El jurista Baltasar Garzón (Jaén, 1955) es uno de los jueces españoles con mayor reconocimiento internacional. Ha sido investido doctor honoris causa por una veintena de universidades en todo el mundo, pero también ha sufrido la persecución incesante de los sectores más conservadores de la política, de los medios y de la propia judicatura. Estas semanas, en España se ha abierto un encendido debate sobre las relaciones entre los tres poderes del Estado. A este respecto, Garzón entiende que “hay que tener mucho cuidado, porque hay algunas asociaciones de magistrados que se definen como actores políticos, más allá de los propios intereses profesionales y esto hay que tenerlo muy en cuenta porque están interfiriendo en acciones políticas que corresponden a otros poderes del Estado”.
Renovación del Consejo General del Poder Judicial
“La existencia de este Consejo General del Poder Judicial con cinco años de mandato caducado está fuera de toda legalidad. Deberían dimitir todos los miembros y forzar esa renovación. Lo que pretenden algunos, como el Partido Popular, es cambiar las reglas de un sistema de elección totalmente democrático, que da el poder al Parlamento, depositario de la soberanía popular. No es una cuestión de cuotas, sino de que los partidos deben de ponerse de acuerdo sin dilación. No valen las excusas, no vale el boicot permanente que el Partido Popular está haciendo a esa designación porque no quiere perder su influencia en el órgano de gobierno de los jueces. Es necesario un cambio y creo que se tienen que poner los medios para hacerlo. Y si no, pues promover las iniciativas legislativas que desbloqueen esta situación”.
Respuesta en el ámbito jurídico a la ley de amnistía
“Creo que la respuesta por parte del Poder Judicial comenzó por unos planteamientos de las asociaciones judiciales y del Ministerio Fiscal y del propio Consejo del Poder Judicial que exceden cualquier competencia que puedan tener. El hecho de que se hayan manifestado jueces, incluso vestidos con toga en la puerta de los organismos o de los edificios donde administran justicia, excede de cualquier competencia. Insisto, es absolutamente irregular porque comprometen primero su propia imparcialidad y, segundo, porque se han constituido en claros actores políticos para criticar a otro poder del Estado. Y, frente a ello, no hay ningún riesgo ni lo ha habido de que se vea comprometida la independencia de jueces y magistrados, ni hay un ataque a la separación de poderes o una invasión del Poder Judicial. No, aquí ha habido un acuerdo entre dos partidos donde se hace mención con la expresión lawfare a la posible utilización de mecanismos del derecho con fines políticos”.
Sobre el lawfare
“Representantes del Poder Judicial están empleando mecanismos para cuestionar una iniciativa legislativa sobre la amnistía incluso antes de que se formulara. La cuestión es que en el acuerdo entre Junts y PSOE hay una mención a las comisiones de investigación. Algunos representantes del Poder Judicial, incluso la Sala de Gobierno del Supremo, han salido diciendo que se respete la independencia judicial. Claro que se tiene que respetar, pero es que una comisión parlamentaria no puede ir más allá de su propio rol, a lo más que pueden llegar es a que la Mesa del Congreso lo pueda remitir a la Fiscalía General del Estado para que proceda conforme a Derecho. Por tanto, ¿cuál es el problema que están suscitando dentro y fuera de España? Esta es una deriva muy peligrosa y creo que los representantes del Poder Judicial lo que deben hacer es mantener perfectamente impoluta la imparcialidad”.
Implicación de asociaciones de juristas
“Desde mi punto de vista, corremos un riesgo. Creo que ya hemos trascendido el límite para que el día de mañana quienes pertenezcan a estas asociaciones, quienes se hayan manifestado como tales, queden inhabilitados para decidir eventuales cuestiones referidas a la ley de amnistía o incluso a los actores políticos que tengan participación en la misma. Hay que ser mesurados, tranquilos y que cada cual desarrolle la acción que le corresponde en su respectivo ámbito. Creo que aquí se han trascendido esos límites, no tanto por el Poder Legislativo o el Ejecutivo, que están desarrollando la labor que les es propia constitucionalmente, como por el Poder Judicial”.
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“La instrucción de un proceso penal tiene sus trámites, sus tiempos. Esta investigación, por lo que ha trascendido, viene desde hace cuatro años. Cualquier juez de instrucción cuando toma una decisión así debe tener la firmeza de que hay unos indicios irrefutables que la sustenten. En este caso, ha trascendido que el Ministerio Fiscal ha recurrido esa decisión tanto en la conceptuación de la posible participación de estas personas en los hechos, como en la propia calificación jurídica. Tendremos que esperar a ver qué dice la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en ese recurso de apelación. El juez ha asumido su responsabilidad y el Tribunal Supremo revocará o estimará su petición.
Constitucionalidad de la ley de amnistía
“Las leyes de la amnistía no están prohibidas en la Constitución Española. Hablamos de una institución, la amnistía, que tendrá que ser acordada legislativamente. Es una decisión, por tanto, del Poder Legislativo, no del Ejecutivo. Ni en España ni en otros países de Europa hay óbice que impida la tramitación y aprobación de una ley de amnistía. Lo único que tenemos es que ir al contenido de esa ley y ver si está explicado en su preámbulo cuál es la finalidad concreta y si realmente responde a la solución de un conflicto social y político que trasciende la conducta penal a la que se refiere. La proposición de ley que se ha comenzado a tramitar en el Congreso de los Diputados, en ese sentido, es perfectamente válida, posteriormente será el Tribunal Constitucional el que decida finalmente si se acomoda o no a la Constitución o si se acomoda en parte y en parte no”.
Revocación del nombramiento de la fiscal Dolores Delgado
“La decisión que la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha tomado en relación al decreto de nombramiento y de ascenso de la fiscal Dolores Delgado a Fiscal de Sala categoría Primera y Fiscal a la Fiscalía Togado del Tribunal Supremo de la Sala de lo Militar me parece un dislate total. Alguien podrá decir, claro, lo está diciendo quien tiene un vínculo absolutamente estrecho con la persona afectada. Sí, lo tengo, obvio y es evidente, pero eso no obsta para que mi valoración de esa sentencia sea estrictamente de análisis jurídico, y realmente esa sentencia ha sido hecha a medida para obtener un fin concreto que era eliminar el ascenso de esta funcionaria del Ministerio Fiscal, con un currículum de casi 34 años de servicio a España en los ámbitos de la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo, el terrorismo yihadista, los crímenes de lesa humanidad, la corrupción... no creo que haya muchos currículum que puedan competir con él. Y lo curioso es que esta sentencia no hace ni mención siquiera a ese currículum. ¿Y por qué no hace mención? Porque si lo hiciera y lo tomara en cuenta no podría establecer la supuesta desviación de poder que alega, cometida por el Fiscal General del Estado.
El momento en el que ha salido esta sentencia también es digno de tenerse en cuenta, cuando se tenía que decidir sobre la continuidad o no del Fiscal General del Estado. Han sido determinados medios y partidos políticos los que han entrado en tromba para que esta continuidad no se produjera. ¿Es muy grave esta instrumentalización? Parece que se ha dictado esta sentencia al revés. Había un claro objetivo, anular ese nombramiento, y después han buscado los argumentos. Mi crítica es totalmente frontal a esa sentencia y espero y creo firmemente en que se corrija, porque si no la inseguridad que genera una decisión como esta, invadiendo claramente lo que son las competencias discrecionales del Fiscal General del Estado, es muy grave”.
Internacionalización del debate sobre la amnistía
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“No podemos, como hizo la Asociación de Fiscales hace semanas o, después, la propia Asociación Profesional de la Magistratura, es decir, los segmentos más conservadores, trasladar a Europa responsabilidades sobre hechos que todavía no han acontecido. El lawfare no existe allá donde hay un juez independiente. Eso es meridianamente claro. Sin embargo, cuando se prestan a esos juegos extraños, a cuestionar las instituciones en línea ideológica con determinadas posiciones, es cuando se pervierte la situación y eso está ocurriendo. Se está poniendo en cuestión la institucionalidad de este país, que no está en riesgo, y la ciudadanía tiene que saberlo. Lo que tenemos es que conseguir que se renueve el Consejo General del Poder Judicial. Es necesario, porque tiene muchas cosas que gobernar y hay que establecer los límites que se han perdido desde ese órgano de gobierno”.
Valoración del nuevo Gobierno
“Mi opinión sobre el Gobierno que se ha formado es de respeto, es un gobierno progresista. Algunos dicen que no porque Junts es un partido de derechas, pero que yo sepa, no está en el Gobierno. El Partido Socialista y Sumar tienen un pacto claro. En otros ámbitos habrá acuerdos con grupos de otra sensibilidad ideológica. ¿Cuál es el problema? Dicen que se va a romper España, pero no, ¡déjenlos! Vamos a ver los desarrollos, pongámonos a remar a favor.
Elecciones en Argentina
“Lo que ha sucedido en Argentina hace apenas una semana es sumamente grave. Han elegido a un nuevo presidente, un presidente de extrema derecha ultraliberal que se presenta como la pócima mágica contra la casta tradicional. Es especialmente grave lo que se está oyendo de sus bocas, no sólo del presidente electo, sino de la vicepresidenta Villarruel, que claramente se decanta por una justificación de la dictadura y por medidas de solución favorable a todos los procesos de investigación que hay por los crímenes de la dictadura. Estoy convencido de que eso no se va a permitir por la ciudadanía argentina y por todos los miembros que desde el Poder Judicial están avanzando en este tipo de procesos. No todo lo que se dice se va a hacer. Y en cuanto a otras medidas, me temo que no transcurrirá mucho tiempo sin que, desgraciadamente, veamos los efectos nocivos de esa política ultraliberal”.
El jurista Baltasar Garzón (Jaén, 1955) es uno de los jueces españoles con mayor reconocimiento internacional. Ha sido investido doctor honoris causa por una veintena de universidades en todo el mundo, pero también ha sufrido la persecución incesante de los sectores más conservadores de la política, de los medios y de la propia judicatura. Estas semanas, en España se ha abierto un encendido debate sobre las relaciones entre los tres poderes del Estado. A este respecto, Garzón entiende que “hay que tener mucho cuidado, porque hay algunas asociaciones de magistrados que se definen como actores políticos, más allá de los propios intereses profesionales y esto hay que tenerlo muy en cuenta porque están interfiriendo en acciones políticas que corresponden a otros poderes del Estado”.