La cúpula de UPS, imputada por coacciones y acoso a su plantilla de Vallecas

El director general de la multinacional UPS en España, Daniel Carrera, así como otros tres directivos de la compañía estadounidense acudirán el próximo lunes a declarar como imputados al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. El motivo es la querella que los trabajadores del antiguo centro de UPS en Vallecas han interpuesto contra la multinacional y contra ILC, la empresa navarra a la que vendió las instalaciones en junio de 2012 por sólo un euro. La operación fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) el pasado mes de noviembre por fraudulenta y por constituir un caso de tráfico ilegal de mano de obra. Ahora, los empleados de Vallecas, que llevan seis años batallando por sus puestos de trabajo contra la primera multinacional logística del mundo, acusan a ambas empresas de acoso laboral, delitos contra los derechos de los trabajadores y coacciones.

El titular del juzgado ha abierto diligencias porque considera que tanto de los hechos como de la documentación aportada por los querellantes se desprenden indicios de la comisión de esos delitos. De ahí que haya imputado, además de al director general de UPS, al director del centro de trabajo de la multinacional en Madrid, Jesús Pérez Novellas; a su director de Relaciones Laborales, Juan Manuel Lucas González, y a la directora de Recursos Humanos, María Aranzazu Fernández Igoa.

También declararán como imputados el administrador único de Integración de Logística Complementaria (ILC), Fermín Elizalde Urmeneta, y el director del centro de Vallecas, José María Pérez-Reverte.

Compraventa de plantilla laboral

El TSJM ratificó otra sentencia del un juzgado de lo Social que condenó a UPS e ILC por llevar a cabo una “compraventa de plantilla laboral”, los 75 trabajadores del centro logístico de Vallecas, una operación que constituye “un negocio jurídico ilícito”, un tráfico ilegal de mano de obra. También confirmó la multa de 6.000 euros por “temeridad y mala fe” que el juzgado impuso a ambas empresas por “intentar ocultar[le] los aspectos fundamentales de la operación, mediante actuación contraria a la lealtad, buena fe y probidad procesal”.

Según el tribunal, las empresas sustituyeron el texto original de la operación “por una reseña incompleta, parcial, sesgada e interesada, a través de un instrumento atípico”, un acta de manifestaciones ante un notario. Esta “actuación poco ortodoxa” obligó al juzgado a realizar diligencias que demoraron el procedimiento, lo que perjudicó a los trabajadores, con el contrato suspendido desde agosto de 2012 y sin percibir aún en ese momento prestación por desempleo alguna.

La sentencia no sólo declaraba la nulidad de la sucesión empresarial, sino que también reconocía el derecho de la plantilla de Vallecas a reintegrarse en UPS. Aún no se ha ejecutado, pendiente de los recursos al Tribunal Supremo que han presentado ambas empresas. Mientras, ILC sigue al mando del centro vallecano, cuya exigua plantilla se encuentra inmersa en un segundo ERE temporal, hasta marzo de 2015, después de haber agotado ya el plazo del primero, iniciado en agosto de 2012 por el comprador, ILC, a los 20 días de firmar la operación fraudulenta. De las 300 personas que trabajaban en Vallecas en 2008 ahora sólo queda una quincena, las únicas que han quedado excluidas del ERE de suspensión de contratos. El pasado junio, además, la empresa navarra les bajó los sueldos un 54%les bajó los sueldos un 54%. La actividad en el centro logístico vallecano es mínima, según explican los trabajadores, que no han cejado en sus protestas a las puertas de las instalaciones.

Estrategia premeditada desde 2001 para cerrar Vallecas

La historia comenzó en 2001, cuando UPS decidió abrir otro centro en Coslada y cerrar el de Vallecas. Allí se concentraban los trabajadores de Cualladó, la empresa que la estadounidense había comprado en 1991 para instalarse en España. Todos con contrato indefinido y antigüedades que rozan los 30 años. En el resto de sus instalaciones, la multinacional prefiere recurrir a los autónomos o las subcontratas.

La estrategia de UPS todos estos años, tal como la describe el juez en su sentencia, se basaba en derivar volumen de trabajo al centro de Coslada, mientras “deterioraba y mermaba la actividad de Vallecas”. “Siempre se ha dirigido la acción a cerrar el centro de Vallecas extinguiendo los contratos, no agotando otras posibilidades o abriendo otras vías de reestructuración”, le recriminaba a la multinacional el juez, en una fundamentación que el TSJM compartió después. De hecho, el tribunal no aceptó ni uno solo de los argumentos de UPS e ILC contra la sentencia del juez de lo Social.

Desde 2008 la plantilla de Vallecas ha sobrevivido a tres Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), que fueron anulados por el Ministerio de Trabajo y la Consejería de Trabajo de la Comunidad de Madrid. Otro juez, además, declaró nulos en 2011 tres despidos e improcedentes los de otros 14 trabajadores.

Toda esta batería de actuaciones son las que ahora fundamentan la querella de los trabajadores contra UPS, un gigante que factura 54.100 millones de euros y posee una plantilla de 397.000 personas repartidas en 120 países.

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Por su parte, Fermín Elizalde, que en el registro mercantil aparece como administrador único de cerca de 60 empresas, es el propietario del grupo de servicios ISN. Su hermana es concejal en el Ayuntamiento de Pamplona por Unión del Pueblo Navarro (UPN), el partido que gobierna en Navarra.

Elizalde es uno de los firmantes de un escrito que criticaba las inspecciones realizadas por la Hacienda navarra a establecimientos de hostelería de Pamplona y que fue enviado a la consejera de Economía, Lourdes Goicoechea, según publicó Noticias de Navarra. Es éste uno de los elementos del escándalo que sacudió en febrero la Hacienda foral y el Gobierno de Yolanda Barcina, después de que la exdirectora gerente de la Hacienda Tributaria de Navarra Idoia Nieves acusara en el Parlamento a la consejera de Economía de reiterados intentos de “intromisión” e “injerencias”. Goicoechea es asesora fiscal de profesión.

Tras recibir la mencionada carta, la consejera encargó un informe a un organismo externo sobre el procedimiento seguido en las auditorías fiscales a la hostelería, lo que suscitó las protestas de los inspectores. El asunto forma parte del trabajo que está llevando a cabo una comisión de investigación creada en el Parlamento navarro al efecto.