La primera reforma social de la Constitución
En tiempos de crispación, los acuerdos —aunque los haya— no suelen protagonizar el debate público. Ni siquiera si se trata de una reforma constitucional; la tercera desde que el texto vigente se aprobó en 1978 y la primera con una clara vocación social.
El próximo martes, en la sesión que el Congreso celebra en el Senado, se tomará en consideración la propuesta de reforma del artículo 49 de la Constitución presentada por los grupos del Partido Popular y Partido Socialista, y si nadie lo impide el jueves se aprobará. Nuestra ley fundamental ya no hablará de “disminuído”, sino de “personas con discapacidad”, dando así un paso fundamental en el avance por la igualdad y la inclusión de nada menos que 4,32 millones de personas que, en nuestro país, tienen algún tipo de discapacidad.
La trascendencia de esta reforma viene dada por el cambio de una palabra que a su vez refleja un cambio de paradigma, de forma de entender la realidad de las personas con discapacidad, pero también por lo que supone de saber adecuarse al cambio social que se ha producido en estos años en el entendimiento, comprensión y gestión de la discapacidad.
El camino hasta llegar aquí no ha sido fácil. Fue en 2018 cuando todos los portavoces de ocho grupos parlamentarios que formaban la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso —Jordi Xuclá, del PdCAT y en ese momento presidente de la citada Comisión; Carolina Telechea, del Grupo Esquerra Republicana; Marisa Saavedra, de Unidas Podemos; Joan Ruiz, del Grupo Socialista y expresidente de la Comisión; Paco Vañó, del Grupo Popular; Marcial Gómez, de Ciudadanos; Íñigo Barandiarán, del Grupo Vasco e Íñigo Alli, del Grupo Mixto— acordaron dicha reforma. Desde entonces, han tenido que pasar más de cinco años.
Es cierto que la convulsa vida política del país no ha dejado tregua para algo como esto, pero también lo es que finalmente, y pese a todos los miedos a que esta reforma pudiera abrir la puerta a debates sobre otros temas pendientes, todo indica que el próximo jueves se conseguirá el acuerdo. ¿Qué ha pasado para que, esta vez, sí?
Seguro que hay muchos motivos que se entrecruzan, y es difícil calibrar la importancia de cada uno de ellos, pero hay dos que saltan a la vista y que conviene entender bien para aplicar a otros casos.
Muchas causas justas e importantes no tienen quien las defienda. No es el caso de las personas con discapacidad. Una potente red de más de 8000 organizaciones han conseguido, a lo largo de décadas, que estas personas vieran ampliados sus derechos
En primer lugar, lo escandaloso de la situación. Que en pleno siglo XXI la Constitución española siguiera dirigiéndose a más de cuatro millones de españoles y españolas como “disminuidos” podría llevar a cuestionar a España como Estado “social y democrático” según el propio artículo 1.1 de dicha Constitución. La sociedad española reacciona ante lo que ya entiende como un arcaísmo en términos de consideración social, lo que dice mucho de cómo ha evolucionado la percepción al respecto. Como decía Alex Grijelmo en esta reciente columna, los términos evolucionan al calor de su consideración social. “El término “subnormal”, que hoy tan mal nos suena, fue empleado en los años sesenta para desplazar a “mongólico". (...) Llegó más tarde el vocablo “deficientes mentales”; y luego, “retrasados”; y después, “insuficientes mentales”; y, cuando se elaboraba la Constitución, “disminuidos”. Y más tarde, “personas con síndrome de Down” o “un Down”. De hecho, hoy hay ya quien considera que el término más adecuado no sería el de “personas con discapacidad” sino “personas con diversidad funcional” o “con capacidades diferentes”. Bienvenido sea el debate si ayuda a entender mejor una realidad que aún se nos escapa entre los dedos, como el recién nacido de la canción de Víctor Manuel. Se podría aducir, no obstante, que esta evolución en la forma de entender un fenómeno social, este cambio de paradigma en la concepción de la discapacidad, ocurre también con otros asuntos y no por eso se consigue un acuerdo para plasmarlo en el ámbito jurídico y político, y es cierto.
De ahí que sea necesario mirar más allá. Muchas causas justas, urgentes e importantes, no tienen quien las defienda. No es el caso de las personas con discapacidad. Una potente red de más de 8000 organizaciones sociales promovidas por familiares de personas con discapacidad han conseguido, a lo largo de décadas, que estas personas vieran ampliados sus derechos, facilitado el acceso a la vivienda y al empleo y disfrutaran de cuidados, ocio, cultura y tiempo libre de una forma próxima a como lo hacen el resto de ciudadanos y ciudadanas. En unos casos, demandando del Estado estos servicios; en otros, poniendo en marcha iniciativas que, desde la sociedad civil y con apoyo público, se han convertido en residencias, pisos tutelados, centros especiales de empleo o de tiempo libre. Una red de entidades sociales que, movilizando recursos públicos y privados, ha evitado que una sociedad desarrollada y rica, como es la española pese a todo, mirara hacia otro lado ante una realidad que necesita ser incorporada con la máxima normalidad posible. A la par, han conseguido, al calor de la ratificación por parte de España en 2008 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas aprobada en 2006, el reconocimiento de derechos mediante la modificación en 2020 —sí, hace apenas cuatro años— del Código Penal para abolir la esterilización forzosa de personas incapacitadas judicialmente, la reforma en 2022 de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad para regular la accesibilidad cognitiva, la reformulación de la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, o la ampliación al derecho al sufragio a todas las personas con discapacidad mediante la reforma de la LOREG en 2018.
Quizá en esta tupida red social esté la clave del éxito y la explicación de por qué, en tiempos de crispación, debates imposibles y bibloquismo férreo, se esté a punto de conseguir nada menos que un acuerdo para modificar la Constitución, y hacerlo además en clave social. Como demostró ya antes el feminismo, cuando la sociedad civil exhibe músculo y actúa al mismo tiempo en colaboración con las administraciones y en reivindicación de sus derechos, es capaz de cambiar la percepción de la ciudadanía, y ante eso, no hay bibloquismo que se resista. Enhorabuena a quienes lo han hecho posible.
