Errejón, en el banquillo de Schrödinger
Cuentan las crónicas que el proceso contra Íñigo Errejón ha quedado suspendido, lo que viene a ser tanto como quedar colgado de un árbol, esperando que en un tiempo indefinido gane sazón y caiga por su propio peso, dejando mientras tanto la imagen del investigado congelada en la pantalla del espectador. Algunas informaciones matizan que, en realidad, el juez ha archivado el asunto, si bien aclarando que el cierre será revocado cuando la abogada de la denunciante se reincorpore tras su baja maternal.
La noticia nos convoca a una serie de debates. El primero, desde luego, remite al difícil encaje de la gestación y la maternidad en la práctica diaria de nuestros tribunales. El problema es sistémico: la precariedad laboral, la proletarización de la profesión y la cruel competencia en las que se mueve el ejercicio de la abogacía provocan que muchas veces las abogadas vivan su embarazo como un drama que se atraviesa con fragilidad, apretando los dientes, tratando de amarrar los clientes e improvisando aplazamientos y suspensiones. La verdadera conciliación pasaría por ofrecerles prestaciones justas, bajas debidamente remuneradas y, por supuesto, buscar respuestas colaborativas que permitieran, sobre todo a las letradas que trabajan solas, contar con ayuda colegial o con el respaldo de compañeros que suplan temporalmente su ausencia. No creo que la mejor solución sea acordar la suspensión de todos los procesos en los que intervengan abogadas y abogados con permisos de maternidad y paternidad; no obstante, a falta de otras medidas de más enjundia, esta paralización parece una previsión razonable, en garantía de sus derechos, y así se incorporó al art. 179.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en 2023. Una previsión razonable, quiero decir, en los procedimientos civiles.
Sin embargo, ahora un juez de Plaza de Castilla ha atravesado el puente de las jurisdicciones y aplicado esta disposición en un proceso penal; como la suspensión no está prevista en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, habría optado por el archivo, y aquí es donde todas las contradicciones se arman de aristas. ¿Cómo que suspender? Hay intereses públicos en juego, aparte de los derechos del propio imputado, que resultan insoslayables. Si Errejón estuviera acusado de terrorismo, ¿también se suspendería la investigación penal y se archivaría la causa, por estar de permiso de maternidad o paternidad alguno de los abogados o abogadas? No, sin duda. Entonces, ¿por qué en este caso? ¿Y qué decir de los derechos de las víctimas? Habrá quien lo defienda, pero ¿qué víctima de delito contratará a una abogada embarazada cuya primera actuación profesional será dejar en suspenso la investigación de los hechos que ella misma ha denunciado? Nada tiene sentido.
Si Errejón estuviera acusado de terrorismo, ¿también se suspendería la investigación penal y se archivaría la causa, por estar de permiso de maternidad o paternidad alguno de los abogados o abogadas?
Según parece, la denunciante contra Íñigo Errejón se habría negado a comparecer asistida de otra que no fuera su abogada actualmente de baja, lo que provoca que no pueda personarse en la causa ni ratificar su denuncia ni prestar declaración. Si esto es así, y está en su perfecto derecho, no hay materia que investigar y el asunto debería archivarse por falta de indicios, pero no abandonarse en ese extraño limbo infamante de las pantallas congeladas.
En fin, la denunciante tira la piedra y no es que esconda la mano; es que literalmente deja la piedra en el aire sobre la cabeza del denunciado. Y esto no se puede hacer. Según las noticias, la defensa de Errejón ha recurrido esta situación tan estrafalaria, que deja a su cliente inerme en el banquillo de Schrödinger: al mismo tiempo investigado y no investigado. Tiene toda la razón.
La defensa de las víctimas, sobre la que no convendrá frivolizar, exige procedimientos penales que se abran, que se tramiten sin demora y avancen en el esclarecimiento de los hechos, y no tanto procedimientos que se suspenden y se cuelgan de los sauces de la ribera, mientras nos lamentamos de lo mal que va la Justicia.
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Carlos López-Keller es socio de infoLibre.