El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza aprobó este viernes instar al Congreso de los Diputados a que modifique la Ley de Haciendas Locales que consagra la excepción del pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a los edificios que son propiedad de confesiones religiosas.
La moción fue una propuesta de Chunta Aragonesista (dos concejales) que proponía que se cobrara este impuesto a todos los edificios que son propiedad de la Iglesia estén o no destinados al culto. La propuesta contó con el apoyo de Zaragoza en Común (9 ediles), el PSOE (6 concejales), Ciudadanos (4) y el voto en contra del PP (10).
En la moción, Chunta Aragonesista también proponía la elaboración, en el plazo de dos meses, de un censo con los bienes inmuebles urbanos registrados a nombre de la Iglesia católica, sus entidades, sus fundaciones y asociaciones "con el fin de valorar" la cantidad económica exacta a la que asciende dicha exención. La formación cuantifica en más dos millones de euros la cantidad que el Ayuntamiento deja de percibir cada año por estas exenciones.
Además, según Chunta Aragonesista, en Zaragoza hay cerca de ochenta centros de enseñanza concertada que, como establece la Ley de Haciendas Locales, tampoco pagan este impuesto municipal. Los cálculos realizados por la formación cuantifican en "más de un millón de euros" la "pérdida de ingresos" para la ciudad que supone la exención del pago de este tributo a los centros docentes concertados (privados sostenidos con fondos públicos).
En su moción, el partido defiende que en un momento en que las arcas públicas precisan de recursos suficientes para "seguir manteniendo (...) el Estado del bienestar" y en el que se están poniendo en cuestión "gastos superfluos y privilegios del pasado" es necesario potenciar los valores de "igualdad" y "solidaridad" como "puntales básicos donde cimentar la salida de la crisis". "Todos debemos, sin exclusión, pagar religiosamente los impuestos, sin privilegios ni diferencias", señala.
Apoyo de todos los grupos, salvo el PP
Fuentes del grupo municipal de Zaragoza en Común (ZeC) –que gobierna la ciudad– confirmaron a infoLibre su apoyo a esta moción y, por tanto, el voto a favor de sus nueve concejales, si bien admitieron que tendría que haber un debate posterior en el Congreso de los Diputados sobre si esta exención debería mantenerse o no para los inmuebles que la Iglesia sí dedica al culto.
A preguntas de este periódico, un portavoz de ZeC recordó también que la auditoría que puso en marcha el actual equipo de Gobierno municipal cuando llegó a la Alcaldía sacó a la luz que como consecuencia de estas exenciones las confesiones religiosas evitan pagar por los inmuebles que tienen en la ciudad hasta 2,8 millones de euros por ejercicio y que distintas fundaciones ligadas a ellas se ahorran alrededor de 2,2 millones.
El PSOE también votó a favor de la moción pero la transaccionó para pedir también la revisión del Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre asuntos económicos, que son de 1979, pues el grupo considera que el régimen económico del que gozan las confesiones religiosas no se pueden modificar si no se cambia el marco general, que es este Acuerdo, y que, según los socialistas, debe adaptarse "a la nueva realidad del siglo XXI".
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Por otro lado, el PSOE también pidió al Gobierno municipal que inste a la asesoría jurídica del Ayuntamiento a que realice los informes oportunos para saber qué inmuebles del censo pueden acogerse a la exención o, por el contrario, cuáles quedarían fuera por estar afectados por actividades económicas no exentas del impuesto de sociedades. Chunta Aragonesista aceptó esta transacción.
Los cuatro concejales del grupo municipal de Ciudadanos también votaron a favor de la moción de Chunta Aragonesista, si bien incluyendo una enmienda para que se elimine esta exención también para las asociaciones confesionales no católicas legalmente reconocidas. Los promotores también aceptaron esta enmienda.
Los nueve concejales, por su parte, votaron en contra de la moción.
El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza aprobó este viernes instar al Congreso de los Diputados a que modifique la Ley de Haciendas Locales que consagra la excepción del pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a los edificios que son propiedad de confesiones religiosas.