- Este artículo está disponible sólo para los socios y socias de infoLibre, que hacen posible nuestro proyecto. Si eres uno de ellos, gracias. Sabes que puedes regalar una suscripción haciendo click aquí. Si no lo eres y quieres comprometerte, este es el enlace. La información que recibes depende de ti.
La toma en consideración de una proposición de ley del Partido Socialista y Unidas Podemos para limitar las funciones de un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con el mandato caducado sirvió este martes para que las estrategias de Partido Popular, Ciudadanos, Vox y un grupo de vocales del órgano de gobierno de los jueces coincidieran. Todo, en un contexto en el que la renovación del CGPJ sigue bloqueada por la negativa del principal partido de la oposición a cerrar los últimos flecos de un acuerdo que ya estaba prácticamente hecho a finales del pasado julio.
En el frente político, en el debate de la toma en consideración de la proposición de ley presentada por los grupos parlamentarios de los dos partidos que integran el Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, pudieron escuchar cómo la iniciativa cuenta, en principio, con un amplio apoyo para seguir su trámite parlamentario. Una iniciativa con la que sus promotores pretenden meter presión al PP para que se avenga al pacto. Y que viene a acompañar a otra, ahora paralizada en el registro, con la que ambas fuerzas pretenden sortear el bloqueo de los conservadores.
El panorama es muy diferente en el bloque de las tres derechas, que cargaron con fuerza contra la proposición. Desde el PP, su portavoz de Justicia, Luis Santamaría, acusó a los partidos de la coalición de Gobierno de "maniobras antidemocráticas y fascistoides" al auspiciar una proposición "inconstitucional" en el Parlamento que supone "un nuevo ataque a la independencia judicial". "No es más que una provocación, una más, por parte del Gobierno para tener argumentos que justifiquen la modificación de las mayorías que exige la Ley Orgánica del Poder Judicial, a la hora de elegir a los miembros del CGPJ", consideró.
Pese a que se debatía sobre la limitación de un Poder Judicial en funciones, los grupos aprovecharon para exponer todas las diferencias que mantienen en lo que tiene que ver con la renovación del órgano de gobierno de los jueces. "Si se tratara de una cuestión jurídica, la habrían tramitado como un proyecto de ley y así todos conoceríamos la opinión jurídica cualificada del Consejo del Estado y del propio Consejo General del Poder Judicial", se quejó Santamaría. "Ustedes nos acusan de bloquear la renovación del Consejo cuando en esta Cámara no hay ningún grupo parlamentario con los escaños suficientes para hacerlo, pero lo cierto es que son ustedes los que no desean alcanzar ningún pacto", prosiguió antes de cargar contra Unidas Podemos. "Con estos socios, señores del PSOE, son ustedes a la democracia lo que la carcoma a la madera"PSOE, dijo en alusión al partido liderado por Pablo Iglesias. Y reivindicó al PP como formación que pondrá "pie en pared" a una renovación del órgano de gobierno de los jueces que "ponga en peligro" a la democracia.
Mientras el Congreso vivía este debate, Pedro Sánchez y Pablo Casado mantenían una conversación telefónica en la que no hubo un solo avance para desbloquear la renovación del CGPJ. Los 45 minutos durante los que se extendió la charla entre el presidente del Gobierno y el líder del Partido Popular sirvieron para que ambos constataran lo alejados que están. "Pese al nuevo llamamiento del presidente del Gobierno a cumplir íntegramente la letra de la Constitución del 78, la conversación no ha permitido avances y sólo ha servido para comprobar que la posición de bloqueo del Partido Popular sigue siendo la misma", informaron fuentes de la Moncloa.
"Casado le ha vuelto a reiterar a Sánchez sus condiciones para renovar el CGPJ, un acuerdo PP-PSOE sin Podemos y que se refuerce la independencia judicial", reaccionaron desde el principal partido de la oposición.
Horas antes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, lamentó que, con este bloqueo por parte del PP, el cumplimiento de la Constitución quede a merced de "intereses partidistas" y admitió que la actitud de los conservadores le produce "sonrojo". "Hay un plazo razonable que determinan los tribunales europeos, pero se están agotando los plazos de cortesía y no se les va a permitir, la Constitución es la norma de convivencia y hay que respetarla y garantizarla", avisó.
Vox anuncia recurso ante el Constitucional
Por parte de la extrema derecha fijó posición la diputada Macarena Olona, que avanzó que Vox recurrirá ante el Tribunal Constitucional si la proposición es finalmente aprobada.
Olona consideró que con esta "infame ley" se inicia "el doloroso camino de la degradación para convertir al Poder Judicial en un mecanismo de represión y persecución" que comparó con el uso que se hace del mismo en lo que ha denominado la "bioesfera del castro-chavismo" de Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Cuba. "Hoy, el socialcomunismo da un golpe de Estado institucional desde la misma Moncloa, concluyó, según informa Europa Press.
Por su parte, Edmundo Bal, representante de Ciudadanos y antiguo abogado del Estado, considera un "insulto" para la "inteligencia" de los españoles y para la propia Cámara Baja la proposición de ley del PSOE y Unidas Podemos, que ve como una estrategia para "debilitar al Poder Judicial para presionar al PP y para nombrar a su gente en los puestos de dirección del Poder Judicial e influir en sus sentencias". "Quieren hacer lo mismo que han criticado al PP", ha dicho el diputado, quien ha augurado que "los mensajes que en su día mandó Ignacio Cosidó", en referencia al comentario de Whatsapp que envió el exsenador conservador sobre controlar la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo desde atrás, "los mandarán ahora Adriana Lastra, Rafael Simancas y Pablo Echenique".
Frente judicial
Las fuertes críticas vertidas por PP, Vox y Ciudadanos durante la toma en consideración de la proposición de ley han coincidido con la petición por parte de once vocales del CGPJ al presidente Carlos Lesmes para que en el Pleno del próximo jueves, 17 de diciembre, se debatan dos propuestas para reclamar al Congreso que les pida opinión sobre la reforma, alegando que es un asunto que les concierne directamente como representantes del órgano de gobierno de los jueces.
La mayoría de vocales del CGPJ se han mostrado siempre muy críticos con las proposiciones que han venido presentando PSOE y Unidas Podemos como respuesta al bloqueo en el que está inmerso este organismo desde hace dos años, cuando debía haber sido renovado. Ya celebraron un Pleno extraordinario el pasado octubre en el que manifestaron su total oposición a la anterior propuesta que planteaba rebajar las mayorías para la elección de los vocales del turno judicial. Esa proposición quedó congelada, pero ante la confirmación de que el PP no parecía dispuesto al acuerdo, los partidos que integran el Gobierno de coalición registraron una nueva propuesta, esta vez para limitar las competencias del CGPJ cuando su mandato haya caducado. Esta restricción pasa por que no puedan hacer nombramientos discrecionales.
Viendo que los partidos proponentes seguían adelante con su proposición y que su idea es que la tramitación se haga de forma ágil para que la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) entre en vigor en los primeros meses de 2021, los vocales han decidido aprovechar también su último Pleno del año para solicitar a Lesmes la inclusión en el orden del día de dos propuestas. Al hacerlo más de cinco vocales en cada una de ellas, el presidente está obligado a someterlas a debate.
El CGPJ, ajeno a los planes para su reforma, reúne votos conservadores y progresistas para hacer 4 nombramientos
Por un lado, los vocales Wenceslao Olea, Victoria Cinto, José Antonio Ballestero, Juan Martínez Moya, José María Macías y Rafael Fernández Valverde –todos del llamado sector conservador del órgano salvo Cinto, que fue designada a propuesta del PSOE– han registrado un escrito, al que ha tenido acceso infoLibre, en el que proponen que el CGPJ solicite del Congreso que para llevar a cabo la tramitación de la reforma recabe informes del órgano y de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, organismo que dicta directrices sobre la Administración de Justicia en los Estados miembros.
Una de las críticas que suscitó la reforma fue que al ser presentada por los grupos políticos del Congreso que sostienen al Gobierno y no por el Ejecutivo, esto es, vía proposición de ley y no proyecto de ley, se evita tener la obligación de requerir los informes consultivos preceptivos a órganos como, precisamente, el CGPJ. No obstante, los vocales tiran de jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) para afirmar que "cuando una proposición de ley se refiera a los aspectos nucleares del estatuto de los miembros del poder judicial o que afecten al estatuto o las funciones de los miembros del órgano de gobierno del poder judicial, debe tramitarse oyendo a todos los sectores implicados, lo que incluye al propio CGPJ y también a la Comisión de Venecia".
La segunda de las propuestas para llevar al Pleno del órgano de gobierno de los jueces la proposición de ley, mucho más escueta, la firman los vocales Ángeles Carmona, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández, Carmen Llombart, Juan Martínez Moya –que también suscribe la anterior– y Gerardo Martínez Tristán, todos también del sector conservador. Estos vocales sólo plantean que la sesión del jueves "examine" la reforma que acaba de empezar a tramitarse en el Congreso.
- Este artículo está disponible sólo para los socios y socias de infoLibre, que hacen posible nuestro proyecto. Si eres uno de ellos, gracias. Sabes que puedes regalar una suscripción haciendo click aquí. Si no lo eres y quieres comprometerte, este es el enlace. La información que recibes depende de ti.