Blindar el correcto uso del idioma o terminar con el lenguaje inclusivo. El primero es el objetivo que, según defiende el PP de Murcia, persigue la moción aprobada esta semana por la Asamblea regional. El segundo es el propósito que introducía el texto, trazado por Vox, en su versión inicial. La oposición advierte del peligro: bajo el pretexto de defender el castellano, la derecha y la ultraderecha buscan revertir los avances que ha sembrado el feminismo a través del lenguaje.
La moción fue debatida el pasado miércoles en el Pleno de la Asamblea de Murcia. A propuesta de la extrema derecha –concretamente de los parlamentarios expulsados por Vox–, el hemiciclo regional debatió una iniciativa que, en su redacción original, planteaba la adopción de medidas "legislativas o reglamentarias, incluso de carácter sancionador o disciplinario" con el fin de "garantizar el conocimiento y correcto uso conforme a la norma gramatical vigente de la lengua española por parte de las administraciones pública" y con la expresa "prohibición del mal llamado lenguaje inclusivo".
La moción se terminó tramitando con una enmienda del Partido Popular que elimina la parte final del enunciado y acota la propuesta al simple "correcto uso" del castellano. Sin embargo, la extrema derecha ya ha empezado a dar pasos hacia una dirección muy clara: la de revertir los avances del movimiento feminista en el uso del lenguaje. La consejera de Educación, María Isabel Campuzano (expulsada de Vox), ya ha señalado que a partir del próximo curso no habrá rastro de lenguaje inclusivo en los libros de texto, por una "cuestión educativa". A su juicio, se trata de una herramienta que "dificulta la comprensión de los alumnos". Este viernes, la consejera afirmó mantener un "fuerte compromiso" con la igualdad, pero insistió en que "se puede llegar a forzar en demasía la introducción de un lenguaje inclusivo en los libros de texto", con la consecuencia de caer en una "inaceptable reducción del nivel comprensivo" por parte del alumnado.
La consejera de Mujer, Igualdad y LGTBI, Isabel Franco, se justifica: con la enmienda introducida por su partido, la moción se "transformó en una invitación al uso adecuado del idioma español, nada más". Franco ha puntualizado que, de hecho, el Gobierno de Murcia está redactando una guía de lenguaje inclusivo que llevará próximamente a la Comisión de Igualdad. Esta guía responde al mandato del Plan de Igualdad 2020, cuyo articulado insta a tomar medidas hacia el "uso no discriminatorio del lenguaje".
María Marín, diputada de Podemos, niega que la guía esté actualmente en proceso de redacción. "No es verdad que se esté desarrollando una guía para incorporar el lenguaje inclusivo a la administración", como afirma la consejera, del mismo modo que "tampoco se está desarrollando el observatorio de igualdad ni el LGTBI". La diputada morada advierte que en la región "todas las políticas de género están absolutamente paralizadas por orden de Vox". Y la cruzada contra el lenguaje inclusivo forma parte de esa misma guerra.
En ese contexto, la parlamentaria afirma que el impulso de la moción proviene de la deuda que mantienen los conservadores con la extrema derecha para mantenerse en el poder. "Vox tiene una obsesión casi enfermiza con todo lo que tiene que ver con el feminismo y esto es un paso más", clama Marín. El lenguaje inclusivo es "signo de progreso" y la ultraderecha "sabe perfectamente que el lenguaje es política".
Coincide Lara Hernández, diputada socialista, quien encaja la moción en un golpe de efecto de la ultraderecha. Aunque cree evidente que los diputados expulsados buscan impacto mediático, entiende que esta pretensión no resta gravedad al asunto. "Esto es un pago que tiene que hacer el Partido Popular por dejar entrar en el Gobierno a la ultraderecha", dice en conversación con este periódico. La iniciativa, sostiene, es "un espectáculo más entre los muchos" a los que acostumbra el grupo de diputados, en busca de "debates mediáticos y propaganda nociva".
El riesgo de la moción, opina la socialista, es evidente: no se trata sólo de una maniobra puramente simbólica, sino que persigue el fin último de "borrar a las mujeres de los libros que estudia" el alumnado. La oposición cree y confía en que "no se llevará a cabo", pero sí reconoce sentir "miedo y vergüenza" ante la tenacidad de la extrema derecha por imponer batallas contra la igualdad.
"No molesta el lenguaje no sexista, molesta el feminismo"
Allá por 2012, el historiador y sociólogo Santos Juliá publicaba un artículo en el diario El País en el que reparaba sobre lo que hoy suena a un desfase histórico. Recordaba cuando las filas del Partido Comunista de España se referían a Dolores Ibárruri como "nuestro secretario general". El sociólogo celebraba que décadas después "ha cambiado el lugar de las mujeres en la sociedad" y ese cambio, enfatizaba el historiador, ha derivado en un lógico "desdoblamiento del genérico".
El artículo es un recurso habitual para Teresa Meana. La activista y filóloga, especialista en lenguaje no sexista, tiende a recuperarlo en sus charlas. Para la feminista, el uso del lenguaje inclusivo es "imparable", pero además su utilización es del todo razonable: "¿Cómo va a aceptar una mujer que le llaman presidente?", se pregunta. La moción de la ultraderecha, defiende en conversación con este diario, revela la "absoluta y total ignorancia de lo que es el lenguaje no sexista", pues su uso se ajusta a "todas las reglas de la gramática" a pesar de la "máquina de misoginia" de la Real Academia Española (RAE).
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Ni el lenguaje ni la gramática tienen "el menor problema" en incorporar dinámicas inclusivas, argumenta la filóloga. "Las críticas nunca se sostienen en argumentos lingüísticos, las objeciones son ideológicas", completa, esencialmente por una razón: "No molesta el lenguaje no sexista, molesta el feminismo". No hay ningún problema con el uso de las palabras asistenta, sirvienta o dependienta, sí las hay con presidenta, cancillera y concejala, razona la activista.
Meana confía en que la batalla contra el lenguaje inclusivo no se lleve a término, principalmente porque sí se ajusta a las leyes gramaticales. Además, la normalización de estas fórmulas ha ganado fuerza en los últimos años. La Policía Nacional cuenta con una guía de lenguaje inclusivo que desaconseja el uso sistemático de términos masculinos, la Academia de las Artes Escénicas ha desarrollado una propuesta para fomentar el lenguaje inclusivo y las propias Naciones Unidas recomiendan su uso. Cada vez más instituciones blindan su apuesta por el lenguaje no sexista. La Ley de Igualdad de 2007 llama a "la implantación de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su fomento en la totalidad de las relaciones sociales, culturales y artísticas".
Pero la reacción ha llegado de la mano de la ultraderecha. En Madrid, el Ayuntamiento desarrolla ordenanzas y reglamentos que dan por válido el masculino como genérico universal y en Majadahonda se ha aprobado desterrar el lenguaje inclusivo de los documentos oficiales. En la Comunidad de Madrid, la derecha y la ultraderecha también han acordado pedir "sencillez, claridad e inteligibilidad" en el lenguaje administrativo, evitando "desdoblamiento y perífrasis innecesarias". La proposición no de ley salió adelante y el partido de extrema derecha lo celebró como una victoria que aplaca el uso del lenguaje inclusivo. La misma propuesta prosperó este septiembre en Aragón. En mayo, Andalucía también dio luz verde a una moción que llevaba el sello de Vox, en la que se insta a la Junta a "impulsar la supervisión de los libros de texto y los materiales complementarios con el objeto de eliminar el llamado lenguaje inclusivo, que suponga desdoblamiento de términos masculinos y femeninos, de todos los libros de texto oficiales". Es en Murcia, no obstante, donde los de Santiago Abascal podrían tener mayor margen de maniobra gracias a su control de consejerías clave. Ocurrió con el veto parental y la intención de la extrema derecha parece ser la de ganar el pulso al feminismo con una nueva batalla, esta vez contra el lenguaje inclusivo.
Blindar el correcto uso del idioma o terminar con el lenguaje inclusivo. El primero es el objetivo que, según defiende el PP de Murcia, persigue la moción aprobada esta semana por la Asamblea regional. El segundo es el propósito que introducía el texto, trazado por Vox, en su versión inicial. La oposición advierte del peligro: bajo el pretexto de defender el castellano, la derecha y la ultraderecha buscan revertir los avances que ha sembrado el feminismo a través del lenguaje.