Vox no solo quiere pegar un tajo de enormes dimensiones al sistema fiscal español, que probablemente implicaría recortes en los servicios públicos para poder paliar la bajada de la recaudación. El partido ultraderechista también apuesta por reducir muy sensiblemente la administración local, y su propuesta –aseguran– pasa por eliminar "un número aproximado de 81.934 cargos políticos" fusionando municipios y eliminando "organismos públicos locales, asesores y personal de confianza". No obstante, la propuesta se apoya en vaguedades y datos falsos: Vox no ofrece ningún criterio para esta fusión de localidades, y tampoco explica cuánto sería el ahorro total, habida cuenta de que solo el 17% de todos los concejales de España tienen un sueldo por encima del salario mínimo interprofesional anual.
La ultraderecha incluye el adelgazamiento de la administración local como una de sus medidas prioritarias, y argumenta que su dimensión actual es una "carga" insostenible para las arcas públicas. "Los políticos de los partidos que están en el poder quieren seguir en el poder. Los políticos de los partidos que no están en el poder, quieren sustituir a los que están en el poder. Los políticos de Vox, no. Los políticos de Vox quieren librar a los españoles de esa tremenda carga que supone tener que mantener a miles de políticos innecesarios, con todos los gastos que ello conlleva", asegura la formación en su web.
Esta reducción de la administración implicaría la puesta en marcha de dos medidas muy simbólicas: la eliminación del Senado y la de las comunidades autónomas, lo que implicaría acabar con los 266 puestos de senador y con "17 cámaras de representación, con 1.268 políticos autonómicos, más 12.800 cargos ejecutivos de libre designación, cargos en organismos públicos autonómicos, asesores y personal de confianza", apunta Vox. No obstante, el tajo más importante es el que plantea la ultraderecha en los ayuntamientos, donde apuesta por la "reducción del 50% de los alcaldes y concejales existentes". Esta propuesta, según las cifras que ofrece el partido, "afectaría a 34.000 políticos municipales y a más de 33.600 cargos en organismos públicos locales, asesores y personal de confianza".
El problema es que el planteamiento de Vox incluye varias lagunas e inconcreciones, y también algunas mentiras manifiestas. Para empezar, el partido no detalla el criterio que debe seguirse para acabar con la mitad de los alcaldes y concejales que ahora mismo se eligen en España, para lo cual habría que reducir los 8.124 municipios que existen actualmente a 4.062. Como Vox asegura que "por supuesto, no desaparecerán los pueblos cuyas alcaldías" queden eliminadas, se entiende que la formación plantea fusionar municipios para así reducir el número de ayuntamientos. No obstante, ni la propuesta ofrece más detalles al respecto ni Vox ha querido responder a las preguntas de infoLibre sobre cómo se elegiría qué municipios fusionar y bajo qué baremos.
Pero incluso sin conocer los detalles de la propuesta de Vox, los precedentes parecen pronosticar que la medida tiene poco recorrido, al menos si no se obligase a las localidades a desaparecer. En 2013, y con la intención de reducir costes para las arcas públicas, la reforma local que aprobó el Gobierno del PP incluía "incentivos" para fomentar las fusiones –aunque sin forzarlas–, ofreciendo a los municipios fusionados "preferencia" durante los cinco primeros años en la asignación de planes de cooperación local, subvenciones o convenios y liberándoles de la obligación "de prestar nuevos servicios mínimos". Sin embargo, la reforma fue un fracaso: el número de municipios no solo no ha disminuido, sino que desde 2013 se han creado 11 nuevas localidades hasta llegar a las 8.124.
Solo el 17,3% de los ediles de España cobran más del salario mínimo
En cualquier caso, incluso con el aumento del número de ayuntamientos en los últimos cinco años, la administración local sigue sin ser ese sumidero de dinero público "para mantener a miles de políticos, a sus enchufados, sus amigos y familiares" y su gasto "en viajes, dietas, coches oficiales, edificios oficiales, y un larguísimo etcétera" del que habla Vox. El partido ultraderechista apunta a dos objetivos: los cargos públicos –en este caso, los concejales y alcaldes– y los puestos de confianza que de ellos dependen. Pero no ofrece detalles sobre la cantidad que se ahorraría si se redujera el número tanto de unos como de otros a la mitad.
El supuesto despilfarro que existe en los cargos públicos de la administración local no es tal. En España, según los datos relativos a las últimas elecciones municipales de 2015, hay un total de 67.506 ediles electos, incluyendo en ese conteo a los alcaldes. De ese número, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública tiene datos sobre la retribución de 56.805, el 84,1% del total (aunque entre esos concejales no están incluidos los de consistorios como Barcelona, Granada o Getafe). Y, de entre ellos, el 31,1% –un total de 17.687 representantes– no cobró ni un solo céntimo en 2018 por ejercer como concejal de su municipio.
De hecho, los datos oficiales demuestran que los concejales y alcaldes que tienen retribuciones que, por su cuantía, pueden considerarse salarios, son una exigua minoría: la mayor parte de los ediles o bien no cobran retribuciones, o bien éstas son meramente simbólicas o únicamente les sirven para sufragar gastos puntuales de su gestión. En este sentido, los datos del Ministerio de Política Territorial reflejan que solo el 17,3% de los munícipes cobraron en 2018 más de 12.600 euros anuales, una cantidad que equivale a 900 euros en 14 pagas, exactamente el salario mínimo que acaba de entrar en vigor para este año.
Eso significa que el 82,7% de los concejales y alcaldes o bien no cobró nada por realizar su labor, o bien tuvo ingresos anuales por debajo del salario mínimo interprofesional. Al 31,1% que no ingresó ni un solo céntimo por ser edil en 2018 se suma otro 24% que únicamente recibió entre uno y 1.000 euros en todo el año de las arcas públicas. El 16,7% de los ediles, por su parte, ingresaron entre 1.000 y 5.000 euros anuales por desarrollar su función en 2018. Y un 10,9% recibió retribuciones por valor de entre 5.000 y 12.600 euros (el salario mínimo interprofesional) el año pasado.
Vox infla el número de asesores en la administración local
Por tanto, los cargos públicos locales no suponen ese despilfarro del que habla Vox. Pero, ¿y sus asesores y cargos de confianza? En este caso, el gasto que se produce en ellos es más complicado de medir, porque no existe ninguna estadística que recoja cuántos cargos de confianza y libre designación –lo que la ultraderecha denomina "enchufados"– existen en los ayuntamientos ni cuánto cobran. Vox asegura que reducir a la mitad el número de estos puestos en la administración local afectaría a "más de 33.600 cargos", lo que implica que tendría que haber en torno a 67.200 puestos de "asesores", "personal de confianza" y que se desempeñan en "organismos públicos locales".
Pero este diario no ha podido contrastar la cifra que ofrece Vox con ningún organismo. La estadística más parecida a la que utiliza el partido ultraderechista para justificar su propuesta también procede del Ministerio de Política Territorial, concretamente del Boletín estadístico de personal al servicio de las Administraciones Públicas. Según el informe de julio de 2018 –el último disponible–, la administración local tiene trabajando para sí a un total de 60.708 personas que no son ni funcionarios ni personal laboral.
No obstante, ¿significa eso que hay más de 60.000 cargos a dedo? Ni mucho menos. El propio informe señala que en esta categoría se incluye el "personal eventual" –que es el que, precisamente, "realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial"–, pero también el "personal funcionario interino", el "personal funcionario de plazas no escalafonadas" y "otro personal" no encuadrado en ninguna de las categorías anteriores.
Consultado por infoLibre, el Ministerio asegura que este es el mayor nivel de desglose del que dispone la estadística, de manera que es imposible saber exactamente cuántos cargos de confianza hay trabajando ahora mismo en la administración local. Lo que es seguro es que son menos de los 67.200 de los que habla Vox, habida cuenta de que los datos oficiales reflejan que la cifra real es una fracción de los 60.708 trabajadores que se encuadran en la categoría de "otro personal". En 2013, el sindicato de funcionarios CSIF estimó que el número de empleados a dedo era de entre 19.000 y 20.000, teniendo en cuenta todas las administraciones y no solo la local.
La fusión de municipios enfrenta a las derechas
La reducción del gasto en la administración local es un asunto que lleva años planeando sobre el panorama político español, y entre las medidas propuestas, la de fusionar municipios que ahora promueve Vox es una de las que genera más debate. UPyD fue el primer partido en defenderla abiertamente, y posteriormente Ciudadanos ha incluido en todos sus programas electorales –tanto para las municipales de 2015 como para las generales de diciembre de 2015 y junio de 2016– la necesidad de promover "la fusión voluntaria de municipios" para "ahorrarle dinero a los vecinos y ofrecerles mejores servicios". "La existencia de más de 8.000 municipios en España está muy por encima de la media en Europa", argumenta la formación naranja.
No obstante, el PP se ha mostrado contrario, pese a que fue el Gobierno de Mariano Rajoy el que aprobó una reforma local que trataba de incentivar las fusiones. A sólo un mes de las elecciones generales de diciembre de 2015, los conservadores pusieron en marcha Mi pueblo no se cierra, una campaña para "reivindicar la supervivencia de los pueblos del país" frente a los que "quieren acabar con los pequeños ayuntamientos" y "plantean la desaparición de 7.000 municipios", en palabras del entonces vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez-Maíllo. Durante la presentación de la iniciativa, el dirigente conservador señaló que los españoles que residen en el mundo rural "tienen los mismos derechos que quienes residen en las ciudades".
VOX NO RESPONDE
infoLibre se puso en contacto en varias ocasiones con el equipo de comunicación de Vox para preguntar más detalles sobre su propuesta para reducir el gasto en la administración local, así como para conocer la fuente de los datos utilizados para sostenerla. No obstante, la formación declinó responder a las tres cuestiones planteadas, que son las siguientes:
Vox presentará una demanda para ilegalizar a Arran y otros colectivos antifascistas
1. ¿Qué criterios se seguirían a la hora de reducir en un 50% el número de alcaldes y concejales?
2. ¿Cuál es la fuente donde se refleja que en la administración local hay (como se plantea en la propuesta) 67.200 cargos de confianza, asesores y trabajadores de organismos públicos locales?
3. La propuesta, según Vox, "supone eliminar un número aproximado de 81.934 cargos políticos". De todos esos cargos políticos: ¿cuántos reciben remuneración actualmente?
Vox no solo quiere pegar un tajo de enormes dimensiones al sistema fiscal español, que probablemente implicaría recortes en los servicios públicos para poder paliar la bajada de la recaudación. El partido ultraderechista también apuesta por reducir muy sensiblemente la administración local, y su propuesta –aseguran– pasa por eliminar "un número aproximado de 81.934 cargos políticos" fusionando municipios y eliminando "organismos públicos locales, asesores y personal de confianza". No obstante, la propuesta se apoya en vaguedades y datos falsos: Vox no ofrece ningún criterio para esta fusión de localidades, y tampoco explica cuánto sería el ahorro total, habida cuenta de que solo el 17% de todos los concejales de España tienen un sueldo por encima del salario mínimo interprofesional anual.