Burorrepresión

Fernando Flores

Ayer se presentó en Traficantes de Sueños el libro “Burorrepresión: sanción administrativa y control social”, una publicación de análisis y resistencia contra la utilización política de la sanción administrativa como herramienta represora del Estado dirigida a los movimientos sociales y la protesta ciudadana. Se relatan a continuación algunas ideas que los autores explicaron a los asistentes.

El fenomenal acoso y evidente derribo que el Estado Social de Derecho está sufriendo por parte de las agresivas políticas neoliberales ha producido una reacción de protesta ciudadana -colectiva, solidaria, creciente-, que los gobiernos (bien aliados, bien secuestrados por el capital) han tratado de atajar desde un principio. Sobre todo tras el 15-M de 2011.

Sin embargo, al advertir el precio que pagan en pérdida de imagen al reprimir esa protesta con violencia policial, el poder ha cambiado el enfoque de la respuesta, arrastrando ésta hacia la sombra que impide el escrutinio público de la actividad del Estado. Nace entonces la palabra “burorrepresión”, que comprendería tanto el uso de sanciones por parte de la Administración para reprimir la protesta social (aspecto “duro”, del que ya dio cuenta Patricia Goicoechea en Reprimir al fuego lentoPatricia GoicoecheaReprimir al fuego lento), como el conjunto de trabas burocráticas que implican la denegación de derechos básicos a las personas más vulnerables (aspecto “blando”). El aspecto duro comprendería, por ejemplo, las identificaciones masivas e indiscriminadas seguidas de sanciones económicas. Mientras que la mejor representación del blando sería la híper-regulación de extranjería y el desigual e impredecible trato que los inmigrantes reciben en las oficinas de la Administración. Dependiendo del objetivo a reprimir o marginar, el Gobierno utilizará la violencia directa, las sanciones administrativas o las infinitas trabas normativas.

La característica básica de la burorrepresión es la “extracción” del ciudadano del colectivo solidario a través de su individualización, la privatización del castigo. Con él se invisibiliza la represión y se impide la reacción mediática, tan temida (tan querida) por el poder. El manifestante recibe “su multa” semanas después, en el buzón de su casa, solo, alejado en ese momento de la solidaridad colectiva que caracteriza el ejercicio del derecho de reunión y manifestación.

Resulta llamativa la manipulación y retorsión de ordenanzas varias dirigidas en principio a mejorar la convivencia ciudadana (sobre ruido, basura, etc) que son interpretadas con absoluta arbitrariedad por los agentes de la autoridad para sancionar al ciudadano activo políticamente. El uso de un megáfono, la instalación de pequeñas mesas en la calle, la pegada de carteles… son acciones que, consideradas contrarias a los buenos comportamientos ciudadanos, deben ser reprimidas. Así, de forma simbólica, se convierte en “basura urbana” todo el material de protesta y se denigran los movimientos sociales que usan la calle y los derechos constitucionales de expresión para protestar contra el saqueo político y económico que el país está sufriendo.

En último término, con este modelo de represión el poder no sólo pretende obligar a los ciudadanos a ejercer un “autocontrol” en el ejercicio de sus derechos, sino también que los movimientos sociales negocien su presencia en la calle, el “cómo se debe estar en la calle”. De este modo, limitando su espontaneidad, domesticándolos, conseguirán desactivarlos aparentando respetarlos. Conseguirán una protesta institucionalizada agradable a las bases del sistema. El ideal máximo de esta idea (que no es reciente en Madrid) es crear un “manifiestódromo” con wi-fi.

Estamos asistiendo a la deriva del Estado Social en Estado Penal. Se vacía la atención a los más vulnerables y el espacio resultante se completa con contenido policial. Se penaliza la solidaridad y se aleja a los jueces del control administrativo, principal elemento de un Estado de Derecho. Y es que un Estado en manos de lo privado (esa es la deriva original) no piensa políticas sociales sino en riqueza, no entiende de reinserción sino de castigo, no habla de ciudadanos sino de enemigos.

Frente a la deriva autoritaria del Estado los movimientos sociales plantean respuestas variadas: respuestas jurídicas a cada “no” (a través de recursos administrativos y contenciosos), cajas de resistencia, desobediencia civil… y, a no olvidarlo, solidaridad social, implicación ciudadana, responsabilidad y compromiso.

La publicación de Burorrepresión es un muy buen trabajo que, con los pies en la realidad, nos informa de lo que tratan de escondernos, nos indica lo que no debemos tolerar y, así, nos prepara para una resistencia y una acción política informada.