CCOO y UGT advierten de que el Gobierno está “desmantelando” los servicios públicos de empleo
CCOO y UGT advirtieron este viernes de que el Gobierno está "desmantelando" los servicios públicos de empleo al recortar su presupuesto y confiar a las agencias privadas de colocación un servicio, el de ayudar a la inserción laboral, que debe ser público. Las organizaciones sindicales señalaron que la colaboración público-privada puede ser positiva, "siempre que no suponga un recorte de los servicios públicos y su asfixia para financiar a las entidades privadas", informa Europa Pres.
CCOO y UGT creen que la "privatización" de los servicios de inserción e intermediación de los servicios públicos de empleo es arriesgada, pues "el afán de lucro, que es consustancial a las entidades privadas, puede convertir a las personas desempleadas en mera mercancía". Los sindicatos critican que mientras se incrementan los recursos para financiar las agencias de colocación, la partida presupuestaria dirigida a la modernización de los servicios públicos de empleo se reduce casi el 50%.
Asimismo, han recordado que el Gobierno "prescindió" de los 3.000 orientadores y promotores de empleo que trabajaban las oficinas de empleo para ayudar a la inserción de personas desempleadas en el mercado de trabajo. "Estamos asistiendo al desmantelamiento de los SPE (...) El Estado debería ser garante de los objetivos generales de las políticas de empleo y no un activo colaborador de la intervención privada, especialmente comprometida con la creciente precarización del mercado de trabajo", precisan.
UGT y CCOO han mostrado su su preocupación por la capacidad de las comunidades autónomas para suscribir sus propios convenios con las entidades privadas de colocación. Aunque por regla general se establece que el contrato tiene que ser de al menos seis meses a tiempo completo o de ocho meses si es fijo discontinuo, si el contrato fuese a tiempo parcial las regiones podrían establecer minoraciones proporcionales al tiempo de trabajo, subrayan las centrales.
Asimismo, denuncian que las comunidades también pueden decidir la inclusión de un pago por cada parado derivado a las agencias de colocación, aunque no logren su inserción. "Nos tememos que los colectivos que deriven los servicios públicos a las agencias de colocación puedan ser prioritariamente personas en paro que estén cobrando algún tipo de prestación", avisan.
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80 agencias privadas optarán a los contratos con el SEPE
La Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) cerró hace unos días la lista de las 80 agencias privadas de colación (de las más de 200 que se ofrecieron) que optarán a contratos para colaborar con los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas en la inserción de parados en el mercado laboral. El Ejecutivo ha previsto que los contratos que se firmen alcancen un gasto para las administraciones de 200 millones de euros en un horizonte de vigencia de dos años, prorrogables hasta otros dos.
Las agencias privadas de colocación obtendrán entre 300 y 3.000 euros por cada desempleado al que faciliten un empleo. Las cuantías variarán dependiendo de la edad y del tiempo que lleve el desempleado fuera del mercado laboral, desde los tres a seis meses, hasta más de años.
