Urge volver a València Pilar Portero
Lo decisivo es saber sumar
La tercera investidura de Sánchez ha salido adelante con una mayoría más amplia, pero al tiempo con una composición más compleja y ajustada que las anteriores, ya que depende del binomio contradictorio de ERC y Junts en el independentismo catalán y que por otra parte carece del último recurso de un puñado de escaños para ejercer la manida geometría variable, aunque ya hace tiempo que ésta no era operativa por la sumisión de Ciudadanos a la estrategia de deslegitimación del conjunto de las derechas.
Un debate de investidura que ya se preveía tenso y polarizado, y que se ha correspondido con las expectativas y asimismo con los precedentes de la persistente delegitimación por parte de las derechas, ya desde la moción de censura y ahora con más contundencia aún frente a la coalición de izquierdas y con más saña contra los apoyos parlamentarios de investidura. Ahora, con el acicate del ajustado resultado electoral y del largo y polarizado periodo de investidura y de gobierno en funciones, lo que hace prever una legislatura con una oposición más dura si cabe.
Finalmente, la nueva mayoría de investidura integra por primera vez a los independentistas del Junts de Puigdemont, que se suman a ERC en torno al compromiso de la ley de amnistía. Amnistía que no solo significa el paso obligado para el apoyo de Junts, sino que supone también dar continuidada la estrategia política y de reconciliación, pero sobre todo como forma de evitar la llegada de la ultraderecha haciendo, en palabras del propio Sánchez, de la necesidad virtud.
Sin embargo, el presidente del Gobierno no se ha esmerado en explicar la amnistía como una evolución lógica de los indultos y de la reforma penal realizadas, que fueron parcialmente bloqueadas por los tribunales, y que de haber tenido éxito la hubieran hecho poco menos que innecesaria.
Una vez elegido el presidente y el Gobierno de coalición, queda por delante una legislatura en la que se mantiene una perspectiva positiva de crecimiento e inflación, a lo que se suma la gestión de los voluminosos fondos europeos pendientes
El que suscribe ha sido partidario de una respuesta constitucional al Procés, pero he sido crítico con la aplicación del artículo 155 y ante todo contrario a la judicialización y a las largas penas dictadas por sedición y malversación. Una respuesta desproporcionada en clave del tan querido género de la tragedia nacional. Esa es la razón por la que también apoyé en su momento la reforma conjunta del código penal y de los indultos, como alternativa a la reivindicación de la amnistía por parte de los independentistas, algo que sin embargo el Gobierno de coalición fue desgranando a lo largo de la pasada legislatura, dando con ello la oportunidad a su desactivación parcial por parte de la derecha política y judicial. Una razón por la que ahora comparto la solución de la amnistía como el camino más rápido y eficaz para pasar página de las consecuencias penales del Procés y retomar la vía de la solución política a los problemas de naturaleza política.
Se trata de otra novedad de las que le ha tocado lidiar al Gobierno de coalición, otro reto que se añade a la novedad de la moción de censura que dio lugar al Gobierno Sánchez, para más adelante sumar la novedad del primer gobierno de coalición progresista. Como si no fuera suficiente con los desafíos provocados por la cadena de catástrofes de la pandemia, la guerra y la crisis climática.
Es a partir de ahora cuando la derecha tiene que digerir la contradicción entre su proclamada mayoría electoral y el dogma de su derecho a gobernar, frente a la realidad de la derrota por parte de una mayoría de investidura alternativa, alcanzada por la capacidad de pacto de la izquierda y el rechazo a la ultraderecha. Una gestión del duelo que posiblemente le costará años.
La oposición conservadora ha acentuado hasta el límite la polarización acusando al presidente en funciones de fraude, de corrupción y de mercadeo, con el único objetivo de mantenerse en el poder. Sin embargo, sigue jugando a combinar la imagen de radicalidad y la de moderación, pero en realidad al rebufo de la estrategia de la ultraderecha, todo para no despegarse de sus hermanos separados. Tan solo ha llegado a reconocer in extremis la legitimidad del nuevo gobierno primero con la palabra y finalmente con un gesto de felicitación, ambas también a medias.
En este marco, la ultraderecha ha seguido haciendo cosas de ultraderecha, ya sin prejuicios, con acusaciones de golpe de Estado y saliendo del Congreso a manifestarse ante la sede del PSOE, a pesar de los hechos violentos de cada noche. Y de nuevo con la amenaza y el chantaje al PP de provocar la inestabilidad en las CCAA que gobiernan si finalmente no impide la tramitación de la ley de amnistía en el Senado.
Mientras tanto, entre la mayoría de investidura se consolida la alianza con Sumar y se expresa en el debate el relato de la desconfianza del independentismo, aunque manteniendo el voto y la estabilidad, a pesar de la dinámica de competencia entre Junts y ERC.
Una vez elegido el presidente y el Gobierno de coalición, queda por delante una legislatura en la que se mantiene una perspectiva positiva de crecimiento e inflación a lo que se suma la gestión de los voluminosos fondos europeos pendientes. Una legislatura con más desarrollo reglamentario que con exigencias legislativas. Un periodo en que será necesario mantener la iniciativa social para evitar el monólogo territorial y de los tribunales.
En resumen, una mayoría de investidura más amplia pero más compleja y contradictoria que anuncia más incertidumbre, aunque con unos partidos ya experimentados en la gestión de la pluralidad parlamentaria, y con una oposición que se sitúa entre la confrontación manteniendo la tentación de la estrategia de deslegitimación.
Se demuestra que lo decisivo es saber sumar dentro de los partidos y en el Gobierno de coalición, así como con la mayoría de investidura.
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Gaspar Llamazares es fundador de Actúa.
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