Progresistas y conservadores se unen para rechazar con contundencia el plan de sucesión que dejó diseñado Carlos Lesmes antes de abandonar el barco. En un Pleno extraordinario, convocado para abordar la renovación del Tribunal Constitucional pero convertido en escenario de debate sobre el relevo, la mayoría de vocales ha decidido que sea Rafael Mozo, como miembro de mayor edad, y no el vicepresidente en funciones del Supremo, Francisco Marín, el que se sitúe de forma provisional al frente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La decisión, según las fuentes consultadas por este diario, ha contado con el respaldo de 16 de los integrantes y solo un voto en contra, el del conservador Wenceslao Olea. Además, la vocal progresista Mar Cabrejas se ha ausentado de la sala durante el debate y la votación de este punto concreto.
El hecho de dar la espalda a la vía Lesmes y apostar por la vía Mozo supone que, a partir de ahora, la cúpula judicial funcione, de forma provisional, con dos cabezas: el vocal progresista cogerá las riendas del Poder Judicial mientras que Marín se situará al frente del Alto Tribunal. No es la primera vez que sucede algo parecido. En el verano de 2012, y durante apenas un mes, ya se vivió una bicefalia similar tras la dimisión de Carlos Dívar por la polémica de sus escapadas de fin de semana con cargo al presupuesto del órgano. Entonces, y hasta la llegada de Gonzalo Moliner, Fernando de Rosa pasó a encabezar el órgano de gobierno de los jueces y José Antonio Xiol el Supremo.
El acuerdo, no obstante, deja claro que lo que se está haciendo no es nombrar al próximo presidente del órgano de gobierno de los jueces, sino que se está designando a un "suplente": "En sus acuerdos y comunicaciones, el vocal que ejerza la suplencia de la presidencia del CGPJ empleará la fórmula 'El presidente del CGPJ, p.s., el vocal D. Rafael Mozo Muelas". De ahí que el pacto alcanzado por los dos bloques ponga ciertos límites a quien pasará a situarse al frente del órgano. Así, por ejemplo, las comisiones legales del Poder Judicial "mantendrán su actual composición", con la única excepción de la de Asuntos Económicos, a la que se incorporará el vocal procedente de carrera judicial "de mayor edad" que "no presida otra de las comisiones legales".
Además, todo el personal eventual del órgano "será confirmado en sus actuales puestos de trabajo en caso de que expresase su voluntad de permanecer en ellos". "El presidente por suplencia ejercerá las funciones que le son propias con moderación y voluntad de consenso, y expondrá previamente ante el Pleno las decisiones que proyecte adoptar en materias que no sean de gestión ordinaria para procurar alcanzar el mayor acuerdo posible sobre la decisión final", ha pactado también la mayoría de los vocales. El acuerdo también incluye que Mozo reciba durante el tiempo que desempeñe la suplencia "los honores y atribuciones propias del cargo" y sea auxiliado por los vocales "en la ejecución de la política de comunicación", proponiendo de común acuerdo loas mensajes o notas que deban ser difundidos por la Oficina de Comunicación.
Una suplencia "claramente" definida
El relevo al frente del órgano de gobierno de los jueces ha sido la principal incógnita sobre la mesa tras la dimisión de Lesmes. De hecho, era un asunto que amenazaba con convertirse en el enésimo incendio de un CGPJ en funciones desde hace casi cuatro años. Mientras el recambio al frente del Supremo está perfectamente regulado por ley, eso no ocurre en el caso del Poder Judicial, donde hay hueco para la interpretación. Por eso, antes de la visita a España del comisario europeo de Justicia, Lesmes pidió al Gabinete Técnico del órgano constitucional un informe en el que se examinaran "los mecanismos de sustitución" si finalmente dejaba su cargo.
Aquel documento dejó establecido que debía ser el actual vicepresidente del Supremo en funciones, Francisco Marín, quien cogiera las riendas del órgano, descartando por completo una bicefalia al entender ambas presidencias "como una titularidad conjunta e indisociable". Y, además, que debía hacerlo "de manera automática, sin necesidad de acto o acuerdo alguno", lo que se interpretó como una suerte de dedazo por parte del propio Lesmes.
Una interpretación que, sin embargo, no compartía la mayoría de vocales, tanto del bloque conservador como progresista. Por un lado, lo consideraban un cambio de criterio respecto a lo que el mismo gabinete técnico dijo antes de la pandemia, cuando en un informe en el que se trataba la "sustitución" del presidente en el Pleno del órgano en caso de "ausencia, enfermedad o vacante" resaltó que debía ser el vocal de mayor edad el que cogiera el timón. Y, por otro, rechazaban el automatismo del nombramiento, defendiendo que solo ellos tienen la potestad para designar a un presidente.
Y así lo han dejado claro en el texto del acuerdo que se ha alcanzado en la reunión de este jueves: "Entiende el Pleno que no concurre razón alguna que justifique ni haga comprensible que el régimen de suplencias claramente definido en la sesión de 30 de octubre de 2019 deba, e incluso pueda, ser alterado dado que la concreta circunstancia que motiva la activación del régimen de suplencia (la efectividad del cese del presidente), y la mayor duración de la incidencia que provoca esa circunstancia, no tienen incidencia alguna sobre el efecto que produce que, se insiste, consiste en una mera suplencia". Al fin y al cabo, la reforma reciente reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial limita la capacidad de un CGPJ en funciones de realizar nombramientos discrecionales.
El Constitucional queda en segundo plano
A pesar de ello, el Pleno ha querido manifestar "de forma unánime" el "reconocimiento" a la labor realizada por Lesmes, destacando "su sentido institucional, su vocación de servidor público y su trabajo en aras del correcto funcionamiento del Poder Judicial". "La independencia judicial es la piedra angular de una sociedad democrática regida por el Estado de Derecho, y velar por su respeto es la función primordial de este órgano constitucional. Por ello queremos agradecer a quien ha sido nuestro presidente su entrega en pos de este objetivo", han señalado los vocales en un comunicado, en el que también han querido trasladar a la carrera, Administración y opinión pública que "seguirán actuando con plena normalidad" y han mostrado su confianza de que "la nueva reapertura de diálogo" entre Ejecutivo y oposición "cristalice, lo antes posible, en un acuerdo" para acabar con el bloqueo institucional.
El Pleno de este jueves estaba planteado, inicialmente, para abordar de forma exclusiva la renovación de los dos magistrados del Constitucional que corresponden al órgano de gobierno de los jueces y que, por ley, deberían haber estado designados hace justo un mes. Sin embargo, la dimisión de Lesmes ha terminado por desplazar este asunto a un segundo plano. Sobre esta cuestión, lo único que se ha acordado es que la comisión negociadora "continúe sus trabajos" y que Mozo deje de formar parte de la misma. "No hay fechas fijadas para nuevos encuentros, pero los negociadores fijarán de inmediato un calendario", apuntan desde el Consejo General del Poder Judicial.
Progresistas y conservadores se unen para rechazar con contundencia el plan de sucesión que dejó diseñado Carlos Lesmes antes de abandonar el barco. En un Pleno extraordinario, convocado para abordar la renovación del Tribunal Constitucional pero convertido en escenario de debate sobre el relevo, la mayoría de vocales ha decidido que sea Rafael Mozo, como miembro de mayor edad, y no el vicepresidente en funciones del Supremo, Francisco Marín, el que se sitúe de forma provisional al frente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La decisión, según las fuentes consultadas por este diario, ha contado con el respaldo de 16 de los integrantes y solo un voto en contra, el del conservador Wenceslao Olea. Además, la vocal progresista Mar Cabrejas se ha ausentado de la sala durante el debate y la votación de este punto concreto.