La decisión del Parlamento Europeo de levantar este martes la inmunidad a Carles Puigdemont, Toni Comín y Cara Ponsatí para que puedan ser reclamados por los tribunales españoles a la justicia belga no cambia la escasa disposición de los jueces de Bruselas a conceder la extradición en aplicación de las normas europeas que ambos países aprobaron para facilitar la entrega de personas acusadas de determinados delitos. Pero sí ha abierto un nuevo y delicado cisma entre los socios de Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, en relación con un asunto del que depende en gran parte la estabilidad de la legislatura. Afecta también a ERC y es muy sensible para la mayoría de los partidos que forman parte del bloque de investidura. Las estrategias y sobre todo los límites del diálogo sobre Cataluña separan a ambas formaciones.
Para entender la importancia de esta discrepancia hay que recordar que en 2019, durante la legislatura fallida en las que los dos partidos no fueron capaces de llegar a un acuerdo de investidura, Pedro Sánchez puso precisamente la cuestión catalana como excusa para no dar entrada a Pablo Iglesias en el Gobierno.
PSOE y UP, declaró entonces el entonces presidente en funciones, tienen “discrepancias muy serias” en asuntos como el conflicto en Cataluña. Unidas Podemos “no solamente está defendiendo el derecho a la autodeterminación” sino que se opuso a la suspensión de la autonomía catalana a través del artículo 155 de la Constitución cuando se consumó la declaración unilateral de independencia en octubre de 2017. Y el PSOE apoyó la medida en defensa de “la soberanía nacional y la integridad territorial”. “Hablan de presos políticos” y el PSOE “defiende que no hay presos políticos, que hay políticos presos que supuestamente han cometido una serie de ilegalidades que ahora mismo están siendo dirimidas en el Supremo”.
Se trata de “diferencias y discrepancias de fondo que harían que un gobierno” de coalición se viese paralizado “por sus propias contradicciones internas”. Si fuese necesario volver a aplicar el 155, se preguntó entonces Sánchez, ¿UP va a apoyar al Gobierno de España “en la aplicación hipotética” de ese artículo?
La respuesta de Iglesias fue inmediata: el líder de Unidas Podemos le trasladó que, si ese era el problema para formar un Gobierno de coalición, estaba dispuesto a asumir “por escrito” el liderazgo de la estrategia del PSOE en asuntos de Estado tan sensibles como Cataluña y la política exterior de España y a no defender la celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña.
Si Iglesias mantuvo este compromiso cuando negoció y suscribió el acuerdo de coalición tras las elecciones de noviembre de 2019, no figura en el documento firmado por PSOE y Unidas Podemos que dio origen al actual Gobiernodocumento. En él solo hay dos referencias a Cataluña: el compromiso de abordar “el conflicto político catalán, impulsando la vía política a través del diálogo, la negociación y el acuerdo entre las partes que permita superar la situación actual” y la decisión de dar cumplimiento a los dictámenes del Constitucional y traspasar “a la Generalitat aquellas competencias pendientes ya reconocidas en el Estatut de Cataluña”.
La incomodidad del PSOE con la decisión de Unidas Podemos de votar en contra de levantar a Puigdemont, Comín y Ponsatí la protección del Parlamento Europeo para hacer posible que la justicia española demande su entrega era este martes evidente. Su portavoz parlamentaria, Adriana Lastra, confesó no entender que sus socios de gobierno hubiesen votado en contra de que “la justicia haga su trabajo”.
Al PSOE, subrayó, “nos parece bien que el Parlamento europeo permita a los tribunales de justicia hacer su trabajo, porque es eso al final un suplicatorio”. En el caso de UP, añadió, “tendrán que ser ellos quien den explicaciones” porque se trata, según ella, de “un mero trámite”.
Unidas Podemos no lo ve así. Su portavoz en el Congreso, Pablo Echenique, replicó a Lastra subrayando que su grupo no entiende que el PSOE sume sus votos a PP y Vox a favor del suplicatorio y sugirió que esa actitud pone en cuestión la credibilidad de la apuesta de Pedro Sánchez por solucionar el conflicto catalán mediante una negociación política.
Echenique negó que votar un suplicatorio, en este caso concreto, fuese un mero trámite, como vendría según él a demostrar que sólo obtuviese el respaldo de algo más de la mitad de los eurodiputados, cuando se trata se votaciones que suelen resolverse prácticamente por unanimidad. En el caso de Puigdemont, votaron a favor 400 miembros del Europarlamento, 248 lo hicieron en contra y 45 se abstuvieron. La votación de Comín y Ponsatí fue de 404 votos a favor, 247 en contra y 42 abstenciones.
En el camino de la votación se ha cruzado la negociación entre los partidos catalanes negociaciónpara la formación de nuevo Govern tras las elecciones del 14F. La marca catalana de Unidas Podemos gasta esta semana sus últimos cartuchos para tratar de empujar a ERC a negociar un Ejecutivo de izquierdas en el que estarían ellos y al que quieren atraer el apoyo del PSC. Votar en contra del suplicatorio es su forma de dar credibilidad a su apuesta por la desjudicialización del conflicto.
Sacar el conflicto de los tribunales
Echenique reconoció la discrepancia en esta materia con el PSOE. Y defendió, al igual que el resto de partidos que facilitaron la investidura de Sánchez, la necesidad de sacar de los tribunales el conflicto y llevarlo al terreno de la negociación política, en concreto al de la Mesa de Diálogo pactada con Esquerra al comienzo de la legislatura.
La posición de Unidas Podemos es particularmente relevante porque en esa mesa, que por culpa de la pandemia sólo se reunió una vez, tiene asiento su líder, Pablo Iglesias, en calidad de vicepresidente del Gobierno, aunque no pudiese acudir a aquella primera cita por enfermedad. Y ERC nunca ha ocultado que espera que la participación de UP en las conversaciones contribuya a inclinar a Sánchez por una solución pactada para que sean los catalanes, en una votación, quienes den solución al conflicto.
No obstante, el apoyo del PSOE al suplicatorio y la celebración que varios miembros del Gobierno y del partido socialista han hecho del resultado de la votación no pareció gustarle nada a Esquerra y así lo hizo saber su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, en una intervención en la que puso en duda el verdadero compromiso con el diálogo de Pedro Sánchez, pero también de Pablo Iglesias.
Los republicanos tratan estos días de sacar adelante un acuerdo de gobierno con Junts y la CUP que no haga descarrilar —como pretenden sus potenciales socios soberanistas— la mesa de diálogo que el año pasado arrancaron en Sánchez a cambio de su investidura y que constituye la piedra angular de la estrategia política “pragmática” que puso en marcha su líder, Oriol Junqueras, tras el fracaso de la declaración de independencia de octubre de 2017. Para Junts la entrega de Puigdemont, por más que sea una decisión judicial, sería la demostración de que el Gobierno no tiene voluntad real de diálogo. Y haría más difícil a Esquerra mantener su apuesta en contra de la confrontación institucional.
Rufián subrayó que ERC sigue siendo “imprescindible” para la gobernabilidad del país y expresó su malestar por la actitud del PSOE declarando en el Congreso, en respuesta a las preguntas de los periodistas: “Si siguen así [celebrando decisiones como la del suplicatorio] lo acabarán celebrando en sus casas y no en Moncloa”. Y añadió un reproche especial a Unidas Podemos que da pistas de lo que Esquerra espera del Gobierno: “Cansa ver que algunos de este Gobierno hagan tuits muy bonitos de denuncia de la situación [de los presos]” pero luego no aprovechen el Boletín Oficial del Estado para actuar, aludiendo a los indultos. “No lo hacen porque no quieren. Y harta. Y tanto va el cántaro a la fuente…”, apostilló sin terminar el refrán.
El malestar de ERC no parece preocupar ni al PSOE ni al Gobierno. Ambos recuerdan que nunca han ocultado su respeto a las decisiones de la justicia y que, por tanto, nunca van a interferir en la posibilidad de que el expresidente sea integrado a España para ser juzgado en el Tribunal Supremo. Por eso la ministra de Hacienda y Portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, negó este martes que las declaraciones de Rufián constituyan una “amenaza”. “No va a afectar para nada” a las relaciones entre el PSOE y ERC, se aventuró a decir, entre otras cosas porque Moncloa está deseando que haya gobierno cuanto antes en Cataluña para retomar las negociaciones de la Mesa de Diálogo, avanzar posturas y “superar el conflicto”.
Ni el suplicatorio ni una eventual entrega a España de Puigdemont, Comín y Ponsatí, subrayó Montero en nombre del Gobierno, van a “alterar para nada ni la vocación de diálogo ni de intentar llegar a acuerdos puntuales con formaciones que no comparten el sentido” de la votación en el Parlamento de Estrasburgo.
Llarena se pone en marcha
Sólo unas horas después de que se conociese el resultado de la votación del Parlamento europeo, el juez del Tribunal Supremo que mantiene abierta la pieza separada sobre los huidos del procés, Pablo Llarena, presentó lo que ya había venido anunciando en las últimas semanas: una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que se pronuncie sobre las razones por las que se puede emitir y, sobre todo, rechazar una orden europea de detención y entrega europea (OEDE), después de que la Justicia belga denegara en enero la entrega del exconseller Lluís Puig alegando que el alto tribunal español carece de competencia para juzgarle.
La cuestión prejudicial se centra en el caso de Puig, pero afecta directamente a la situación del resto de exdirigentes catalanes huidos tras la declaración unilateral de independencia (DUI) del 27 de octubre de 2017 y supone un nuevo frente judicial que va más allá de la causa del procés,procés pues supone dar la batalla en Europa por la credibilidad de la Justicia española, puesta en cuestión por los tribunales belgas que se han negado a entregar al expresidente Carles Puigdemont y sus consellers.
El juez Llarena, que ha dirigido un total de siete preguntas al TJUE, tiene dudas de que las resoluciones dictadas sobre la Justicia belga sean compatibles con el Derecho de la Unión, ya que cuestiona que el juez que debe ejecutar la euroorden (en este caso, los belgas) pueda controlar la competencia del juez que la emite (el Supremo) hasta el punto de denegar la entrega por esa causa, una cuestión capital para poner fin al debate sobre la competencia del Tribunal Supremo en el procés. Para Llarena, está claro que no hay norma comunitaria ni interpretación judicial que permitan a los jueces belgas cuestionar la competencia del Supremo para procesar a Puig, advirtiendo además de que afirmar lo contrario tendría una consecuencia "perniciosa" para el sistema de Derecho de la UE.
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"Mal se confía en el sistema penal y procesal de otro Estado, si lo primero que se pretende por el Estado de ejecución es poner en duda su competencia para emitir un instrumento de cooperación basado, precisamente en la confianza y cooperación recíproca”, afirma el magistrado, que afea que los jueces belgas ya se han aventurado a interpretar el Derecho español demostrando un "profundo desconocimiento" del mismo al concluir que los acusados por el procés deberían ser juzgados por un tribunal catalán y no por el Supremo. Para ahondar más en esta cuestión, ha mencionado errores en el lenguaje usado por el Tribunal de Apelaciones de Bruselas al hablar del "Tribunal Supremo de Cataluña" y "Tribunal Supremo de Madrid", en lugar de Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y Tribunal Supremo.
Llarena reprocha a la Justicia de Bélgica que obviara en sus resoluciones sobre Puig "el intenso debate que se ha planteado en el litigio nacional sobre la competencia del Tribunal Supremo" y considera que, si tenían dudas, "las autoridades de ejecución debieron haber solicitado la información complementaria necesaria" para que "el Estado de emisión hubiera podido defender su propia competencia y aportar los criterios de decisión necesarios a la luz de su normativa interna". Tras ello, recuerda que el Tribunal Constitucional respaldó recientemente la competencia del Supremo, avalando así toda la instrucción.
Sobre las dudas manifestadas por los jueces belgas acerca de la imparcialidad de la Justicia española para juzgar a los acusados del procés, Llarena ha vuelto a reiterar la importancia del principio de confianza mutua para destacar que "cuando los Estados miembros" de la UE "aplican el Derecho de la Unión, pueden estar obligados, en virtud de ese mismo Derecho, a presumir que los demás Estados miembros respetan los Derechos fundamentales".
La decisión del Parlamento Europeo de levantar este martes la inmunidad a Carles Puigdemont, Toni Comín y Cara Ponsatí para que puedan ser reclamados por los tribunales españoles a la justicia belga no cambia la escasa disposición de los jueces de Bruselas a conceder la extradición en aplicación de las normas europeas que ambos países aprobaron para facilitar la entrega de personas acusadas de determinados delitos. Pero sí ha abierto un nuevo y delicado cisma entre los socios de Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, en relación con un asunto del que depende en gran parte la estabilidad de la legislatura. Afecta también a ERC y es muy sensible para la mayoría de los partidos que forman parte del bloque de investidura. Las estrategias y sobre todo los límites del diálogo sobre Cataluña separan a ambas formaciones.