Piden un "plan de prevención que permita dar a conocer el drama del aborto". Una estrategia, dicen, que incluiría "apoyo emocional, laboral, educativo, médico y económico para promover la continuación del embarazo". También aspiran a "formar a los profesionales que están en contacto con las mujeres embarazadas en situación de riesgo de aborto voluntario" con el objetivo de ofrecerles "una alternativa a este drama personal y social que supone cada aborto". A su vez, señalan, se implementarán medidas para "garantizar la calidad de la asistencia en todos los abortorios públicos y privados", para que los centros cumplan con "la legislación vigente, evitando de esta forma cualquier práctica irregular". Todos los entrecomillados pertenecen a Vox. Concretamente al punto quince de la moción debatida y votada este jueves en el Parlamento de Andalucía.
La formación se ha quedado sola en sus planteamientos: el epígrafe relativo al aborto ha sido rechazado por 70 votos en contra (PSOE, Ciudadanos y Adelante Andalucía), 12 a favor (Vox) y 26 abstenciones (PP). El resto de la moción, que contempla cuestiones como la elaboración de una ley andaluza de protección a la familia, ha sido aprobado con el apoyo de Ciudadanos y PP.
El parlamentario de Vox Manuel Gavira presentó la propuesta como "un asunto ajeno a cualquier ideología". Además de la ley andaluza de familias, reclamó un plan para fomentar la independencia de "los jóvenes en edad temprana para que tengan familias antes y nazcan niños antes". También aprovechó su intervención para pedir ayudas dirigidas a las familias numerosas: "Cuanto mayor sea la ayuda para las familias, más fácil les pondremos la posibilidad de que nazcan españoles". Vox quiere "fomentar la natalidad" a través de un plan autonómico que ofrezca "apoyo a esas valientes mujeres que deciden seguir adelante con el embarazo".
"Aquí hay mucho fariseo suelto. A los señores de PSOE y Adelante Andalucía no les interesa la familia, la natalidad, las ayudas a la familia, el reto demográfico, la España vaciada, los abuelos... Lo suyo es una gran mentira", remató el diputado. Tanto el PP como Ciudadanos presentaron enmiendas para modificar determinados aspectos de la propuesta y todas fueron aceptadas, excepto aquellas relativas al polémico punto quince. La enmienda del PP pedía trabajar en medidas de "educación sexual y reproductiva para evitar el drama que supone un aborto" y cambiaba el término de "abortorios" por "centros donde se practican interrupciones del embarazo". En cuanto a Ciudadanos, el partido naranja pedía garantizar "el respeto a la legislación vigente", que reconoce "el derecho a interrumpir el embarazo dentro de las primeras catorce semanas de gestación", además de fomentar "una adecuada educación afectivo sexual".
A mediados de septiembre, el diputado de Vox Francisco Serrano ya apuntaba a la legalización del aborto como uno de los factores decisivos en el "hundimiento de la natalidad". La interrupción voluntaria del embarazo, decía, se suma a la "crisis" de la familia, la concepción del amor y la ideología de género. En julio, la marca ya registró una proposición no de ley en el Parlamento andaluz con el propósito de ofrecer ayudas de 250 euros a embarazadas menores de 30 años y vulnerables, siempre con el fin último de lastrar el derecho al aborto.
No es el único movimiento que los de Santiago Abascal han avanzado, respecto al aborto, en parlamentos autonómicos. Este jueves, Rocío Monasterio, líder de Vox en la Comunidad de Madrid, abordó el debate sobre el aborto en el Pleno de la Asamblea, después de haber planteado ya una pregunta sobre interrupciones voluntarias del embarazo a principios de mes. Aunque el debate partió de una interpelación formulada por Podemos, sus raíces habían empezado a germinar desde la entrada misma de la ultraderecha en las instituciones.
Monasterio centró todos sus esfuerzos en hablar del aborto como "condenas a muerte". "Estamos hablando de vidas, no de fríos números, de estadísticas", insistió, "de madres que se presentan en la puerta de muchos lugares a pedir ayuda, que han sido víctimas de trata muchas veces, de adolescentes que en su casa les están presionando para que acaben con esa vida". Monasterio aprovechó, además, para criticar un sistema sanitario público que en su opinión "favorece que un centro privado le resuelva el problema, no sabemos cómo, impulsándole a apostar por la muerte y no por la vida".
La presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, replicó en una línea no muy alejada de su interlocutora. "Para mí, el aborto es un fracaso, porque el embarazo no deseado se puede evitar", argumentó. "He conocido a muchas mujeres que se han arrepentido de abortar, porque ese hijo no va a volver. Sin embargo, no conozco a ninguna mujer que se arrepienta de su hijo", afirmó no sin antes tratar de garantizar "la libertad para decidir en un sentido o en el otro".
A principios de octubre, el grupo parlamentario de Vox en Aragón registró varias preguntas sobre las subvenciones o ayudas que reciben las mujeres embarazadas y respecto a la información que reciben aquellas que se "estén cuestionando" la interrupción voluntaria de su embarazo. De nuevo, la ultraderecha institucional centraba su estrategia en apelar a las ayudas dirigidas a mujeres gestantes, al tiempo que rechazaba el derecho a abortar entre aquellas que no quieren continuar con su embarazo.
Ataques a clínicas
Mientras Vox avanza en su objetivo de introducir un debate ampliamente superado, las clínicas que ofrecen servicios de interrupción voluntaria del embarazo se ven sometidas a constantes ataques.
A finales de septiembre, más de seis decenas de organizaciones se unieron en Madrid contra el acoso de los grupos antiabortistas. Según los "cálculos conservadores" efectuados por las plataformas, se producen aproximadamente "cien acciones de acoso al año", de manera que desde el año 2010 "más de 8.000 mujeres han sido víctimas".
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El acoso no se produce de forma discreta y espontánea, sino que parte de planes minuciosamente trazados, habitualmente gestados entre grupos ultracatólicos que dicen defender la vida mediante una interpelación directa a mujeres y trabajadores de los centros.
La clínica Dator, en Madrid, es uno de los focos tradicionales para los atacantes. Uno de los últimos episodios frente a sus instalaciones se producía hace menos de un mes. Sus inmediaciones amanecían con pintadas – "sí a la vida" o "no lo hagáis"– y las mujeres que acudían al centro tuvieron que soportar intercepciones a las puertas y folletos con información falsa. Dator forma parte de un listado mucho más amplio. Tal y como informan desde las plataformas que tratan de responder a los ataques, otras clínicas como Isadora o El Bosque, ambas madrileñas, también soportan habitualmente las mismas acciones. "A otros niveles siguen los mismos hostigamientos semanales en clínicas de Madrid, Albacete, Algeciras, Córdoba o Málaga", mientras que "en Murcia suelen ser mensuales".
Este mismo martes, la ciudad de Córdoba amaneció repleta de carteles contra el aborto firmados por Falange Española bajo el lema "100.000 al año gobierne quien gobierne". Ya en octubre, grupos ultra salieron a las calles cordobesas para entregar a las mujeres pines con la forma de dos pies, acompañados por el siguiente texto: "Pies preciosos. Símbolo internacional de pro-vida. Estos pies son idénticos a los de un niño no nacido de diez semanas de gestación. Cuando alguien te vea el pin de los pies preciosos, tú tienes la oportunidad de compartir la humanidad de un no nacido. A las diez semanas, un niño no nacido está perfectamente formado de la cabeza a los pies. Los no nacidos no pueden hablar por sí mismos. Tú hablas por ellos cuando usas sus pies preciosos".
Piden un "plan de prevención que permita dar a conocer el drama del aborto". Una estrategia, dicen, que incluiría "apoyo emocional, laboral, educativo, médico y económico para promover la continuación del embarazo". También aspiran a "formar a los profesionales que están en contacto con las mujeres embarazadas en situación de riesgo de aborto voluntario" con el objetivo de ofrecerles "una alternativa a este drama personal y social que supone cada aborto". A su vez, señalan, se implementarán medidas para "garantizar la calidad de la asistencia en todos los abortorios públicos y privados", para que los centros cumplan con "la legislación vigente, evitando de esta forma cualquier práctica irregular". Todos los entrecomillados pertenecen a Vox. Concretamente al punto quince de la moción debatida y votada este jueves en el Parlamento de Andalucía.