La urgente descarbonización de la industria y su financiación

El 2030 va a ser un año trascendental y un hito intermedio para la consecución de los objetivos del Acuerdo de París. Las cada vez más frecuentes catástrofes naturales, entre otros fenómenos extremos producidos por el cambio climático, exigen un aumento de la ambición de la acción de los países en este campo. En este sentido, en el mes de octubre la OCDE organizó un evento en París sobre “La financiación de la descarbonización de la industria”, con participación de representantes de ésta, de los gobiernos y de la sociedad civil. Por parte de los think tanks españoles, la Fundación Alternativas pudo asistir e intervenir activamente en el debate. 

Es importante recordar que el sector industrial supone el 40% de las emisiones totales de CO2. También que, a diferencia de lo que ocurre con el sector energético, el desempeño del primero, en cuanto a la reducción de las mismas se refiere, ha sido considerablemente menor. En el ámbito europeo ello se ha debido, en buena parte, a que ciertos sectores de la industria se han beneficiado de la proliferación de “permisos gratuitos de emisión”, que eximen a su titular de pagar un precio por su contaminación. La reforma del régimen europeo de derechos de emisión del 2023 establece la supresión gradual de los mismos de aquí al 2034.

Para muchos economistas, la tarificación del carbono o carbon pricing, que consiste en poner un precio por cada tonelada de carbono emitida, es el instrumento económico más costo-eficiente a la hora de reducir las emisiones. Es una expresión del principio “quien contamina paga”, que implica trasladar los costes ambientales de las externalidades negativas a sus responsables. Es importante que el coste de la lucha contra el cambio climático sea asumido, en buena parte, por aquéllos que más contribuyen a él.

Es importante que el coste de la lucha contra el cambio climático sea asumido, en buena parte, por aquéllos que más contribuyen a él

La tarificación del carbono es un instrumento que sirve también para rebajar los costes de producción de tecnológicas verdes (venta o compensación de derechos de emisión), al igual que ocurre con las políticas industriales verdes usadas en varios países. Adicionalmente, al incrementar los costes de producción de las industrias más intensivas en carbono, el carbon pricing facilita el acceso al mercado a las tecnologías verdes incipientes, retirando las barreras de entrada a las que se tienen que enfrentar como recién llegadas, y permitiéndoles competir mejor con las más consolidadas (como las basadas en el uso de combustibles fósiles).

Ahora bien, no se trata de crear un dilema entre tarificación del carbono o política industrial verde. La combinación adecuada de políticas climáticas dependerá de cada país y deberá ser coherente y costo-efectiva desde el punto de vista de los objetivos del Acuerdo de París. De hecho, la UE ha reaccionado reforzando su propia política industrial ante los ingentes programas de inversión verde establecidos por China o EEUU, entre otros. Prueba de ello es que, en la anterior legislatura, se puso en marcha el Plan Industrial del Pacto Verde Europeo, y que la presidenta Von der Leyen se ha comprometido a presentar en el inicio de ésta un “pacto por la Industria Limpia”.

Ahora bien, tal y como advierte el FMI, los países “no deben apoyarse mayoritariamente en políticas industriales basadas en el gasto público para alcanzar los objetivos climáticos”. Esto podría implicar fuertes riesgos desde el punto de vista del aumento de la deuda y de sus costes de financiación, especialmente para los países en vías de desarrollo.

No todos los países tienen el mismo espacio fiscal para ayudar a sus empresas, por lo que, con un exceso de subsidios, las condiciones de la libre competencia se verían falseadas en favor de aquéllos con mayor músculo fiscal. Este exceso puede ser causa de distorsiones en el comercio, y generar dinámicas de fuerte competencia entre distintas zonas del mundo. Como bien apunta Zuchman, “económicamente los créditos fiscales para las empresas son como impuestos negativos y, desde ese punto de vista, la carrera actual por los subsidios puede ser vista como una continuación a la tendencia de competencia fiscal corporativa internacional”.

De ahí la importancia de que exista una coordinación internacional, como la que se da en el ámbito de la fiscalidad. La OCDE ha sido consciente de la necesidad de esta cooperación en varias de sus iniciativas. Esta es la razón de ser, por ejemplo, del “Club Climático”. Se trata de un foro cooperativo cuyo secretariado actual ostenta la OCDE junto a otras organizaciones, y con la vocación de abrirse al mayor número de países que compartan la inquietud por lograr la efectiva aplicación del Acuerdo de París.

Pero dicha cooperación internacional entronca igualmente con la agenda multilateral para la descarbonización. No hay que olvidar que la COP 29 del mes de noviembre está abordnado, además de la cuestión vital de las ayudas para la financiación de la transición verde de los países en vía de desarrollo, el camino hacia la nueva ronda de actualización de las Contribuciones Nacionales Determinadas (NDCs). Este proceso, que culminará en la COP 30 de Brasil, va a tartar de alinear (y elevar la ambición) los planes nacionales de energía y clima con los objetivos climáticos.

En este contexto, hay que destacar la iniciativa del “Marco para la Transición Cero Neta en Emisiones de la Industria”, donde la OCDE propone una estrategia paso a paso para apoyar a los países en vías de desarrollo en lo relativo a la financiación de la transición de su industria. El resultado del trabajo de este marco servirá como contribución para perfeccionar las políticas climáticas y de financiación.

El referido evento de octubre de la OCDE sobre financiación de la descarbonización de la industria trae causa de dicho “Marco para la Transición”, y sirvió para encuadrar los retos de cara a esta financiación. Se enfatizó en el denominador común existente entre los distintos subsectores industriales (acero, cemento, sector petroquímico y textil, plásticos, etc…), cuya descarbonización se quiere acelerar.

Asimismo, se abordó el tema de los distintos tipos de financiación disponibles. Financiación que va a tener que ser masiva de aquí al 2030 y necesitará recurrir a diferentes fuentes de ingreso, desde los recursos sólidos que proporciona la tarificación del carbono hasta la decisiva contribución de la inversión privada. A este respecto, se destacó el papel que deben jugar los incentivos para que el flujo del dinero privado se dirija hacia la transición verde. También se hizo hincapié en crear las condiciones idóneas para que el riesgo de los inversores, en determinados sectores especialmente “delicados”, se comparta con el sector público. Aquí jugarán un papel clave los nuevos esquemas de reparto y disminución de riesgos, como la financiación combinada. Es esta una manera de asegurarse que la tasa de rentabilidad de las inversiones privadas no caiga por debajo de determinados umbrales. 

En definitiva, como dijo en la clausura del acto la directora ejecutiva de Medio Ambiente de la OCDE, Kumi Kitamori: “El enorme esfuerzo que va a suponer la urgente descarbonización sólo podrá ser efectivo si colaboran los países entre sí, y especialmente el sector público y el sector privado”.

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José Luis Escario es consultor en Energía y Clima y analista de la Fundación Alternativas.