Vallecas, la aldea gala de UPS

Siete años dicen los historiadores que duró la guerra de las Galias. Cinco llevan ya los 75 trabajadores de una empresa del barrio madrileño de Vallecas luchando contra la multinacional estadounidense UPS, un gigante que factura 54.100 millones de euros con una plantilla de 397.000 personas repartidas en 120 países. Una batalla tan desigual, y encarnizada, en efecto, como la que libraban la pequeña aldea de Astérix y Obelix contra las legiones del César en los tebeos de Uderzo y Goscinny.

Sólo que los empleados de Vallecas no son carne de tópico. Pelean, sobre todo, en los tribunales. Y, de momento, van ganando. Tienen abiertas 14 demandas contra UPS. Han sobrevivido a tres Expedientes de Regulación de Empleo (ERE). También a la venta “fraudulenta” de la empresa, por un euro, a un empresario navarro que califican de liquidador profesional de sociedades. Ya van por el segundo ERE de suspensión de contratos. Es decir, llevan desde agosto del año pasado sin trabajar, no podrán volver a hacerlo hasta enero de 2014. Y muchos de ellos han tenido o aún tienen problemas para cobrar el paro, por culpa de los retrasos –de hasta seis meses– con que se tramitan estos expedientes desde que la crisis satura las oficinas del antiguo Inem.

Sin embargo, parecen inmunes al desgaste. El 28 de mayo volverán a los juzgados. También preparan una querella criminal. Y eso que eran 300 trabajadores en 2008; ahora quedan en las instalaciones de la calle Gamonal sólo 17 personas, las únicas que han quedado excluidas del último ERE de suspensión temporal de contratos.

UPS no ha querido explicar a infoLibre cuánto dinero ha perdido por el conflicto laboral en Vallecas. Tampoco la empresa compradora, Integración de Logística Complementaria (ILC) ha contestado a los requerimientos de este periódico. Pero debe de ser bastante a tenor de la “intrincada” operación con que la multinacional quiso desprenderse de sus molestos numantinos: una compraventa que el juez de lo Social de Madrid que la anuló el pasado diciembre tachó de “tráfico ilícito de mano de obra”, no sin antes reprochar a ambas empresas su “temeridad y mala fe”.

Pago bajo cuerda

El pasado mes de junio y por el precio simbólico de un euro, la compañía estadounidense vendió a ILC, una empresa navarra cuyo objeto social son los servicios de limpieza de interiores, el centro de Vallecas. Con sus instalaciones (los terrenos, un inmueble valorado en 1,5 millones de euros), vehículos, muelles de carga, contratos de suministro, licencias necesarias para la actividad y toda su plantilla.

Claro que, además, UPS pagó bajo cuerda a su comprador 10,52 millones de euros, que ambas empresas disfrazaron como el importe existente en la tesorería del centro logístico vallecano. Sin embargo, para el juez no hay duda de que ese dinero constituye “la contraprestación principal [percibida por ILC] por hacerse cargo de la plantilla”. “Dado el volumen de facturación mensual que genera [el centro de Vallecas, apenas 200 paquetes diarios] ese importe en caja es rigurosamente inverosímil”, explica. De hecho, destaca la sentencia, el dinero procedía de una cuenta en Barclays de la propia UPS. Según el ordenamiento español, la compraventa de plantilla laboral es un “negocio jurídico ilícito”.

El juez concluye que la venta a ILC no es más que el culmen de “una estrategia iniciada en 2001 para cerrar el centro de Vallecas y prescindir del personal de UPS”. Es más, una de las cláusulas del contrato con ILC obligaba explícitamente a las partes a “no revelar el contenido del acuerdo a los empleados”. Pese a que el documento autorizaba al comprador a cambiar las condiciones de trabajo de la plantilla a los tres meses de la venta y las condiciones económicas, a los siete meses.

"Liquidador de empresas"

Según la presidenta del comité de empresa, Rosa Torres, el propietario de ILC, Fermín Elizalde Urmeneta, no es más que un “liquidador de empresas con buenos contactos con UPN [Unión del Pueblo Navarro]”. En el registro mercantil aparece como administrador único de cerca de 60 empresas. El caso es que al juez le parece sospechosa la configuración del capital de ILC que, según dice, demuestra “la configuración apresurada y de oportunidad de la titularidad empresarial que artificiosamente se construye para el alojamiento de las relaciones laborales de los demandantes”. En septiembre de 2012 su hermana, concejal de Servicios Generales del Ayuntamiento de Pamplona, fue denunciada por haberle adjudicado la limpieza de la casa consistorial.

Lo cierto es que, como el acuerdo con UPS le prohíbe ejecutar despidos colectivos durante 18 meses, ha optado por dos ERE sucesivos de suspensión de contratos que afectan a 55 de los 75 empleados de Vallecas. Un movimiento que el juez le afea por haber “reinstalado a renglón seguido [a los trabajadores] en el subsidio de paro a cargo de fondos públicos”.

Compra de Cualladó en 1991

UPS ha recurrido la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, lo que promete alargar el conflicto bastantes meses más. En enero de 2014, fecha límite del ERE de suspensión, también terminan los 18 meses en que el acuerdo prohíbe los despidos colectivos. Otra batalla en una guerra que se remonta a 1991, cuando la multinacional estadounidense adquirió Transportes Cualladó para introducirse en España. A partir de esa pequeña empresa situada en Vallecas, UPS se expandió hasta tener ocho centros en todo el país. Los trabajadores vallecanos, procedentes de la extinta Cualladó, son los únicos en UPS con contratos fijos y antigüedades que rozan los 30 años. En el resto, la empresa prefiere trabajadores autónomos o recurre a las subcontratas, explica el comité.

En 2001, abrió unas nuevas instalaciones en Coslada, a las que comenzó a desviar la carga de trabajo de la calle Gamonal. Su intención, nunca ocultada, era cerrar el centro de Vallecas. Sus trabajadores pidieron ser trasladados a Coslada siempre que se respetaran sus condiciones laborales, que UPS les había garantizado en el acuerdo de venta firmado en su día con Cualladó.

La cúpula de la multinacional UPS, imputada por acoso laboral y coacciones a su plantilla de Vallecas

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ERE con beneficios, rechazado

La multinacional, en cambio, presentó entre 2008 y 2010 tres ERE, de los cuales dos fueron rechazados por las autoridades laborales: la empresa tenía beneficios millonarios. El tercero fue retirado por la propia UPS, que lo sustituyó, apenas dos días después de aprobar el Gobierno del PSOE su reforma laboral, en julio de 2010, por el despido de 18 trabajadores. El juez declaró improcedentes 13 de ellos y nulos dos más. ILC también ha despedido, por razones disciplinarias, a otros tres trabajadores, que han recurrido a los tribunales.

La sentencia establece como hecho probado que ILC sólo tiene como clientela la que le ha suministrado UPS y que los transportes que realiza se limitan al “tráfico hasta y desde Coslada”. Rosa Torres se lamenta del deterioro inevitable de las instalaciones. Antes, a plena actividad, se manipulaban hasta 15.000 paquetes, ahora no llegan a 200 diarios. Han desaparecido los logos de UPS, pero no han sido sustituidos por los de ILC. Aun con los contratos suspendidos y sin cobrar el paro, los trabajadores siguen yendo todos los lunes, miércoles y viernes a la puerta del centro en la calle Gamonal a dejar constancia de que no van a rendirse. Han organizado una caja de resistencia. Tienen como bandera una defensa del puesto de trabajo muy poco habitual. Muy lejos del tópico.