Planear la vejez en una vivienda cooperativa, una alternativa a las residencias de mayores

“¿Es aquí la charla sobre la cooperativa de vivienda sénior?”, pregunta una mujer de unos sesenta años a Anna Corrons, portavoz del grupo impulsor de ‘Can 70’. Treinta personas de más de cincuenta años entran en el número 43 de la calle Casp de Barcelona, sede de Sostre Cívic, que desde 2004 actúa como promotora inmobiliaria de proyectos de vivienda cooperativa. 

“Hoy estamos presentando un proyecto que tiene su pilar en el envejecimiento activo pero que forma parte de algo más grande” introduce Eva Ortigosa, técnica de Sostre Cívic durante la sesión informativa. Y continúa explicando que las personas que acaben formando parte del proyecto tendrán una doble vinculación, “la que te vincula como socia dentro de ‘Can 70’, y la que te vincula como socia de Sostre Cívic”. El modelo de la entidad “se inspira en el danés”, explica José Téllez, portavoz de la Sostre Cívic, “intentamos que no todos los proyectos de vivienda cooperativa hechos en Cataluña tengan un perfil militante”. En Copenhague el 33% de las viviendas son de propiedad colectiva en régimen Andel. 

‘Can 70’ será la primera vivienda cooperativa sénior del estado construida sobre suelo público. En España existen más de 40 viviendas de este tipo que Daniel López, psicólogo e investigador de la UOC ha clasificado en el mapa del proyecto MOVICOMA, un estudio becado por la Fundación BBVA. El convenio ESAL que desarrolló Barcelona en 2015 facilita la construcción de vivienda sobre suelo público a promotoras sin ánimo de lucro. Eso ha permitido rebajar el precio de construcción de ‘Can 70’ en una zona dónde el suelo urbano es muy caro, como es Barcelona, y que habría hecho muy difícil desarrollar un proyecto surgido de economías familiares.

Anna Corrons, portavoz de la futura vivienda sénior, explica que los motivos para impulsar este proyecto fueron “evitar la soledad no deseada”, “evitar que los hijos e hijas nos tengan que cuidar” y “mantener la capacidad de decisión” hasta el final de la vida, algo que en una residencia es limitado. Añade también un motivo económico. Explica que su madre murió durante la pandemia en una residencia en la que pagaba 2500€ al mes por una habitación de 15m2. Recuerda que para pagarla, su madre disponía del dinero que le llegaba por la ley de dependencia, la de un piso alquilado y además añadía dinero de sus ahorros. Como “tenía la cabeza muy clara”, su madre le llegó a preguntar “¿hasta cuándo puedo vivir?”, pensando en los ahorros que le quedaban. “Yo nunca tendré ese dinero”, zanja la portavoz de la futura vivienda.

Las obras empezarán a principios de 2025 y tienen previsto alargarse dos años. El proyecto está formado por personas mayores de 55 años y ahora hay 25 inscritas. El convenio les obliga a ser 39 socias por cuestiones de densidad poblacional. Para llegar a esa cifra organizan sesiones explicativas del proyecto para incorporar a nuevas socias, como la sesión a la que tuvo acceso infoLibre.

Evitar la soledad de la vejez y mantener la autonomía 

“Hoy he hablado con dos amigas”, expone Anna Corrons ante las asistentes. “Una tiene más de 80 años. Su marido tenía dinero y se quedó viuda hace unos años, tiene cuatro hijos, pero está en un sociosanitario muriéndose más sola que la una.” Y continúa, “luego he hablado con otra amiga que estaba fantástica en su casa en la Cerdaña plantando unas coles”. “Le he preguntado, y cuando no puedas conducir, ¿qué harás?. Pues no lo tiene pensado”. Anna concluye la exposición diciendo “nosotras creamos ‘Can 70’ porque no queremos la soledad no deseada ni tampoco ser una carga familiar”.

Lluvi Ferré es psicólogo e investigador del grup CareNet de la UOC, y desarrolló en 2019 la guía ‘Cuidados en la convivencia de las personas mayores’ junto al también investigador de la UOC Daniel López y en colaboración con el grupo impulsor de ‘Can 70’. La guía asienta las bases para planear los cuidados en la etapa final de la vida en una vivienda cooperativa, así como fragmentar la vivienda en núcleos comunitarios y establecer procesos de duelo y muerte. Lluvi Farré explica que el grupo impulsor se tomó un año de reflexión para crear la guía.

“Cuál es el objetivo del proyecto?” les plantea Anna Corrons a las veinte personas que han asistido por primera vez a la sesión introductoria. “Pues vivir una vejez empoderada, digna, activa, decidida”. Otras diez asistentes a la sesión ya son parte del proyecto, la mayoría de ellas mujeres. “¿Nos faltan hombres?”, se pregunta la portavoz tras mostrar una fotografía con todas las integrantes, y continúa, “pues la verdad es que nos gustaría que hubiera más”. El edificio está ya proyectado con tres tipos de espacios. “La privacidad está garantizada en apartamentos unipersonales de entre 30m2 y 43m2”, luego “hay espacios colectivos”, como las cocinas y los comedores compartidos entre unidades de tres o cuatro apartamentos por planta, y finalmente “hay espacios abiertos al barrio”. El grupo forma parte de la mesa de salud comunitaria del barrio de Sarrià y el edificio contará con un espacio municipal de cerca de 200m2 que tendrá la obligación de acoger actividades para el vecindario, como por ejemplo fisioterapia.

Ante la pregunta de qué diferencia hay entre el modelo de Can 70 y una residencia, Corrons responde “aquí lo hemos decidido todo”. “Hemos decidido qué espacios queremos y qué actividades queremos hacer”, y continúa, “en una residencia no puedes decidir ni los horarios, ni los espacios, ni las actividades, ni nada”. También explica que su proyecto se diferencia del modelo de viviendas con servicios, porque ellos deciden con quién van a vivir hasta el final de sus vidas, y no es el ayuntamiento o la institución privada que ofrece las plazas y ellas se apuntan.

Desde el gobierno estatal y autonómico se está promoviendo la desinstitucionalización del modelo residencial. “La idea de que se debe cambiar el modelo residencial viene de lejos”, explica Daniel López, psicólogo y experto en estudios del envejecimiento de la UOC. “La pandemia hace visibles unos déficits estructurales” y para ello es necesario plantear propuestas de atención centrada en la persona y mejorar las condiciones laborales. “La administración cada vez se interesa más por proyectos como el de Can 70”, expone el psicólogo de la UOC Lluvi Farré. El investigador considera que son una experiencia que “hace frente al reto demográfico” y plantea “soluciones de gestión y económicas”.“Es la gente espabilándose por sí misma”, zanja el psicólogo.

Uno de los problemas que afectan más a las personas mayores en su etapa final de vida es la soledad. Un estudio de la Fundación de LaCaixa realizado en centros de mayores evidenció en 2021 que un 68% de los encuestados sufren algún tipo de soledad. Por otro lado, según datos del INE, las mayores tasas de suicidio de 2010 a 2023 se dan en personas mayores de 70 años en ambos sexos, pero se dispara sobretodo en los hombres. 58 de cada 100.000 habitantes se suicidan en España después de los 70 años, según el Instituto Nacional de Estadística.

Anna Corrons explica que el proyecto lo inició un grupo de amigas “pensando en que no querían envejecer solas y que tampoco querían que se hiciera negocio con ellas”. Ahora para incorporarse en el proyecto, tras asistir a la sesión introductoria, se hacen entrevistas con el grupo impulsor y se hace un acompañamiento. “Hacemos tres salidas al año durante un fin de semana para conocernos”, explica durante la sesión la portavoz de ‘Can 70’. Tras tres meses, si las nuevas personas interesadas quieren continuar, deben hacer el primer pago para tener voz y voto para seguir definiendo el proyecto.

El límite entre los cuidados comunes y especializados

El Código Civil, la Constitución y la Ley de Dependencia obliga a los hijos e hijas a prestar ayuda de sus padres en situación de necesidad, y esto incluye alimentación, ropa, vivienda y asistencia médica. Aunque se pueden eximir de ello si han sufrido maltratos o abandono durante la infancia. No fue el caso de Corrons, que explica que a toda su generación le ha tocado cuidar a la vez de sus padres y de sus hijos, y considera que “no hace falta continuar con esta tradición”. 

Lluvi Farré, del grupo de investigación ‘CareNet’ de la UOC, explica que el dilema en el interior de estas viviendas está en no trasladar la carga de los cuidados entre los integrantes de la comunidad. Establecer “el límite entre el apoyo mutuo” y “la necesidad de ayuda especializada”. El psicólogo explica que la mayoría de las integrantes de ‘Can 70’ están familiarizadas con los grados que establece la ley de dependencia. En la guía de 2019 establecieron lo que han llamado “una escalera del bienestar” con tres escalones, “cada uno equivale a una fase de autonomía”. En la primera escalera uno vive en su casa. En la segunda escalera vive en su casa pero la persona necesita de apoyo asistencial externo, y en la tercera escalera se necesita un apoyo asistencial continuado.

“Somos conscientes que podemos necesitar mucho dinero para contratar servicios de cuidados”, apunta Anna Corrons durante la charla, y “también somos conscientes de que ahora hay unas listas de espera para acceder a las ayudas de dependencia muy largas”. La portavoz explica que han hecho gestiones con la administración autonómica y tendrán un encuentro con la estatal para saber cómo les llegarán las prestaciones por dependencia en la línea de promover la desinstitucionalización. Elionor Sellés es otra de las integrantes del grupo ‘Can 70’. Durante la sesión a la que tuvo acceso infoLibre explica que la opción que están trabajando es “mancomunar los servicios asistenciales entre quienes compartan el mismo grado de dependencia”. También “mancomunar las ayudas de la dependencia”. La integrante de ‘Can 70’ continúa explicando que la diferencia está en “que si estos servicios se tienen que contratar de forma individual en una casa, salen mucho más caros”. Anna Corrons explica también que esperan que las trabajadoras sociales, las enfermeras o los demás servicios que necesitarán “salgan de la vinculación que tienen con la mesa de salud pública del barrio de Sarrià”. Y Elionor Sellés remarca al final de la sesión que, si han logrado todos estos vínculos con la administración estatal, autonómica, y con el barrio para desarrollar mecanismos de desinstitucionalización “es porque nos hemos movido nosotras”. Eva Ortigosa responde a una de las dudas de las personas que asisten a la sesión en la misma línea. “Esto es un proyecto nuevo que estamos haciendo con el ayuntamiento y que Barcelona tampoco ha hecho nunca”. Y concluye, “a veces cuando entras en un proyecto así buscas certezas sobre cómo va a ser que nadie te puede responder”.