El Gobierno de Aznar ocultó su expediente de registrador en un “archivo de seguridad”

El Gobierno de José María Aznar dio instrucciones en 2001 a la Dirección General de los Registros y del Notariado del Ministerio de Justicia para esconder en un “archivo de seguridad” el expediente de Mariano Rajoy como registrador de la propiedad. También envió a ese archivo, inexistente hasta entonces, los expedientes de otros dos registradores: Ignacio del Río, entonces concejal de Urbanismo del PP en Madrid, y José Luis Benavides del Rey, titular del Registro Mercantil Central. La orden, escrita y de carácter interno, fue cursada por la directora general de Registros y del Notariado de aquel momento, Ana López-Monís Gallego. A punto entonces de cumplir 11 años como registrador en servicios especiales –la excedencia concedida a los diputados–, Rajoy cesó el 27 de febrero de 2001 como ministro de Presidencia para asumir la valorada cartera de Interior.

En conversación telefónica con infoLibre, Ana López-Monís respondió desde su notaría madrileña que no recuerda haber impartido la orden de trasladar los expedientes de Rajoy, Del Río y Benavides a un archivo de seguridad. “No me acuerdo de haber firmado esa orden yo, la verdad”, dijo. “Ha pasado mucho tiempo y no recuerdo haber hecho nada de eso, así que siento no poderle ayudar”, añadió. Cuando este diario subrayó a López-Monís lo peculiar de esa directriz, la notaria asintió y convino en que, efectivamente, los expedientes de los registradores se archivan en el servicio de registradores y recalcó que conoce a los tres registradores cuyos expedientes se trasladaron. “Pero no recuerdo haber dado ninguna de esas órdenes”, reiteró.

A renglón seguido, preguntó si es posible que la orden fuese anterior a su llegada a la dirección general, lo que ocurrió el 12 de mayo de 2000. A la respuesta de que fue dictada por ella, la notaria respondió ahora del siguiente modo: “Me extraña muchísimo, pero si usted lo dice será así. Había tantas cosas, que…, pero no, no lo recuerdo, no es que quiera ocultarle nada”.

El expediente de Rajoy, sobre cuya doble situación como registrador y cargo público desde 1981 nunca ha accedido el PP a dar explicaciones, contenía lo que todos los historiales de esa naturaleza: los registros a cuya titularidad había ido accediendo desde su entrada en este cuerpo de funcionarios en 1978 y las solicitudes de compatibilidad de cargo público que sucesivamente elevó para mantener la titularidad de cada registro en cuestión.

El expediente fue recuperado en 2004 una vez que José Luis Rodríguez Zapatero llegó al Gobierno. A pesar de que importantes dirigentes del PSOE fueron informados de este hecho, los socialistas nunca desvelaron lo ocurrido.

Ocultos en un fichero con llave

Los expedientes se ocultaron en un fichero con llave localizado en el despacho de la directora general. Tras la victoria del PSOE en las elecciones de 2004 fue nombrada nueva responsable de la Dirección General de Registros y del Notariado Pilar Blanco, quien cursó otra orden escrita que anulaba la anterior y en la que impartía instrucciones para que los expedientes de Rajoy, Del Río y Benavides fueran depositados de nuevo en el servicio de Registradores, donde se almacenan los historiales de los casi 800 registradores de España. Pilar Blanco se ha negado, en conversación con este periódico, a realizar cualquier comentario sobre su etapa como directora general en el Ministerio de Justicia.

El “archivo de seguridad” invocado por López-Monís en su orden de 2001 jamás ha existido oficialmente como tal. En la Dirección General de Registros y del Notariado sí hay tres archivos reservados, pero ninguno de ello relacionado con notarios o registradores. En uno, se guarda el registro civil de la Familia Real. En otro, los expedientes de matrimonios secretos, por ejemplo, los celebrados por testigos protegidos y que se preservan ocultos como medida precautoria para su cónyuge. En el tercer archivo se custodian los expedientes de nacionalidad en los que, por razones de seguridad del Estado, han intervenido los servicios de inteligencia.

La historia del registrador Rajoy

¿Por qué ordenó el Gobierno del PP ocultar el historial legal de Mariano Rajoy como registrador? De momento, no hay respuesta para la pregunta. Como no la hay para la forma en que el hoy presidente compatibilizó a partir de 1981 sus cargos públicos con el rango de titular de sucesivos registros de la propiedad. Objeto de una controversia cíclica, el doble estatus del presidente del Gobierno como cargo público y registrador se presenta hoy como una ecuación de varias incógnitas. Este diario ha enviado diversas preguntas a Moncloa para conocer su versión, pero el gabinete de comunicación del presidente del Gobierno no ha respondido a ninguna (ver La caja negra al final de este texto).

La primera duda y primordial es si alguna vez percibió doble retribución. La segunda, menos relevante pero no baladí, es la de por qué Mariano Rajoy nunca hizo constar en su declaración de actividades del Congreso la renuncia a su plaza de registrador. El formulario de esa declaración, durante años la única conocida hasta que las Cortes dieron vía libre a la publicidad de la de bienes y rentas, contiene una casilla expresamente reservada a las actividades públicas a que ha renunciado el diputado o senador por razón de su cargo. Numerosas declaraciones de actividades reflejan en ese espacio cómo el declarante aparcó al obtener su escaño el puesto de profesor o de abogado del Estado o cualquier otro de carácter funcionarial. La de Rajoy aparece vacía, pese a que los registradores, aun con su amplia y generosa gama de peculiaridades, son funcionarios.

Dos años de trabajo en Santa Pola

Cuando, el 19 de diciembre de 1981, el líder del PP obtuvo su primer escaño –en el Parlamento de Galicia–, aún tenía a su cargo el registro de la propiedad de Padrón (A Coruña). Al año siguiente, logró la plaza de Berga (Barcelona) y en 1985 obtuvo el puesto de registrador de Elche número 4 (Alicante). En 1987 desembarcó finalmente en el registro de la también alicantina localidad de Santa Pola, cuya titularidad mantiene desde entonces.

En aquel momento se abrió un breve paréntesis en el que Rajoy no ocupó cargos públicos, entre 1987 y 1989, y tuvo que atender el Registro de Santa Pola. En los 32 años transcurridos desde que logró su primer cargo hasta la actualidad, el presidente del Gobierno sólo ha trabajado como registrador esos 25 meses de la década de los ochenta. Pero siempre ha mantenido la titularidad de los diversos registros que fue ganando en concurso. Así consta en el escalafón oficial de los registradores que publica anualmente el Ministerio de Justicia, al que ha tenido acceso infoLibre (ver documentos adjuntos).

En mayo de 1983, y ya con el acta de diputado gallego y otra de concejal de la extinta Alianza Popular (AP) por Pontevedra, se convirtió en presidente de la Diputación de esa provincia. En junio de 1986, su carrera política experimentó un salto al lograr su primer escaño en el Congreso, donde permaneció apenas cinco meses antes de ascender a la Vicepresidencia de la Xunta. Un año más tarde, en septiembre de 1987, AP perdió el Gobierno gallego y Rajoy enfilaba lo que en ese momento parecía una retirada de la primera línea de la vida política. Pero su apartamiento duró solo dos años: el 29 de octubre de 1989, Rajoy regresaba al Congreso de los Diputados y emprendía el camino que terminó sentándole en la cúpula del PP y en la Presidencia del Gobierno.

Poco después de su elección como diputado en 1989, Rajoy solicitó a la Dirección General de Registros y del Notariado que lo declarase en situación de servicios especiales con reserva de plaza. La resolución aceptando su petición lleva fecha de 7 de marzo de 1990 y se publicó en el BOE el día 24 de ese mes. Además, se nombra registrador interino de Santa Pola a Francisco Riquelme Rubira, que era el titular del registro de Elche número 3.

A la vista de los datos, la pregunta continúa, por tanto, siendo la misma: ¿cobró Rajoy en algún momento como registrador y como político? La resolución de la incógnita se ve dificultada por la brumosa legislación que afecta a los registradores, los únicos funcionarios públicos junto a los notarios que perciben honorarios y no un sueldo y los únicos que en la práctica operan como profesionales privados en régimen de monopolio.

Respuestas a Llamazares

Izquierda Unida ha intentado deshacer la madeja en dos ocasiones. En ambas, con preguntas parlamentarias cuya respuesta ha sorteado el Gobierno, especialmente cuando la formación planteó una batería de siete cuestiones que requerían contestación para lo sucedido con Rajoy casi año por año desde 1981, fecha de su primer cargo público.

Llamazares planteó sus preguntas el 11 de febrero de 2013. Lo hizo después de que, una semana antes y ya en pleno escándalo por los papeles de Bárcenas, Rajoy destacara ante la Ejecutiva del PP que como registrador de la propiedad habría ganado más que dedicándose a la política.

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Llamazares hacía mención expresa al hecho de que la declaración de Rajoy mostraba en blanco la casilla reservada a aquellos puestos de “función pública” a los que había renunciado el diputado. E inquiría respuesta exacta para una pregunta muy concreta: ¿cuánto cobró como registrador hasta 1990?

El Ejecutivo dejó pasar dos meses antes de ofrecer una respuesta. Y cuando la dio, obvió cualquier mención a las preguntas concretas formuladas por el diputado Gaspar Llamazares sobre cada uno de los registros a los que, desde 1981 y sucesivamente, fue incorporándose Rajoy mientras desempeñaba cargos públicos.

El Gobierno se sacudió las preguntas relativas al periodo comprendido entre 1981 y 1987, año en que comenzó el paréntesis de dos años de alejamiento de la política. Lo hizo acudiendo a una fórmula que nada aclaraba: “El presidente del Gobierno, a lo largo de su vida administrativa y en el ejercicio de sus cargos, se ha ido sujetando en cada momento a la legislación vigente en materia de función pública, en materia de incompatibilidades de cargos públicos y en materia de registros. Sobre el registro de Santa Pola, aquel que originó en marzo de 1990 la resolución ministerial que colocó a Rajoy en situación de “servicios especiales”, el Gobierno contestó de manera similar a la utilizada en 2012, cuando Llamazares hurgó por primera vez en el asunto. Y esa versión puede resumirse así: el registrador titular, que es Rajoy, se encuentra en excedencia por su cargo público, por lo cual “no puede recibir del mismo ninguna remuneración, como así sucede”. Hasta aquí, la versión oficial.