La extrema derecha española no encuentra su hueco. El pacto entre Partido Popular y PSOE para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras cinco años y medio con el mandato caducado ha dejado a la formación de Santiago Abascal fuera de foco, pese a sus críticas: "La traición se ha consumado", llegó a decir el líder de Vox. "Legitiman el golpe de Sánchez y le atrincheran en el poder, que cada vez es más absoluto. Son lo mismo", prosiguió. El apoyo unánime del sector duro del PP y de la derecha mediática al acuerdo ha dejado a Vox fuera de juego, hasta el punto de que Abascal ha tenido que amenazar con romper sus gobiernos autonómicos por el reparto de menores migrantes entre las autonomías para recuperar la iniciativa.
La razón de ser de Vox es forzar a la formación de Alberto Núñez Feijóo a radicalizar sus posiciones. Lo ha sido desde que los electores les situaron en la posición de aliado natural del PP, a partir de las generales de 2019. Pero tras las europeas les ha surgido un competidor en ese flanco, el agitador ultra Alvise Pérez. "Es absolutamente tiránico que la partitocracia se reparta la justicia entre PP y PSOE, o coloque consejeros en Endesa y otras estratégicas como hacen Vox y Podemos", escribió en su canal de la red social Telegram, en el que acumula más de medio millón de seguidores, tras conocerse el acuerdo.
El agitador aprovechaba para cargar también contra la formación de extrema derecha después de que esta misma semana Vox le acusara de mentir por publicar que Abascal tiene un sueldo vitalicio y el partido reparte sobresueldos a su dirección. "Ahora que te has metido en política y que representas a 800.000 personas, deberías dejar de mentir", escribió la cuenta oficial en X. Aunque en un primer momento la estrategia de Vox fue presentar a Alvise como su "aliado", ahora han pasado al ataque conscientes del daño que les podría hacer en las próximas generales. "Es incontrolable", aseguraban esta misma semana fuentes del partido.
Los de Abascal se encuentran así atrapados entre el matonismo sin complejos de Alvise, que en el pasado fue su colaborador, y el papel que quiere jugar ahora Feijóo como "hombre de Estado" al querer también facilitar la renovación de otros órganos como el Banco de España o la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Si la estrategia de Feijóo funciona en el electorado conservador y Alvise también logra consolidar su hueco entre los votantes de la derecha radical, Vox podría pasar a estar en tierra de nadie. Desde la formación aseguran que eso no ocurrirá y que no van a dejar pasar ninguna oportunidad de subrayar las tibiezas con las que, en opinión de sus dirigentes, está abordando Feijóo asuntos como el debate territorial o el Consejo General del Poder Judicial.
Para Vox el futuro pasa por forzar al PP a retratarse. Y hacer creíble la idea de que el único modo de que Feijóo no se escore al "consenso progre" es que la extrema derecha esté fuerte y le obligue a tomar decisiones en las comunidades y ayuntamientos en los que gobiernan conjuntamente. Quieren ejercer un papel de "conciencia crítica" del PP pero sin renunciar a formar parte de sus gobiernos donde quieren seguir dando la "batalla cultural" en materias como la migratoria, la lingüística, la medioambiental y la lucha contra la violencia de género y las políticas LGTBI, entre otras. Por lo que respecta a Alvise, en Vox están decididos a plantarle cara desde todos los frentes posibles.
Vox utiliza (de nuevo) a los menores migrantes para su batalla contra el PP
La migración ha vuelto al centro del debate político por el reparto de migrantes tras la reforma de la Ley de Extranjería que el Gobierno central y el de Canarias, conformado por una coalición entre CC y el PP, acordaron llevar a cabo el pasado mes de abril. La extrema derecha insiste una y otra vez en el mismo falso mantra: se trata de jóvenes peligrosos a los que el Estado trata mejor que "a los de aquí", que tienen más ayudas, más facilidades y más privilegios. El pasado año, durante la crisis migratoria que afectó a las islas Canarias, Vox se opuso al reparto en el resto de la Península y presionó a su socio de gobierno en las autonomías en las que gobiernan conjuntamente para que se negaran a acoger a migrantes, difundiendo mensajes xenófobos alertando de una supuesta "invasión" y acusando, sin ninguna base, de los supuestos riesgos terroristas derivados de la llegada de personas procedentes de África.
El vicepresidente de Castilla y León, el ultra Juan García Gallardo, llegó a difundir a través de redes sociales un vídeo grabado en Medina del Campo —donde se acogió a 250 personas— en nombre del Gobierno presidido por Alfonso Fernández Mañueco (PP) criminalizando a los migrantes dirigiéndose a ellos como "jóvenes varones en edad militar que generan tanta sensación de inseguridad en el pueblo". Este viernes, Abascal volvió a hacer gala de su discurso xenófobo al trasladar su "preocupación por la seguridad de nuestros compatriotas, el funcionamiento de nuestros servicios sociales y sanitarios, de nuestra identidad y la seguridad de las mujeres". Vox defiende así la teoría El Gran Reemplazo, según la cual los blancos católicos están en trance de ser sustituidos, siguiendo un plan deliberado alentado por las "élites globalistas", por árabes, subsaharianos y población de otras etnias.
En esa línea, el líder ultraderechista cargó contra el PP por "haber sido cómplice del PSOE en una votación para regular de golpe a medio millón de personas que han entrado ilegalmente en España" y exigió a los de Feijóo "lealtad" a la hora de cumplir sus pactos autonómicos en materia migratoria: "Si los gobiernos autonómicos no ponen todo lo que esté en su mano para combatir la inmigración ilegal y el efecto llamada, nosotros cumpliremos el compromiso con nuestros votantes y cumpliremos nuestra palabra", afirmó tras convocar de forma extraordinaria al Comité Ejecutivo Nacional de Vox.
Feijóo ignora la amenaza de Vox: "La solidaridad del PP está garantizada"
Feijóo, sin embargo, no le dio credibilidad a la amenaza: "La solidaridad de las comunidades del PP está garantizada", aseguró este viernes tras un acto público. "Estamos cumpliendo con nuestras obligaciones y vamos a seguir poniendo a disposición toda la capacidad instalada en centros de menores para acoger cualquier necesidad y cualquier contingente", añadió.
La formación ultraderechista se opone al reparto de menores migrantes que, por el momento, seguirá siendo una cuestión de voluntad.De hecho, los de Feijóo no han trasladado su posición aunque su líder en Canarias sí ha ratificado el pacto. Fuentes de Génova aseguran que no se oponen al acuerdo, pero subrayan que sus presidentes autonómicos deben "tener voz y voto".
El siguiente paso será mantener un encuentro con las autonomías en la conferencia sectorial la próxima semana. El Gobierno y Canarias pretenden encontrar un pacto político para ver de qué manera puede darse luz verde a la modificación de un texto en el Congreso, que también podría ser sometido a modificaciones en la Cámara. El líder del PP, sin develar de momento sus cartas, pidió al Ejecutivo de Pedro Sánchez "un proyecto viable para solucionar en parte los problemas de Canarias" y les acusó de "improvisación".
Al depender de Vox en cinco autonomías —Aragón, Castilla y León, Comunitat Valenciana, Extremadura y Murcia—, los de Feijóo han asumido como propio en varias ocasiones su discurso anti inmigratorio, como se pudo comprobar en la campaña catalana y en la europea. La madrileña Isabel Díaz Ayuso es la que más ha cuestionado el reparto, como ya sucedió en enero, cuando acusó al Gobierno central de trasladar "con nocturnidad", especialmente a autonomías y ayuntamientos gobernados por el PP, a migrantes procedentes de las Islas Canarias. "Por las noches, especialmente lo hemos visto en esta navidad, han estado enviando a los inmigrantes a distintos puntos de la geografía española, especialmente a localidades, a municipios, y a comunidades donde gobierna el PP y no el PSOE", dijo, vinculando esas supuestas llegadas con la inseguridad como hace Vox. No había pruebas de ello. Y el Gobierno lo negó.
Sin hueco tampoco en Bruselas
Feijóo compensa la imagen moderada del acuerdo sobre el CGPJ con la orden de hacer caer al fiscal general
A la situación en España de Vox se le suma el escaso peso que, finalmente, ha tenido su 'familia' europea en Bruselas. El objetivo de los de Abascal antes del 9 de junio era influir todo lo posible en ese grupo tras trabajarse durante meses sus alianzas con otras fuerzas ultraderechistas de distintos países. Aunque la formación subió en votos y escaños no fue suficiente y las fuerzas tradicionales aguantaron el enviste de la extrema derecha mejor de lo esperado.
Ahora Vox ha visto como su gran aliada, la ministra italiana Giorgia Meloni, se ha quedado sola después de que los dirigentes de los 27 Estados Miembros se sentaran a certificar la renovación de las presidencias de las principales instituciones y los conservadores, liberales y socialistas dejaran fuera a la ultraderecha del reparto. Al final de la cumbre, Meloni escribió en X: "La propuesta formulada por conservadores, socialistas y liberales para los nuevos altos cargos es un error en el método y en el fondo".
El grupo de los ultraderechistas no ha conseguido su objetivo de convertirse en el aliado preferente del PP europeo y tampoco parece probable que Meloni reúna en un solo grupo a todas las formaciones que comparten la tesis de la derecha radical. Así, Vox también vuelve a quedar en tierra de nadie... pero esta vez fuera de nuestras fronteras.
La extrema derecha española no encuentra su hueco. El pacto entre Partido Popular y PSOE para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras cinco años y medio con el mandato caducado ha dejado a la formación de Santiago Abascal fuera de foco, pese a sus críticas: "La traición se ha consumado", llegó a decir el líder de Vox. "Legitiman el golpe de Sánchez y le atrincheran en el poder, que cada vez es más absoluto. Son lo mismo", prosiguió. El apoyo unánime del sector duro del PP y de la derecha mediática al acuerdo ha dejado a Vox fuera de juego, hasta el punto de que Abascal ha tenido que amenazar con romper sus gobiernos autonómicos por el reparto de menores migrantes entre las autonomías para recuperar la iniciativa.