oculta y poco documentada". Según la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2015, el 12,5% de las mujeres de 16 y más años que viven en España han sufrido violencia física o sexual a lo largo de su vida. "Las investigaciones sobre violencia hacia las niñas y los mecanismos de recogida de datos oficiales no nos están ofreciendo la verdadera dimensión del problema. Además, falta poner en marcha mecanismos de denuncia accesibles a las niñas y niños, para derrumbar el muro de impunidad y todos los obstáculos en la persecución de este tipo de violencia", denuncia la organización.

Según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), 179 menores fueron enjuiciados por delitos de violencia contra la mujer, imponiéndose medidas en un 90,62% de los casos. La Memoria de la Fiscalía General del Estado señala que desde 2012 se ha experimentado un ascenso paulatino de los casos de violencia machista entre menores, siendo 2016 el año con mayores cifras. Esto "pone de manifiesto el adelanto en el inicio de las relaciones sentimentales entre los jóvenes que, a pesar de ser incipientes, ya se asientan sobre bases de control y dominación del chico sobre la chica especialmente a través de las nuevas tecnologías".

Las conclusiones del Ministerio Público vetan cualquier signo de optimismo. "Todo parece indicar que estamos fallando en la transmisión de valores de igualdad y no discriminación, lo que nos obligaría a replantearnos parámetros de actuación en la escuela y familia", advierte.

Más allá de las agresiones físicas, el machismo se ha instalado en los hábitos de los adolescentes a través de expresiones sutiles pero especialmente tóxicas. En marzo de este año, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad lanzó la campaña Diez formas de violencia de género digitalDiez formas de violencia de género digital, que advierte de comportamientos dañinos ejecutados habitualmente por chicos adolescentes, como espiar el móvil de sus parejas, acosarlas a través de redes sociales o censurar las fotos que comparten. En abril, un estudio de la Universidad de Santiago de Compostela constataba que las redes sociales perpetúan los roles de género y el machismo entre los adolescentes.

Además, el 27,4% de los jóvenes –de entre 15 y 29 años– considera que la violencia de género es "normal" en una relación de pareja y el 21,2% cree que se trata de un tema "politizado" que "se exagera", según el Barómetro 2017 de ProyectoScopio elaborado por el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD).

  Las trabas del aparato judicial

Las lagunas a nivel legislativo, el dificultoso proceso de denuncia y la falta de garantías hacen del aparato judicial uno de los principales órganos a reformar, según el movimiento feminista. Colectivos de profesionales como Mujeres Juezas o Women's Link Worldwide, entre otras muchas, han denunciado reiteradamente la escasa formación de los trabajadores y los obstáculos que deben afrontar las víctimas.

Esteffany Molina, abogada de Women's Link Worldwide recuerda que su asociación ha identificado "a lo largo de los años muchas sentencias o decisiones judiciales cargadas de estereotipos de género". Este tipo de resoluciones "obstaculizan el acceso a la justicia por parte de las víctimas o supervivientes de violencia de género o sexual", lo que impide "la protección de los derechos humanos de las mujeres, las revictimiza y se genera un ambiente de impunidad" que funciona como "caldo de cultivo para que exista más violencia y formas de discriminación".

En el año 2017 la Audiencia Provincial de Cantabria condenó por abuso sexual a un hombre que agredió sexualmente a una niña desde que ésta tenía cinco años. La condena, sin embargo, apuntaba a un abuso sexual, pero no a una agresión, por considerar la imposibilidad de probar que la niña "opusiera resistencia física o protestara, llorara o gritara" para impedir los abusos sexuales. La pena final, en lugar de los diez años de cárcel que solicitaba la acusación, fue de tres años y nueve meses de prisión para el agresor. Este ejemplo "deja en total impunidad un caso de violencia sexual y marca cómo debería ser el comportamiento de la víctima", reflexiona Molina, del mismo modo que ocurre con el juicio a La Manada.

Esta y otras sentencias "muestran los estereotipos de género y mitos alrededor de la violencia" machista y específicamente de la sexual. El resultado es la "desconfianza" por parte de las víctimas. "Aplicar estereotipos de género en causas de violencia machista genera desconfianza en las víctimas y funciona como obstáculo para que accedan a la justicia en condiciones de igualdad y dignidad", detalla Molina.

Todo ello evidencia que el sistema judicial necesita "formación en estereotipos de género, en violencia machista y en violencia sexual". Lo contrario, de hecho, supone un "incumplimiento claro de todo lo que han venido diciendo convenios internacionales" como el de Estambul o la ONU tras el caso de Ángela González.

¿Por qué, entonces, no se incurre en esta necesaria formación? La principal razón, opina la letrada, es "la falta de voluntad política para afrontar la violencia machista". "Esto hace además que no se amplíe la Ley contra la Violencia de Género" y quede limitada únicamente al ámbito de la pareja, de modo que la violencia sexual se encuentra excluida y su tratamiento en los tribunales es diferente. El Pacto de Estado contra la Violencia de Género, en este sentido, es "un avance importante pero no tiene esa fuerza vinculante para exigir el cumplimiento de todas esas cuestiones. Al final el compromiso se diluye".

  La violencia en el ámbito laboral

La violencia de género también tiene incidencia en la vida laboral de las mujeres. Un informe elaborado por UGT de cara a este 25N recuerda que "la violencia de género es una de las formas de expresión del poder que ejercen los hombres sobre las mujeres y que se extiende a todos los ámbitos de la vida". Tal y como indica el sindicato, "las diferencias de género y la discriminación de la mujer por el hecho de haber nacido mujer se ponen de manifiesto de forma continua, año tras año, en los datos sobre empleo, salarios, acceso a los puestos de responsabilidad y de poder, en la asunción de responsabilidades familiares, en el acoso sexual y en acoso por razón de sexo en el trabajo".

Según el informe, apenas 91 mujeres víctimas de violencia machista han suspendido o extinguido su contrato de trabajo con derecho a prestación o subsidio por desempleo en 2016, dos menos que en el año anterior. Cristina Antoñanzas, vicesecretaria general de UGT, denuncia en conversación con este diario que no debería ser necesaria una sentencia judicial para poder solicitar la suspensión o extinción del empleo, algo que actualmente es requisito fundamental.

La inserción laboral de las víctimas, por otro lado, es una "tarea pendiente" para las empresas, con un impulso de incentivos aún "muy limitado". Las contrataciones a víctimas han descendido un 0,6% respecto al año anterior, y supusieron el 0,009% de los contratos creados en 2016. De ellos, el 75,5% fueron de carácter temporal.

Elena Blasco, secretaria confederal de Mujeres e Igualdad de CCOO, recuerda igualmente fenómenos como la brecha de género o la desigualdad salarial que se dan, de forma "totalmente extendida", en el conjunto de la Unión Europea. Y no sólo a nivel económico, apunta, sino también respecto a "complementos indirectos y directos en la retribución dineraria, en las posibilidades de acceso y en la promoción dentro del ámbito laboral". La brecha de género es "clara y hace que las mujeres seamos las primera víctimas de la pobreza", añade.

En cuanto al acoso sexual, se presenta como "la expresión de la violencia de género en el ámbito laboral", pero la denuncia es aún escasa. Según el informe La violencia y el acoso laboral en Europa: alcance, repercusiones y políticas, en España la denuncia en este terreno sólo alcanza el 8%, casi la mitad respecto a la media europea. Además, el sector donde más aumenta el acoso es en el de servicios, "altamente feminizado". Antoñanzas explica en primer lugar que "las víctimas están muy invisibilizadas", y en la mayoría de los casos son "sus superiores quienes acosan".

El proceso de denuncia en el ámbito laboral, por tanto, incurre en una doble victimización de la mujer, ya que "la primera respuesta de la empresa es cambiar a la víctima de lugar de trabajo en vez de ir al foco, que es el acosador", relata Antoñanzas. Existe, asimismo, "excesiva tolerancia hacia conductas o actitudes que lo perciben como algo normal", agrega Blasco. Para acabar con todo ello, es necesaria la "negociación colectiva". "No queremos el aislamiento de la víctima, sino identificar el problema" para poder terminar con él, siempre actuando sobre "la persona acosadora y no trasladando a la víctima o haciendo que finalice la relación laboral".

  Sanidad y atención a las víctimas

El problema de la violencia machista en el ámbito sanitario redunda en "cómo se atiende a las mujeres víctimas de malos tratos y violencia sexual", apunta Justa Montero, miembro de la Asamblea Feminista de Madrid y de la Federación Española de Planificación Familiar. La normativa en este sentido presenta diferencias importantes en función de la comunidad autónoma. "Hay un protocolo a nivel estatal sobre la atención a mujeres maltratadas en atención primaria y además normativas distintas en cada comunidad", explica Montero.

En estos términos se expresa el informe elaborado por la Coordinadora Estatal de Organizaciones Feministas sobre derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, publicado en diciembre de 2016. El estudio señala ejemplos como el madrileño Hospital la Paz, "referente para la atención a víctimas de agresiones sexuales". Aunque el centro elaboró un protocolo específico en 2011, las mujeres que son violadas y acuden al hospital, "si no han interpuesto denuncia, tienen muchas dificultades para recibir la atención adecuada, y si quieren poner denuncia tienen que desplazarse por su cuenta", lo que genera una "auténtica revictimización por parte de las instituciones".

Al menos una mujer deja su trabajo cada día en España por razón de violencia machista

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En Galicia, el protocolo indica que el personal sanitario realizará una comunicación inmediata "a través del Juzgado de Guardia para asistencia del médico forense y la realización de las actuaciones de forma conjunta con especialista en ginecología", mientras que Navarra y País Vasco, por su parte, cuentan con recursos para mujeres víctimas de maltrato y de violencia sexual, que son revisados y evaluados cada dos años mediante acuerdos institucionales. También cuentan con teléfonos de atención 24 horas, así como asistencia jurídica y psicológica especializada.

El estudio critica que, respecto a las ayudas que reciben las víctimas, la ley exige "como requisito para ser beneficiaria haber sufrido lesiones graves que se traducen en incapacidad permanente o laboral de más de seis meses". Esto significa que las ayudas son "sistemáticamente denegadas, como consecuencia de la taxatividad" de la norma a la hora de definir las lesiones y daños susceptibles de ser indemnizados.

El Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado hace dos meses y pendiente de su puesta en marcha, contempla una mejora en la detección precoz de la violencia de género en los centros sanitarios, que deberá ir acompasada con una mejora de la formación especializada de los profesionales. De nuevo, las expertas confían en que las buenas intenciones que recoge el acuerdo se materialicen en efectos prácticos para beneficio de las víctimas.