LOS EFECTOS DE LA GESTIÓN DE LA CRISIS
España es el líder de Europa en desigualdad por el paro crónico y el empleo juvenil precario
España es el país desarrollado donde más ha crecido la desigualdad durante la crisis. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) asegura en su último Informe Mundial sobre Salarios que la distancia entre las capas más ricas y las más pobres se ha disparado en España entre un 40% y un 50%. Lo que nos convierte enel país más desigual entre las naciones más desarrolladas, sólo detrás de Estados Unidos. La crisis ha tocado a toda Europa, y los recortes y las “reformas estructurales” han provocado efectos parecidos en el continente, pero en España una y otros han abierto un socavón que puede tardar demasiados años en cerrarse. Las causas, dicen los expertos consultados, se hallan en el paro de larga duración y el mayor impacto del desempleo, la precariedad y la devaluación salarial en los jóvenes.
En efecto, en España el paro de larga duración –el de quienes llevan más de un año sin trabajar– ha crecido al doble de velocidad que en el resto de la Unión Europea entre 2010 y 2013, según el Instituto de Estudios Económicos (IEE), el think tank de la CEOE. De acuerdo con la última Encuesta de Población Activa (EPA), casi 3,5 millones de trabajadores, el 62% de los desempleados, llevan más de un año en el paro. Y otros 2,34 millones, más de dos años. Cuanto más tiempo se consume sin trabajar, más difícil resulta reincorporarse al mercado de trabajo. Y mientras, se consumen también las prestaciones públicas. Primero las contributivas, las más elevadas, y luego los diferentes tipos de subsidios, que rondan los 426 euros mensuales y dejan muy poco margen de supervivencia.
Así, consecuencia también del aumento del paro de larga duración, de la prolongación de la crisis –seis años– y de los recortes practicados por el Gobierno en el acceso y las cantidades de las prestaciones, son cada vez más las personas que no perciben ningún tipo de ayuda pública. De acuerdo con los últimos datos del Ministerio de Empleo, el número de parados que cobran la prestación contributiva ha caído en casi 400.000 en los dos últimos años. En total, más de dos millones no reciben ayuda alguna del Estado.
“El fuerte crecimiento económico [de los años de la burbuja inmobiliaria] estaba escondiendo algunos problemas estructurales de nuestra economía que se han puesto de manifiesto con la crisis”, explica Antonio Villar, investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE). El paro estructural por encima de la media europea, la baja productividad, un mercado laboral muy segmentado entre contratos temporales e indefinidos, el peso desmedido de la construcción son algunas de esas taras. A partir de 2005, asegura Villar, la distribución de la renta, que no había dejado de crecer desde los años 80, empezó a ser cada vez más desigual. La riqueza que se estaba creando se repartió de forma muy diferente según los grupos sociales. Los inmigrantes eran quienes se quedaban con los salarios más bajos.
Con la crisis, la brecha se agrandó. “No sólo se ha hecho mucho más desigual la distribución de la renta personal, sino que además han aumentado las diferencias entre comunidades autónomas y las familias de las clases medias son cada vez más pequeñas mientras que las más pobres cada vez tienen más miembros”, describe.
Sin políticas activas de empleo
Coincide con él Guillem López Casasnovas, catedrático de la Universidad Pompeu Fabra. “Quienes más han notado la caída”, destaca, “han sido los jóvenes, con escasos trabajos y peor retribuidos, y los parados de larga duración sin capacidad de alcanzar con sus empresas acuerdos acordeón que, a través de convenios especiales, les permitieran su transición a la jubilación”. López Casasnovas advierte de otra diferencia fundamental con el resto de Europa: “La falta de políticas no contributivas para la población activa que no consigue empleo o no puede reconvertirse hacia nuevas ocupaciones al nivel exigido por la evolución del mercado de trabajo”. En estos seis años no se han modificado las llamadas políticas activas de empleo ni se ha puesto en marcha la formación profesional dual, pese a los continuos requerimientos de la Unión Europea al Gobierno español.
El catedrático de la Pompeu Fabra cifra entre el 20% y el 25% la devaluación salarial sufrida por los trabajadores españoles durante la crisis. “Es la prevista por los analistas, pero toca suelo cuando hace entrar en una espiral recesiva a nuestra demanda interna”, precisa. Cuando el 34% de los asalariados cobra menos de 645 euros al mes, como revelan las estadísticas de la Agencia Tributaria, resulta complicado animar el consumo. Antonio Villar apunta que el gasto medio de la población se ha hundido un 17%. En el caso de los hogares encabezados por una persona entre 16 y 29 años, el desplome se dispara al 32%.
“Lucha de generaciones”
Porque para Antonio Villar el problema crucial es lo que llama “lucha de generaciones”. A su juicio, la crisis ha dado “un vuelco” a la distribución de la renta entre los distintos grupos de edad. “Los jóvenes están siendo los principales paganos de esta crisis en nuestro país”, resume. El paro juvenil ha duplicado siempre, no sólo ahora, y no sólo en España sino también en el resto de Europa, al paro de la población general. Pero mientras en la UE creció un 34% entre 2006 y 2013, en España se disparó un 200%. Lo explica Antonio Villar en un informe sobre el tema publicado en la revista Panorama Social de Funcas, el think tank de las cajas de ahorro. Según Eurostat, el paro español de larga duración entre los menores de 29 años era del 17,8% en 2013, más del doble que el de la zona euro, y ocho veces el registrado en 2008. El de Italia, no muy distante, un 15,9%, sólo se duplicó en ese intervalo de cinco años. En Francia es del 6%.
Así pues, no es de extrañar que con el 53,8% de los jóvenes en paro, el 78% de los españoles menores de 30 años sigan viviendo en casa de sus padres. En Europa la media es del 48%.
Otra tara estructural del mercado de trabajo español que perjudica doblemente a los más jóvenes es la hegemonía de los contratos temporales. Según los datos del Ministerio de Empleo, el 92,3% de los contratos que firman los menores de 30 años son de este tipo. Antonio Villar resalta que, además, el 45% de ellos les duran menos de un año. El binomio juventud/contrato temporal redunda en peores sueldos, más inseguridad laboral, menos productividad…
Brecha educativa
Las subvenciones a los contratos no favorecen el acceso de los jóvenes al empleo indefinido
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Además, el investigador del IVIE advierte una segunda brecha en los niveles de educación. “Tenemos el doble de titulados universitarios que Italia, pero una proporción relativamente pequeña con formación profesional o con bachillerato como titulación final”, lamenta. Pero, al mismo tiempo, “la proporción de trabajadores con el nivel más alto de competencia roza la mitad de la media de la OCDE”, según las evaluaciones internacionales (Informe PISA). Y, por la parte inferior de la escala educativa, el porcentaje de repetidores entre los menores de 15 años duplica la media de la OCDE, mientras el la tasa de abandono escolar dobla la media de la UE.
El desajuste entre los puestos de trabajo ofrecidos y las competencias adquiridas en el sistema educativo produce otro fenómeno en el que España vuelve a ser la campeona de Europa: la sobrecualificación. En la UE se acerca al 20%, en España llega al 35%. Entre los jóvenes, vuelve a destacar Antonio Villar, quienes trabajan en empleos por debajo de su cualificación se eleva al 55%. Éstos, a su vez, empujan a la inactividad a otros jóvenes con menor formación que no pueden acceder a empleos para los que están capacitados. Hay que recordar que la economía española, dependiente del sector servicios, del turismo, la hostelería y el comercio, ofrece sobre todo empleos pocos cualificados.
“La crisis ha tenido efectos muy injustos socialmente en el reparto de sus cargas”, apunta Guillem López Casasnovas, “y de aquellos polvos estos lodos del descontento social y de la desafección política”. El catedrático menorquín, que es consejero independiente Banco de España, y asesor del Ministerio de Sanidad y de los gobiernos catalán y balear, no elude responsabilidades: “Todos aquéllos que hemos tenido alguna capacidad de decisión lo hemos hecho rematadamente mal, aunque unos más que otros, por tener más responsabilidad y mostrar una peor capacidad”.