Quién le pone el cascabel al juez
Uno de mis momentos favoritos de todos los tiempos, al que tengo en un altar porque me parece que es digno de una película de los Hermanos Marx, ocurrió hace años durante la campaña de unas generales, cuando un entonces notorio diputado del Partido Popular exclamó, tan en serio que lo decía enfadado: "¡Están politizando las elecciones!". Así que ya lo ven, todo se puede politizar, incluso hasta la propia política, y diciendo eso ya pisamos el terreno de los trabalenguas, tan habitual en algunos de los discursos que se oyen por ahí.
Pero lo que ya tiene menos gracia es la evidente politización de la justicia y su uso cada vez más descarado por parte de la derecha, que según alardeó un antiguo magistrado, cargo luego del PP y ahora aspirante a presidir la Audiencia Nacional, tiene el apoyo mayoritario de los tribunales, algunos de ellos, al parecer, dispuestos a darle a la oposición lo que no dan ni los votos ni los pactos que no es capaz de alcanzar: lo que no dan los números, que lo den los jueces, ya se sabe que, en palabras de su portavoz, hay que tumbar al Gobierno como sea.
Según se van conociendo detalles y escuchando grabaciones del proceso que el juez Peinado emprendió contra Begoña Gómez, va creciendo la sensación de que estamos ante un caso sin base alguna, ante una búsqueda de delitos que no existen y que según se van evaporando las acusaciones el instructor trata de imponer una realidad paralela que tiene poco que ver con los hechos y que aparentemente ha llegado a cruzar límites peligrosos: el ministro y aspirante inmediato a la Comunidad de Madrid, Óscar López, le ha llamado, sin andarse por las ramas, prevaricador.
Nada hay tan peligroso para la democracia como la impunidad, porque significa que se puede causar un daño feroz a una o un inocente y no asumir responsabilidad ni castigo alguno por hacerlo
Lo cierto es que oyes el interrogatorio de Peinado a Güemes donde, según han descrito los especialistas en la materia "fustiga al testigo" de manera inusual y "lo coacciona ilegítimamente" cuando este declara que no se contrató a Begoña Gómez para el cargo profesional bajo sospecha por ser esposa del presidente Sánchez. El tono del juez es el de una amenaza cuando le pregunta al declarante que no ha dicho lo que él quería oír si lo que pretende con su contestación es desautorizar el testimonio previo de otra persona, y como le responde que tal cosa no es posible, dado que no conoce tales afirmaciones –"¡Se las estoy diciendo yo!", exclama el juez– se le castiga cambiando su condición de testigo por la de investigado. Como en este mundo todo al final es lenguaje, habría que ver hasta dónde llega la palabra coacción, por ejemplo.
A estas alturas, todo parece indicar que el proceso, casi ya un poco kafkiano, contra Begoña Gómez se quedará en nada, pero cuando eso suceda llegará la gran pregunta: ¿Y ahora que? ¿Aquí no existen daños y perjuicios? ¿Lo intentamos por si suena la flauta y, si no, aquí paz y después gloria? ¿Qué hacemos con los titulares envenenados y las reputaciones malheridas? Nada hay tan peligroso para la democracia como la impunidad, porque significa que se puede causar un daño feroz a una o un inocente y no asumir responsabilidad ni castigo alguno por hacerlo. ¿Quién le pone el cascabel al juez?
