Las aulas fueron de los primeros espacios en echar el cierre allá por marzo, como una de las principales respuestas a la pandemia que ya circulaba por todo el país. Después llegó el teletrabajo. Y con el paso de los meses, una realidad se fue haciendo evidente: no existen medidas para la conciliación. La pandemia dejó al desnudo el modelo de cuidados y expresó la necesidad de reforzar la igualdad en todas las esferas. La imagen resultante emergió de forma nítida y adquirió el rostro de unos padres –habitualmente madres, que asumen el 70% de las tareas de cuidado– haciendo malabares para cuidar y trabajar sin apenas herramientas para conciliar.
Durante los meses más duros de la pandemia el mensaje fue claro: es necesario un plan específico para facilitar la conciliación. Se trataba entonces de visibilizar un problema estructural, las trabas a la conciliación, alimentado por otro coyuntural, la pandemia de coronavirus. Meses después, con septiembre a la vuelta de la esquina, las familias miran al nuevo curso escolar con inquietud. Los colegios son, a día de hoy, la principal herramienta para la conciliación y eso en un contexto de pandemia tiene evidentes limitaciones.
La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, escribía el pasado domingo en redes sociales que "durante estas semanas, las comunidades autónomas, en diálogo constante con el Ministerio de Educación" están realizando "un incesante trabajo para diseñar una vuelta segura a las aulas. Los centros han preparado planes siguiendo las recomendaciones sanitarias porque la escuela es insustituible". Sobre la presencialidad de las clases se manifestaba este viernes la ministra de Igualdad, Irene Montero, quien reconocía que si bien lo ideal apunta a una vuelta presencial, lo cierto es que la educación y los abuelos no pueden ser los únicos pilares de la conciliación en ausencia de políticas públicas al respecto.
Nuevo curso escolar, mismos miedos
"La conciliación es una asignatura pendiente de este Gobierno, del anterior y del anterior". Las palabras pertenecen a Leticia Cardenal, presidenta de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA). Expresa, al otro lado del teléfono, su percepción respecto a una situación que "se agravó con la suspensión de las clases presenciales" y que mantiene ahora importantes interrogantes. "Hay mucha incertidumbre, las familias nos enfrentamos a la vuelta al cole en dos semanas y no tenemos claro cómo va a ser, qué protocolos se van a seguir, no hay ningún criterio común marcado". La representante de los padres y madres reclama "un plan de conciliación nacional que dé respuesta a las necesidades de las familias".
Esos miedos los detalla Laura Baena, presidenta del Club de Malasmadres, en su artículo Por una vuelta al colegio segura y presencial: "Las madres se dividen entre las que no quieren llevar a sus hijos e hijas al colegio porque no consideran que haya un protocolo que garantice la salud de sus pequeños. Y las madres y familias que sí que los llevarán, entre otras cosas, porque no tienen más opción si quieren mantener su puesto de trabajo y conseguir conciliar, en un país que hace tiempo demostró que si quieres conciliar, renuncias o malvives". En comunidades como la madrileña o la murciana ya se ha anunciado el paso a la semipresencialidad. Y fuera de las fronteras, Alemania ha decretado el cierre de algunos centros por casos de contagio tras la vuelta escalonada a las aulas.
"La sensación que tenemos es de frustración e indignación, hemos estado desde mayo pidiendo medidas urgentes para afrontar la crisis, pero no se ha dedicado el tiempo, ni el interés, ni la preocupación suficiente a un tema que tenía que haber sido organizado". Son las primeras palabras de Laura Baena en conversación con este diario. La reunión fijada para el próximo 27 de agosto entre los ministerios de Sanidad y Educación con las comunidades "tendría que haber sido mucho antes". El tiempo apremia y "lo peor es que todo esto ya lo hemos vivido", clama la activista.
Para Baena, es evidente que no se han estudiado los "recursos necesarios para conciliar en un país en el que no hay estructura y donde los pilares de la conciliación son los colegios y los abuelos". No porque las familias quieran, matiza, sino porque no tienen más opción. "No se puede anunciar semipresencialidad sin medidas de conciliación" y sin un plan de vuelta tejido con todas las partes. Porque esa es otra de las grandes quejas de las familias: "Las decisiones se están tomando sin escuchar". Los grandes damnificados, remarca Baena, son de nuevo los niños, las niñas y las familias. "Las únicas opciones que nos dan son tirar de abuelos, que son grupos de riesgo, dejar a los niños solos o renunciar al empleo".
Carmen Flores, presidenta de la Federación de Asociaciones de Madres Solteras (Fams), admite echar en falta un análisis riguroso sobre las necesidades de la infancia y la realidad de las familias, en toda su diversidad. "Nos ha pillado el toro, vamos a ver los mismos problemas que en marzo, no ha habido una previsión lógica y organizada en el tiempo", lamenta.
La vuelta a las aulas preocupa pero hablar de conciliación es también hablar de trabajo. "Hay empleos donde no se puede teletrabajar", así que un cierre de los colegios obliga a reflexionar sobre "qué hacemos con los menores en casa sin tener recursos de cuidado y sin disponer de los abuelos o de redes informales". Pero los problemas también afloran con el teletrabajo. "Conciliar no es estar trabajando con los niños en casa", clama Flores, quien subraya que el trabajo a distancia, en sí mismo, no debe conjugarse como medida exclusiva para la conciliación. La realidad, no obstante, es que "si no existe el teletrabajo también estamos en la cuerda floja".
Teletrabajo, adaptación de la jornada y ayudas económicas
En el mes de junio, la ministra de Igualdad, Irene Montero, comparecía en la Comisión de Reconstrucción del Congreso para anunciar un pacto estatal por los cuidados a lo largo de la legislatura. Hablaba también de conciliación y trazaba una ley de tiempo corresponsable en coordinación con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Su objetivo, afirmaba, "ha de ser garantizar el derecho a la conciliación precisamente para garantizar el derecho al trabajo en condiciones de igualdad".
El reto de la conciliación ha estado bien presente, como elemento transversal, durante la pandemia. Fuentes del departamento de Yolanda Díaz recalcan en ese sentido el Plan Mecuida, recogido en el Real Decreto Ley 8/2020, del 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del covid-19. De acuerdo al artículo seis, los trabajadores por cuenta ajena que "acrediten deberes de cuidado respecto del cónyuge o pareja de hecho, así como respecto de los familiares por consanguinidad hasta el segundo grado de la persona trabajadora, tendrán derecho a acceder a la adaptación de su jornada y/o a la reducción de la misma (...) cuando concurran circunstancias excepcionales relacionadas con las actuaciones necesarias para evitar la transmisión comunitaria del covid-19".
Las mismas fuentes recalcan que el plan sirve para "garantizar por primera vez como derecho la adaptación o la reducción de la jornada laboral para los trabajadores con personas dependientes a cargo".
La otra vía en la que trabaja el ministerio de Yolanda Díaz es la regulación del teletrabajo, mediante el impulso de un anteproyecto de ley actualmente en fase de negociación y sin nuevas reuniones convocadas por el momento. El último avance en el anteproyecto tiene que ver, precisamente, con desligar el teletrabajo de la conciliación, un extremo solicitado por los propios sindicatos. La idea es que el trabajo a distancia "sea utilizado de manera positiva para todos sin que sea una herramienta específica para que las mujeres se queden en casa cuidando", señalan las fuentes consultadas.
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Elena Blasco Martín, secretaria confederal de Mujeres e Igualdad de Comisiones Obreras, insiste en este fenómeno. "El teletrabajo no es conciliación, mucho menos el teletrabajo de emergencia que se ha habilitado durante estos meses de pandemia y que ha mostrado sus limitaciones y lagunas con el alargamiento de las jornadas, la falta de desconexión digital y los problemas de adaptación de los puestos de trabajo", señala a preguntas de este diario. El sindicato apuesta en ese sentido por un tipo de teletrabajo regulado desde el diálogo social y acordado en el marco de la negociación colectiva, reforzado por "medidas de corresponsabilidad en el seno familiar, social y con el Estado", siempre apoyado en "planes de igualdad y salud laboral, voluntario, reversible, equilibrado en sexo-género y fundamentalmente con perspectiva de género".
Blasco Martín habla también de "asignatura pendiente" cuando apela a la conciliación y lamenta que "poco se ha hecho durante estos meses para mejorar la situación". Ante la "falta de servicios públicos y privados que faciliten la conciliación", reflexiona, es preciso "potenciar la adaptación de la jornada laboral en las empresas". Aunque la adaptación de la jornada está contemplada, no es de obligado cumplimiento y por eso Comisiones Obreras habla de "subvenciones a las empresas que la favorezcan". Finalmente, la sindicalista insiste en que "urge abordar un plan de ayudas económicas que contribuya a completar las medidas excepcionales para garantizar la necesaria conciliación corresponsable".
Algunas de las propuestas sobre la mesa las solicitaba Laura Baena en mayo. Entonces, su organización reclamaba "teletrabajo por imperativo legal, no sólo cuando el colegio sea semipresencial, sino cuando haya un posible contagio", además de la "reducción de jornada sin pérdida salarial". La adaptación de la jornada, coincide, tampoco puede quedar a merced de la voluntad del empresario y el trabajador. Finalmente, Baena cree necesarias "ayudas retributivas para que las familias que deben trabajar puedan contratar a cuidadores". Baena agradece el discurso de los representantes políticos, pero recuerda que de poco sirve si viene de forma aislada: "Su responsabilidad no es solo tener un discurso, es ponerse a trabajar".