Violencia machista: más crisis y recortes, menos denuncias

Concha E., de 44 años, es la última mujer asesinada en España este año supuestamente a manos de su expareja. Antes que ella, sólo en 2013, otras 44 mujeres han muerto por violencia machista, según los datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. De estas últimas sólo ocho (un 18,2%) habían denunciado. Una había retirado la denuncia. Otra no tenía medida de protección a pesar de haberla solicitado. Las otras cinco que la habían pedido sí la obtuvieron. A estas mismas alturas del año en 2012 habían sido asesinadas por sus parejas o exparejas 45. En 2011, fueron 54 y en 2010, 63.

Años antes, en 2004, la Ley contra la Violencia de Género sacó esta lacra de ámbito privado y la puso en el centro del debate y la preocupación pública. Desde entonces, coinciden en el actual Gobierno, en los partidos de la oposición y en las asociaciones de mujeres, se ha avanzado mucho. Sin embargo, la percepción general es también la de que para acabar con la violencia machista hace falta legislación, aunque también políticas adecuadas y, por tanto, dinero.

El Ejecutivo dice estar trabajando "a fondo" en esta línea. El pasado julio aprobó la Estrategia para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres 2013-2016, que, entre otros asuntos, propone que las casas de acogida atiendan los casos más graves de maltrato en 24 horas o la extensión de la libertad vigilada para los maltratadores condenados que salgan de la cárcel. En el Gobierno aseguran que el plan está dotado con fondos: la ministra Ana Mato dijo que contará con 1.540 millones de euros, si bien nunca ha especificado qué parte de ese dinero pondrá la Administración central. De hecho, la idea es que los fondos salgan de ministerios, autonomías e incluso asociaciones de mujeres.  Sin embargo, la realidad es que cuatro meses después de su presentación en el Consejo de Ministros no ha habido grandes avances en este ámbito. Y los recortes siguen llegando a los programas para la prevención de la violencia de género y a las políticas en favor de la igualdad. El presupuesto destinado a la prevención se reducirá un 1,5% en 2014 –pasará de 22,19 a 21,85 millones–, si bien el recorte acumulado desde la llegada del PP al Gobierno es mucho más significativo.

El próximo año habrá un 28% menos de presupuesto que en 2011 para la la lucha contra la violencia machista. El dinero dedicado a la promoción de la igualdad de oportunidades sufre desde ese año un recorte acumulado de más del 37% en los últimos dos años. En 2011 se presupuestaron 30,46 millones y en 2014, 19,07. 

Estas cifras, unidas a los recortes que se están llevando a cabo en las comunidades autónomas, preocupan a partidos, sindicatos y colectivos de defensa de los derechos de las mujeres. "La ley integral sigue teniendo vigencia, pero los recortes dejan sin efecto su aplicación", señala Purificación Causapié, secretaria de Igualdad del PSOE. En este sentido, recuerda que las transferencias corrrientes a las comunidades, que se utilizan para desarrollar programas de asistencia social para mujeres que han sufrido maltrato también han sufrido desde 2011 un recorte de más del 20%.

"Meter la tijera en la red de centros y servicios, en el personal, dejar a las mujeres sin un lugar a donde ir, sin centros de información y asesoramiento, sin un lugar en el que se les preste apoyo psicológico... es muy grave y muy cruel", añade Causapié. "Todos los recortes sociales afectan a las personas más vulnerables y la violencia de género es una situación de vulnerabilidad extrema. Es importate que se garantice la existencia de una red de servicios mínimos", señala Marisa Soleto, directora de la Fundación Mujeres. 

No obstante, resulta arriesgado establecer una relación causa efecto entre el recorte presupuestario y el repunte de los asesinatos de mujeres. Sí tiene que ver, y mucho según las fuentes consultadas, el actual contexto de crisis económica. Con menos posibilidades para salir adelante solas y con las redes de apoyo público debilitadas por los recortes es más complicado escapar de la espiral de la violencia machista. De hecho, las cifras certifican una tendencia a la baja en el número de denuncias.

Según datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), las víctimas por violencia machista presentaron en el pasado año 128.543 denuncias, un 4% menos que en 2011. Un 12,13% de ellas las retiraron. Desde 2008 el número de denuncias ha caído un 9,6%. Sin embargo, la efectividad de la denuncia como parte del sistema de protección no está en duda. Y la realidad es que, de media, el 75% de las mujeres asesinadas por sus parejas no habían denunciado a sus agresores.

"La crisis ha agravado un factor que siempre ha existido y que es la dependencia económica del agresor. Cuando una mujer no tiene garantizado el gasto ordinario de la familia no da el paso. Ahora la incertidumbre laboral es más grave y está claro que la precariedad y la temporalidad en el empleo afectan en mayor medida a las mujeres. En el ámbito judicial los recortes se están notando en que ha disminuido el número de oficinas de atención a las víctimas", analiza Inmaculada Montalbán, presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). 

Las fugas de la vía judicial

"La realidad nos dice que sigue siendo necesario un instrumento legal, aunque también que hay que hacer evaluaciones de calidad. A nivel judicial hay un ámbito de mejora evidente", señala Soleto. Amalia Fernández, miembro de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, también hace autocrítica y señala que otra de las posibles causas del descenso en el número de denuncias es la falta de respaldo que, a veces, las víctimas encuentran en la Justicia. "A menudo se las ve como sospechosas. Y eso es algo que no se puede permitir cuando han dado el paso de ir ante el juez", asegura.

En este sentido, las asociaciones de mujeres creen también que hay que reforzar la protección de los menores frente a los delitos de violencia de género. "La inaplicación reiterada de la retirada de custodia o la supresión del régimen de visitas es uno de los asuntos que más daño está haciendo a las mujeres que denuncian. Pueden producirse casos tan surrealistas como que se conceda la custodia al presunto agresor bajo la argumentación de que tiene mejor horario laboral que la presunta agredida, Esto no está prohibido por la Ley", dice Soleto.

Montalbán cree, sin embargo, que sí ha habido avances en el terreno judicial. Y recuerda que existen más de quinientos órganos judiciales especializados en todo el territorio español. "La respuesta se ha mejorado, aunque es cierto que hay que seguir trabajando en la formación. Las mujeres son acompañadas con asistencia letrada, las órdenes de protección tras la comparecencia de la víctima y el agresor se dictan en un plazo máximo de 72 horas, las amenazas y las coacciones se castigan...", asevera.

Sin embargo, cree que sigue siendo necesaria más especialización y que se garantice que, viva donde viva, una mujer pueda ser atendida por los servicios pertinentes. "Actualmente hay una gran dispersión de los recursos y una gran heterogeneidad, porque los recursos sociales asistenciales son dependientes de las comunidades autónomas, que son quienes tienen las competencias en esa materia", señala. 

La importancia de la prevención y la especialización 

Que la prevención de la violencia de género debe empezar por la educación, en las aulas, es algo en lo que también coinciden sindicatos, partidos de la oposición y asociaciones de mujeres, que ahora reclaman al Gobierno que recupere la asignatura Educación para la Ciudadanía, eliminada del currículo con la reforma a la que este jueves dio luz verde el Senado y que se aprobará de forma definitiva esta semana en el Congreso. El Gobierno se defiende bajo el argumento de que el temario de esta asignatura se ofrecerá ahora de forma transversal y que se incluirá en las alternativas no excluyentes a la Religión Valores Culturales y Sociales en Primaria y Valores Éticos en Secundaria. Sin embargo, por el camino ya se han eliminado para este curso las "cuestiones controvertidas y susceptibles de adoctrinamiento ideológico" y se omiten en el temario las alusiones a la homofobia o las discriminaciones. 

"Me preocupa que se adopten medidas como la supresión de Educación para la Ciudadanía, que es uno de los motores de la Ley contra la Violencia de Género. Era una materia destinada a evitar comportamientos machistas y que ahora quedará diluida en otros contenidos", lamenta Montalbán. 

Causapié llama la atención sobre la importancia de la prevención desde las escuelas. Recuerda que un estudio realizado por investigadores de la Universidad Complutense publicado la pasada semana recoge que el 10,5% de las chicas de 14 a 19 años reconocen haber sido maltratadas por sus novios, frente al 9,6% registrado por el mismo estudio en 2010. “Esto es gravísimo y debería hacer pensar al Gobierno la importancia de que la asignatura de Educación para la ciudadanía, donde se establecían las bases para la prevención, vuelva con urgencia a las escuelas", señala. 

Sindicatos como CCOO también se han mostrado a favor de la incorporación de la "perspectiva de género" en el currículo educativo, de manera que "se evite el androcentrismo y se visibilice a las mujeres y sus aportaciones a la historia y la cultura de la humanidad". "La educación es un ámbito especialmente llamado a promover cambios que acaben con todo tipo de discriminación, por lo que es necesario que se refuercen los medios para fomentar en los centros las relaciones de igualdad entre las personas", reclama la federación de Enseñanza de esta organización en un comunicado.