Un alcalde de una gran ciudad española se inclinó, hace unos años, sobre el mapa del Plan General de Urbanismo, lo miró y espetó a uno de sus colaboradores: “Si movemos un centímetro esta línea en el plano son 400 millones de pesetas (casi dos millones y medio de euros)”. No hay noticias de que nada se moviera, pero la anécdota ilustra la fragilidad del poder municipal en un país en el que el 84% de los 8.116 municipios tiene menos de 5.000 habitantes. Gobernar en ellos, y más aún en las ciudades, puede ser una bicoca para los bolsillos de los corruptos y, por lo que apuntan las investigaciones judiciales, para las arcas de los partidos que se financian con dinero sucio.
La multiplicación de cargos locales, regionales y autonómicos dificulta la tarea de inspección por parte de los organismos del Estado, como la Fiscalía Anticorrupción y el Tribunal de Cuentas, que además de carecer de personal y medios suficientes están políticamente en manos de los partidos que deberían investigar.
Rodolfo Serrano, periodista y antiguo asesor de dos alcaldes de izquierda, sostiene que una de las claves de la fragilidad ética de los municipios es la escasez de presupuesto. “Sé que la ley de los tres tercios es una utopía: uno para el Estado, uno para las comunidades autónomas y el restante para los ayuntamientos”. Un alcalde que necesita dinero para llevar a cabo sus proyectos, los que dan votos, depende del crédito de los bancos y de empresarios locales relacionados con la construcción.
Serrano argumenta que con las tasas de basura, los impuestos y el IBI resulta imposible equilibrar las cuentas, y más ahora tras el estallido de la burbuja inmobiliaria que era una fuente de ingresos a través de licencias de obras y otros gravámenes. La caída de los ingresos no se compensa con los recortes. Madrid es el ayuntamiento más endeudado de España: 6.923 millones de euros frente a los 1.011 millones de Barcelona, la segunda ciudad del país en tamaño y actividad.
Ana Botella antes de un pleno municipal./PP
Los recortes impulsados por Ana Botella afectan a la recogida de basuras (el centro es un estercolero) y al mantenimientos de los jardines, entre otros. La caída de árboles es una metáfora del deterioro. Alberto Ruiz Gallardón emprendió obras faraónicas, como el enterramiento de la M30 que, junto al estallido de la crisis, terminaron por hundir las cuentas. Quien gane los comicios de mayo de 2015 llegará con las manos atadas. La imaginación deberá sustituir a la ostentación.
El socialista Ricard Pérez Casado, alcalde de Valencia entre 1979 y 1988, dimitió por diferencias con su partido, el PSOE. Fue un caso insólito en un país en el que la dimisión no forma parte del lenguaje político. Coincide con Serrano al afirmar que el principal problema pasa por la vulnerabilidad de los ayuntamientos y cree que es muy difícil luchar contra la corrupción local. En una conversación telefónica, califica la gestión municipal de apasionante porque “es la más cercana al ciudadano, que no te pasa una”. “Uno de los grandes errores de la izquierda durante la Transición fue aceptar el aplazamiento de las elecciones municipales de 1977 a 1979 porque se permitió el rearme de la derecha y que muchos alcaldes franquistas siguieran en sus puestos bajo otras siglas. (…) La derecha temía las elecciones de 1977 porque en su memoria estaban las de 1931, que trajeron la II República”.
Casi 40 años después, otras elecciones vuelven a ser el centro de la batalla. El PP maneja encuestas que le anuncian un fuerte castigo después de tres años en el Gobierno y unas políticas de ajuste que contradicen sus promesas electorales. La excusa de la herencia y una recuperación económica que pocos sienten en sus bolsillos son motores insuficientes. El éxito en los comicios europeos de Podemos, una formación que nace del magma del 15-M, y la multiplicación de opciones ciudadanas de izquierdas inquieta al PP que teme perder muchos ayuntamientos. El éxito de la izquierda en las locales de 1979 fue la antesala de la victoria del PSOE en las generales de 1982 por aplastante mayoría (202 diputados).
La debilitada situación del PSOE
Esta vez el Gobierno conservador tiene un aliado inesperado: el PSOE, que maneja también unos sondeos que le auguran un descalabro similar o mayor que el del PP. No hay beneficio en el desgaste del Gobierno. El problema del nuevo secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, es que no puede pactar con el PP sin terminar de hundir su debilitada estructura política. Sánchez debe buscar en la ejemplaridad el perdón de los ciudadanos que han dejado de confiar en su formación.
El miedo a perder ayuntamientos (y a su fuente de financiación) ha empujado al PP a desempolvar un proyecto, que en su día fue del PSOE, para que gobierne la lista más votada e impedir pactos poselectorales entre dos o más partidos de izquierda en lugares emblemáticos como Madrid, Sevilla o Valencia. El proyecto, del que se sabe poco, ni siquiera si está definitivamente en el congelador, pretende que una lista con el 40% de los votos obtenga la mayoría absoluta de concejales. El PSOE y el resto de la oposición se han negado a pactar una reforma de ese calado a pocos meses de las elecciones, algo que sería visto por una ciudadanía como una trampa.
Impunidad de la corrupción
Una de las más entusiastas defensoras de la reforma es Rita Barberá, alcaldesa de Valencia desde hace 23 años, que se prodigó en declaraciones, algo habitual en ella. Olvida que logró el puesto sin encabezar la lista más votada. Otra tara de la cultura política española es la ausencia colectiva de memoria.
La escasez de instrumentos del Estado en la lucha contra la corrupción beneficia a los corruptos en ayuntamientos y diputaciones, que se personifican en la figura del cacique rodeado de clanes que se reparten obras y contrataciones de manera abusiva; es su forma de fidelizar el voto de la familia beneficiada. El enchufismo es una corrupción de perfil bajo. Los partidos se han transformado en agencias de colocación para sus adeptos. La debilidad de la cultura democrática en España ayuda a que la ciudadanía considere normales este tipo de situaciones y no las sancione en las urnas.
Un estudio de los investigadores Jorge Araña, Carmelo León y Javier de León, que publicó recientemente la Universidad de Las Palmas, cuantifica en 40.000 millones de euros al año (en precios constantes de 2008) el coste de la corrupción en España, cuatro veces los recortes en Sanidad y Educación. No toda esa corrupción es municipal, pero el problema general es el mismo: la impunidad. Según el estudio uno de los obstáculos para luchar contra la corrupción son las dificultades que hay para cuantificarla.
El historiador Santos Juliá sostiene que las denuncias de los medios de comunicación resultan útiles, pero insuficientes. En su opinión sólo hay un camino: una fiscalía general del Estado independiente que haga su trabajo y que los corruptos entren en prisión. El Ministerio de Justicia incrementó en 2012 en 10 millones de euros la dotación de los juzgados para la lucha contra la corrupción. No parece que vayamos en la buena dirección. No es una prioridad de Gobierno.
Según informó la agencia Europa Press de fuentes del Poder Judicial, en España hay abiertas 1.661 causas y más de 500 imputados pero sólo una veintena cumple penas de cárcel. Algunos nombres son llamativos: Jaume Matas, Luis Bárcenas, Julián Muñoz, María Antònia Munar, Pedro Pacheco, José María Del Nido y el expresidente de la patronal, Gerardo Díaz Ferrán.
Delitos de cohecho, fraude fiscal y prevaricación
La mayoría de los delitos que son cohecho, fraude fiscal, prevaricación, tráfico de influencias, apropiación indebida, revelación de secretos, etc. Condenan por no pagar a Hacienda, pero la ley no llega al origen delictivo del dinero obtenido.
El desastre del petrolero Prestige, en noviembre de 2002, y la gestión del Gobierno de José María Aznar, empeñado en negar la gravedad del vertido, impulsó un gran movimiento de protesta ciudadana. Aunque Nunca Mais fue una creación del Bloque Nacionalista Galego (BNG), la movilización superó al ámbito del BNG y se convirtió en un clamor en toda Galicia. Fue un precedente del 15-M.
El PP gallego se ha dividido tradicionalmente en dos sectores, el de la boina y el del birrete, que tan bien representaba Manuel Fraga, capaz de pasar del discurso académico al populismo localista. El PP siempre supo manejar los dos registros hasta que el Prestige amenazó su poder municipal en las elecciones de 2003. La mayoría de los alcaldes salieron reelegidos, como el de Bueu que se echó al mar con su barca a recoger chapapote. El sistema de control y la actuación de algunos alcaldes habían funcionado.
Un representante de ese PP caciquil se mofó de un alcalde del PSOE de un pueblo de menos de 5.000 habitantes en la provincia de Lugo: “No tenéis ni idea”, le dijo. “No puedes dar electricidad a todo el pueblo. Van a creer que es nuestra obligación. El sistema es simple: ganas las elecciones y esperas a que llegue don Miguel, por decir un nombre, con sus problemas al salir de casa porque la calle está oscura. Entonces le pones electricidad en la puerta de su casa. Vuelves a tu sillón y esperas a que venga uno por uno cada vecino. Al final todos tienen electricidad, pero todos te la deben”. La anécdota, narrada por el alcalde afectado, explica un mundo que no ha cambiado demasiado. La gran novedad es que el PSOE ha entrado en el juego.
“Galicia no es el lugar de España con mayor caciquismo, pero sí donde hay más población rural”, asegura un periodista gallego que domina la política autonómica y prefiere el anonimato. “La compra de votos es sencilla: se da trabajo (temporal) a un miembro de la familia y después te votan todos. Son contratos cortos para llegar a mucha gente. Es una corrupción muy difícil de combatir. Un ejemplo es Ourense y el cacique José Luis Baltar. Su poder desde la diputación provincial consistió en crear una red de poder municipal. Baltar era el intermediario ante la Xunta. Un miembro del PP le definió como un gerente de inversiones”. Baltar llegó a utilizar su sistema de compra de votos en el Congreso del PP que le permitió dejar el poder a su hijo.
La trama del bipartidismo
Se habla en Galicia de las siete ciudades: A Coruña, Ferrol, Vigo, Pontevedra, Lugo, Ourense y Santiago. En la capital estalló el llamado caso Pokémon, que afecta al PP y a los socialistas y tangencialmente al BNG. La jueza que investiga este caso de mafia empresarial ha imputado a tres alcaldes (Santiago, que va por el tercero tras la dimisión de los dos primeros; Lugo y O Carballiño; y cinco ex alcaldes). Uno de cada nueve alcaldes gallegos está imputado, la mayoría del PP.
El alcalde de Ourense (PSOE). Francisco Rodríguez, fue detenido por corrupción. El de Lugo, José López Orozco, también PSOE, está imputado pero no dimite. En Ferrol, en manos del PP, está imputado el alcalde. Están limpios Pontevedra y Vigo, en manos del PSOE. El caso de A Coruña, donde está imputado el teniente alcalde, simboliza la putrefacción del sistema: el PP heredó la trama corrupta del PSOE y la mantuvo en su beneficio. Pokémon es un ejemplo clásico: manipulación de la concesión de servicios, sean de agua, la grúa municipal, la construcción de polideportivos o la contratación de decenas de personas en las contratas, que al ser privadas carecen de procedimientos objetivos de selección de personal. El sumario acumula 88 imputados y tiene algunas ramificaciones en Asturias y en Cataluña.
Ahora todos se rasgan las vestiduras con el caso de Jordi Pujol y su familia. Los periodistas que alabaron su labor al frente de la Generalitat y de su partido en numerosos ayuntamientos catalanes se sienten traicionados. Pero todo el mundo sabía cómo funcionaba: con comisiones del 3 o el 5% y los concursos amañados. La investigación de las cuentas de Luis Bárcenas, y por extensión las del PP que tiene a tres tesoreros imputados, apunta a que ese sistema tiene implantación nacional: empresas que pagan por lograr contratas en concursos no transparentes en los que el adjudicatario está decidido de antemano.
Empresas que redactaban las condiciones de los concursos
“En las grabaciones de la operación Pokémon”, prosigue el periodista gallego, “hay casos de empresas que redactaban ellas mismas los pliegos de las condiciones de los concursos o que pedían técnicos favorables. Al detenido alcalde de Ourense le incautaron una lista de personas a colocar. En la noche electoral, las empresas que se dedican a este negocio empezaron a tantear a los nuevos. En Pokémon está implicada la empresa Vendex, con sede en Madrid, que facilitó interventores al PSOE durante las elecciones ante la falta de militantes”.
No hay diferencia entre el PP y el PSOE, al menos en las excusas para defenderse: ambos hablan de Estado policial (por las escuchas), atacan a los jueces y juezas, reclaman la presunción de inocencia, denuncian maniobras políticas de sus rivales, sostienen que las cantidades denunciadas son pequeñas y que ayudar a quien lo necesita no es un delito. Entre ellos no suele haber críticas, todo guante blanco, hoy por ti, mañana por mi. “El hartazgo ciudadano es patente en las áreas metropolitanas”, dice el periodista gallego; “en los pueblos está por ver”. Existe un espacio político enorme para Podemos y las Mareas (como se llama en Galicia al movimiento Ganemos; Guanyem en Barcelona).
Protestas ciudadanas en Gamonal./ RODRIGO MENA (CC BY FLICKR)Alfredo Sánchez Monteseirín
fue alcalde de Sevilla, quizá el más odiado por el PP, al que ganó tres elecciones seguidas, y por un sector del PSOE, su partido, que jamás le perdonó que venciera en las primarias al candidato oficial, José Rodríguez de la Borbolla, ex presidente de la Junta de Andalucía. En sus tres legislaturas (1999-2011) al frente de la ciudad hispalense sufrió el acoso constante de sus enemigos que ridiculizaron cada una de sus decisiones, como la de cerrar el centro al tráfico para preservar la catedral y otras joyas arquitectónicas, símbolos de la ciudad y del turismo, abrir una línea de tranvía, la rehabilitación de la Alameda y de la plaza de la Encarnación, conocida como la de las setas, y la creación de un carril-bici, una necesidad en una ciudad tan llana como Sevilla.
Monteseirín es posiblemente el alcalde que ha movido más cosas en una ciudad en la que no se mueve casi nada desde hace siglos, asegura una periodista sevillana. La gestión de su equipo tampoco se libró de las salpicaduras de la corrupción, pero él salió indemne. El partido logró desgastarle tanto que al final arrojó la toalla. En las elecciones de 2011, ganó el PP. El nuevo alcalde, Juan Ignacio Zoido, suavizó las restricciones al tráfico devolviendo a la ciudad a sus atascos, ruido y coches mal aparcados. El carril-bici, emblema de las campañas anti-Monteisirín, no se tocó.
Si Galicia se lleva la fama, la Comunidad Valenciana carda la lana, parodiando el célebre dicho. El PP gobierna la Generalitat desde 1995 y la ciudad de Valencia desde 1991. Es una ocupación total del poder: ayuntamientos, diputaciones y Generalitat. Para defenderse de los procesos judiciales en marcha, como en el caso de Carlos Fabra en Castellón, los afectados tratan de dilatar al máximo los procesos con triquiñuelas legales, recursos, para forzar el cambio de jueces; algunos por ascensos llegaron en el momento procesal oportuno. El único objetivo apunta a alargar la instrucción con la esperanza de que alguien se equivoque y sus abogados puedan pedir la nulidad, o que se extinga la responsabilidad penal. La instrucción de Carlos Fabra ha durado 10 años. Él es un ejemplo de la ocupación caciquil y hereditaria del poder: su abuelo y su padre también fueron presidentes de la diputación. Es un émulo de Baltar en Galicia, pero con más tradición.
La mano derecha de Fabra en Castellón, Francisco Martínez, alias Sadam Husein, por su parecido físico con el difunto dictador iraquí, es alcalde de La Vall d'Alba desde 1991. En este tiempo ha amasado una fortuna de 1,5 millones de euros. En su pueblo, además de las recalificaciones y edificaciones, se produce un hecho insólito: el número de ancianas sin herederos legales que dejan sus bienes en herencia al ayuntamiento o a su alcalde.Husein ha dimitido como vicepresidente de la Diputación, pero sigue como alcalde.
Rita Barberá, alcaldesa de Valencia desde hace 23 años, es una superviviente nata. Ha estado con Eduardo Zaplana, José Luis Olivas, Francisco Camps y ahora con Alberto Fabra. Apenas sale del perímetro de la ciudad, que gobierna con mano de hierro. Está muy bien relacionada con Madrid; primero con Aznar, quien quiso casarla en el entusiasmo de un mitin, y con Mariano Rajoy, con quien estuvo reunida tres horas hace unas semanas, un privilegio destinado a los elegidos. No hay casos de corrupción contra ella, pero todos sus amigos están implicados en alguno. No es ajena a los fastos de la Fórmula Uno, al viaje del papa Benedicto XVI organizado por la red Gürtel, a la Ciudad de las Artes, de Calatrava, y al caso de Feria Valencia.
El PP puede perder la Comunidad Valenciana
Es posible que no repita como alcaldesa y que el PP intente con ella mantener la Generalitat. En su contra juega su desconocimiento de la comunidad autónoma, el desgaste del partido, la foto del Ferrari de Cheste con Camps y esa manía de reír siempre, haya crisis o no haya crisis. El PP puede perder la Generalitat porque no tendrá mayoría absoluta. La irrupción de Podemos, o Ganemos, complicará el pacto en la izquierda que pasaría a tener tres o más formaciones políticas.
En Alicante hay una alcaldesa popular imputada dos veces que tampoco dimite: Sonia Castedo, que ya ha anunciado a su partido que “morirá matando”. El exalcalde de Valencia Pérez Casado ironiza con la amenaza: “De momento muere recalificando”.
Baltar declara ante la juez que las donaciones al PP de Ourense “normalmente se entregaban en metálico” al gerente
En España nadie dimite, como denuncia una célebre pintada callejera: “Dimitir no es un nombre ruso”. Tampoco dimite el regidor de Brunete, cerca de Madrid, pese a que existen grabaciones que le inculpan en un supuesto intento de compra de una edil de UPyD. En los escaños de las Cortes Valencianas llegaron a sentarse 12 imputados. En los últimos meses han ido dimitiendo con cuentagotas; no porque Alberto Fabra se lo exija, el partido lo demande o su conciencia se lo recomiende, sino para complicar la instrucción. Cada vez que dimite uno hay que sacarle del sumario y pasar la causa a un juzgado ordinario porque ha dejado de ser aforado.
Un ejemplo paradigmático en Valencia es Rafael Blasco. Fue corrupto con el PSOE que le permitió excesos porque controlaba los votos de la comarca de La Ribera -una de las de mayor afiliación del PSPV-PSOE- y lo ha sido con el PP. Acaba de ser condenado por malversación de la ayuda humanitaria a Nicaragua. Es un símbolo de todo lo que no funciona en el bipartidismo. Los que le conocen dicen que tiene la capacidad de mentir sin pestañear a su interlocutor, mirándole a los ojos, a sabiendas de que el otro sabe que es mentira. No como Rajoy, al que se le disparan los tics cada vez que dice algo que es falso.tics
Quedan lejos los tiempos y la figura de Julio Anguita, alcalde en Córdoba entre 1979 y 1986, elegido en las listas del PCE con apoyo del PSOE. No es una ciudad especialmente comunista que le reconoció su excelente gestión. Entre sus muchas batallas políticas en un momento en el que el aire aún rezumaba franquismo destaca la que mantuvo con el obispo Infantes Florido, que le criticó su decisión de prohibir a los concejales acudir a las procesiones en nombre del Ayuntamiento, sí a título personal, y la cesión de dos pequeños espacios para el culto musulmán. Tras un primer cruce de misivas en los diarios, Anguita zanjó el asunto con un recordatorio de quién manda en democracia: “Usted no es mi obispo, pero yo soy su alcalde”.
Un alcalde de una gran ciudad española se inclinó, hace unos años, sobre el mapa del Plan General de Urbanismo, lo miró y espetó a uno de sus colaboradores: “Si movemos un centímetro esta línea en el plano son 400 millones de pesetas (casi dos millones y medio de euros)”. No hay noticias de que nada se moviera, pero la anécdota ilustra la fragilidad del poder municipal en un país en el que el 84% de los 8.116 municipios tiene menos de 5.000 habitantes. Gobernar en ellos, y más aún en las ciudades, puede ser una bicoca para los bolsillos de los corruptos y, por lo que apuntan las investigaciones judiciales, para las arcas de los partidos que se financian con dinero sucio.