Francisco Caamaño: “La reforma del Constitucional es un verdadero disparate jurídico”

Acaba de apartarse de la política activa para regresar a sus raíces como profesor en la Universidad de Valencia, donde obtuvo la Cátedra de Derecho constitucional hace trece años. Francisco Caamaño (Cee, A Coruña) se desliga así de su escaño en el Parlamento gallego de mano del PSdeG, tras un continuado desgaste interno en el partido. Antes de eso, Caamaño alcanzó su mayor protagonismo dentro del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, como secretario de Estado de Asuntos Constitucionales primero, y como ministro de Justicia después.

Su último libro, Democracia federal(Turpial), publicado en el 2014, es una declaración de intenciones hacia lo que el jurista considera como el modelo más adecuado para una España donde, ahora más que nunca, se cuestiona la validez del Estado de las autonomías creado durante la Transición. Caamaño sienta las bases para reconocer la diversidad identitaria dentro de España, desde una óptica esencialmente unionista. Así lo expresa también a través de su apoyo a la asociación La Tercera Vía, que presentó junto a otros compañeros socialistas el pasado martes en Madrid, y que defiende una política de consenso y diálogo.

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InfoLibre ha conversado con él sobre las claves políticas y jurídicas del panorama actual, con unas elecciones catalanas a la vuelta de la esquina que serán determinantes para el futuro de España y los pueblos que la configuran.

PREGUNTA: Usted es partidario de un Estado federal, ¿cuál es la ventaja de este modelo sobre uno confederal, donde las confederaciones tendrían la posibilidad de independizarse, o sobre el actual Estado de las autonomías?

RESPUESTA: El modelo confederal pocas veces ha existido, ni siquiera Suiza llamándose Confederación Helvética lo fue realmente, porque un estado confederal es la unión de estados independientes que se relacionan a través del derecho internacional, y por tanto es una figura muy débil como unión de estado. Un Estado federal, sin embargo, supone la defensa de la unidad. Los federalistas somos unionistas, admitimos la pluralidad dentro de la unidad, y creemos que la superposición de identidades, la capacidad de gestionar lo diverso, es un valor importante y añadido, máxime en el mundo en que nos toca vivir. 

Hay personas que creen que el Estado autonómico es un anticipo del Estado federal, y aunque en la práctica se parezca, lo cierto es que siempre ha sido profundamente anti federal. El aumento del autonomismo surge precisamente para luchar contra el federalismo en la historia política de España, y eso es probablemente lo que explique que existan tan pocos federalistas en nuestro país.

P.: Sin embargo sostiene que no todo federalismo sería válido para España, ¿cuál considera el modelo federal más adecuado?

R.: Existen tantos federalismos como Estados federales, pero hay dos modelos básicos: uno que es el llamado federalismo dualista, que fue el originariamente existente en Estados Unidos, y que es el que ha formado federaciones como Australia o Canadá, es decir de tipo anglosajón, competitivo; y otro que se conoce como federalismo cooperativo que es el modelo establecido en la República Federal alemana y en Austria después de la II Guerra Mundial.

La gran diferencia entre uno y otro es que en el federalismo competitivo se parten de las mismas bases, pero las respectivas unidades de gobierno toman decisiones distintas en el ejercicio de su poder. Lo que ocurre es que ese afán de mirarse unos a otros hace que con el tiempo todos copien la mejor solución. Por el contrario, en el federalismo cooperativo, la legislación la hace el Estado y la ejecución de la ley la hacen los miembros federados, y esto plantea gravísimos problemas en España, donde existen sentimientos identitarios distintos. Es decir, Alemania puede ser un Estado de federalismo cooperativo porque incluso cuando eran dos Estados separados e independientes, el pueblo alemán y la nación alemana era una sola. Cuando se da esa base identitaria común es fácil administrar el federalismo cooperativo. Pero España no es así. España necesita espacios de libertad para que cada identidad se pueda desarrollar, y a la vez elementos competitivos en la prestación de servicios, derechos y deberes que al diferenciarse convierten esa competencia en un elemento positivo para todos. Nosotros creemos que eso es bueno para España porque la igualdad no es la homogeneidad, sino la buena gestión de lo diferente.

P.: Felipe González propuso en una entrevista reconocer el carácter nacional que existe en Cataluña (aunque recientemente lo ha desmentido), mientras que Pedro Sánchez habla de su “singularidad”. Otros sectores del PSOE, como el presidente de Castilla La-Mancha, Emiliano García Page, consideran que el concepto de nación debe reservarse únicamente para España. ¿Qué le parece este debate de denominaciones que existe actualmente dentro del PSOE?

R.: Me parece un debate muy español, e inexplicable. Escocia es una nación dentro del Reino Unido sin ningún tipo de problema. En este debate se mezcla la identidad con los posicionamientos políticos. Yo no voy a negar que España sea una nación, pero tampoco tengo elementos para negar que lo sea Cataluña, Galicia o el País Vasco. Una nación es lo que sus ciudadanos quieren que sea, por su voluntad democrática. El problema está en si ser nación comporta elementos diferenciales o no, ese es el gran debate. El hecho de reconocer el carácter nacional de Cataluña, de Galicia o del País Vasco, o de cualquier otra comunidad que desee serlo porque se considera tal, mientras no suponga ningún elemento de ruptura con la unidad del Estado, no ofrece ningún tipo de problema específico. Más que nada se trata de quienes creen que vinculada a la palabra nación está la idea de soberanía y eso es algo que sólo se dio en el siglo XIX con el nacimiento de los Estados. Puede haber naciones que no tienen necesariamente por qué ser soberanas, y sin embargo son reconocidas como tales.

P.: Naciones sin Estado.

R.: Efectivamente, hay naciones que son errantes, como Palestina. El elemento identitario es distinto de la estructura territorial. España lo que tiene que hacer es olvidar sus decisiones nacionalistas que en el fondo son muy decimonónicas. Esta lucha entre naciones es lo que no deja hueco para administrar la diversidad, porque es una lucha de sentimientos confrontados entre quienes defienden la nación española y quienes defienden las naciones no españolas, y eso genera un nacionalismo pro Estado y anti Estado. Este es el lugar dramático en el que se encuentra gran parte del debate político español. De lo que habría que hablar es de cómo construimos una sociedad democrática en la que podamos convivir todos de manera aceptable y con dosis razonables de igualdad y libertad.

P.: Con ese objetivo se generó la propuesta de La Tercera Vía

R.: La Tercera Vía busca un discurso de construcción federal en España, pero no un federalismo homogéneo en todo el territorio, sino un federalismo que incorpore las diferencias como algo positivo que nos enriquece a todos. Porque el catalán, por ejemplo, es la lengua de los catalanes pero yo también quiero que sea una lengua española, porque forma parte de la cultura de cualquier español. Todo esto puede sumar, no tiene por qué restar, sólo tenemos que administrar cómo queremos que todo sume. Esa gestión de la diversidad es lo que pretende La Tercera Vía, y para ello hay que entender una cuestión muy importante que se olvida en la reflexión política: mientras que la desigualdad se corrige con políticas de igualdad, con discriminaciones positivas, cuando se trata de identidades no hay propiamente desigualdad sino diferencias. Y frente a la diferencia no caben las políticas de igualdad, sino las políticas de reconocimiento.

P.: Hay por tanto un problema de base que es una cuestión conceptual, una connotación negativa hacia la diferencia.

R.: Ese es el gran error. El que es diferente no es desigual, desigual es el que está en una posición desequilibrada que puedo corregir. Lo diferente forma parte de mi propia diversidad, de mi propia cultura, de mi propia historia. No se puede tratar de igualar al que es diferente, hay que conocerlo como es, darle un espacio e incorporarlo. Y si somos capaces de incorporar la diferencia a nuestra forma de ser, a nuestra experiencia, entonces viviremos todos mucho mejor.

P.: Usted dedica un capítulo del libro al concepto derecho a decidir, y hace referencia a Escocia cuando dice que “si Escocia ha decidido (votado) sobre su independencia es porque antes así lo ha autorizado el Parlamento británico”.

R.: La trampa del derecho a decidir es que lo han vendido como si fuese un derecho humano por haber nacido. Es decir, que por haber nacido en Cataluña yo tengo el derecho a decidir sobre Cataluña. Pues bien, eso no es cierto. Porque para ser derecho tiene que haber sido decidido antes democráticamente. El único derecho que puedes decir que no se ha decidido democráticamente antes es el que impone un dictador, o el llamado derecho divino, o el derecho natural, y yo no creo en ninguno de esos derechos, sino que creo en el derecho que se dan los hombres y las mujeres deliberando democráticamente en una sociedad.

El mejor ejemplo de todo esto es la sentencia del Tribunal Supremo de Canadá. El Tribunal Supremo de Canadá dice: no existe un derecho a decidir, nadie puede irse unilateralmente de un Estado. Quebec no tiene derecho a decidir, pero parece razonable que, cuando se pide reiteradamente, el resto establezca un mecanismo para que se le pueda escuchar, y en caso de que exista una pulsión favorable se negocie una salida a esa situación. En este caso, quien ha decidido que puede en su caso existir la posibilidad de una negociación y de un referéndum no ha sido nadie que tenga derecho a decidir, sino el Tribunal Superior mediante su sentencia.

P.: ¿Debería el Parlamento autorizar la celebración de un referéndum en Cataluña, como en el caso de Escocia?

R.: Yo defiendo la posibilidad de un referéndum para valorar su nivel de satisfacción dentro de España, pero eso nunca les permitiría, aunque saliese el sí a la independencia, irse unilateralmente, sino abrir un proceso de negociación en el mejor de los casos con las autoridades del Estado y ver en cuántos años, de qué manera, a través de qué mecanismos y procedimientos debatidos se puede avanzar en una determinada dirección.

P.: Para que esto sea posible propone la modificación del artículo 92.

R.: Cuando escribí el libro algunos autores, entre ellos mi maestro Paco Rubio, defendían la posibilidad de celebrar un referéndum en Cataluña sin necesidad de reformar la Constitución española. A su juicio, aunque el artículo 92 dice “todos”, y eso significa todos los españoles, se podría interpretar y ajustar a la realidad. Yo entiendo que sería bueno pactar con Cataluña una reforma del artículo 92 para abrir la posibilidad de que se pueda celebrar un referéndum, y mientras tramitemos esa reforma hablemos de la Ley de Referéndum en donde irá esa nueva modalidad, y hablemos por tanto de cuáles serán las condiciones.

Por ejemplo, sólo se podrá llevar a cabo este referéndum cuando por dos veces seguidas el Parlamento de Cataluña con una mayoría de dos tercios así lo pida. En ese caso, habrá un debate de política general en el Congreso, y si existe una mayoría absoluta favorable a esa consulta entonces el presidente del Gobierno estará obligado a convocarlo. Eso descomprimiría la situación, estaría diciendo a la gente que ya hay una serie de condiciones para poder hacer un referéndum. De esas cosas podríamos hablar, y yo creo que si se hubiera hablado de esto en su momento, probablemente Cataluña habría admitido alguno de estos procedimientos, aun sabiendo que iba a ser prácticamente inviable que el referéndum se fuese a dar.

P.: La negación de esa posibilidad ha llevado a Cataluña a optar por la vía de la desobediencia civil, como vimos en el 9-N, ¿cómo encaja esto en un contexto democrático?

R.: Yo creo que lo que ocurrió con la consulta es un acto alegal en un Estado de derecho. Las autoridades de la Generalitat han intentado decir que lo que hacían no estaba prohibido por la ley, aunque tampoco autorizado. Se trata de una especie de hackeo de la ley. Lo que hace un hacker no es sustituir un programa informático por otro, sino meterse dentro del programa y con los mismos instrumentos conseguir fines distintos. Eso es un poco lo que ha intentado hacer la Generalitat con la consulta, dentro de la propia legalidad generar un espacio alegal. Eso, en un Estado de derecho, no deben hacerlo quienes están asumiendo funciones gubernamentales. Yo no creo que un presidente de la Generalitat pueda defender públicamente la independencia de Cataluña, puede hacerlo como ciudadano, no tengo ninguna duda, pero es una contradicción en sí misma que lo haga siendo el mayor representante del Estado español en el territorio de Cataluña. Pero por otro lado ahora resulta que como respuesta el gobierno de Rajoy ha jugado con una doble vuelta del derecho, ha forzado el derecho.

P.: Y de ahí la reforma del Tribunal Constitucional reforma del Tribunal Constitucional

R.: Es un verdadero disparate jurídico. En primer lugar se dice que la sentencia del Tribunal Constitucional será a título ejecutivo. Las sentencias no necesitan ser a título ejecutivo, porque ya tienen fuerza de cosa juzgada. En segundo lugar dice que el Tribunal Constitucional podrá pedir el auxilio del Gobierno de la nación para ejecutar sus sentencias. ¿Y qué ocurre cuando quien no las cumple es el propio Gobierno de la nación? ¿El Tribunal se verá entonces auxiliado por el de la comunidad autónoma? Porque tenemos que recordar que el Estado también ha incumplido las sentencias del TC, la del 0,7, la de la formación profesional cuatro veces seguidas… Por tanto esta proposición de ley que presenta el Partido Popular desnaturalizando el papel del Constitucional, y además con una regulación técnica nefasta, supone situarse en una posición contranatura y tensionar más la situación, como si el derecho por sí solo y el TC fuese a arreglar un problema que es sobre todo político.

P.: ¿En qué caso sería de aplicación el artículo 155, y cómo afectaría a la autonomía de Cataluña?

R.: Una de las causas que ha motivado la proposición de ley del PP son las dificultades de una aplicación política del artículo 155 de la Constitución. Una cosa es que la Constitución permita suspender una autonomía, otra cosa es tomar la decisión política y la tercera es que eso de resultado. Hay personas que creen que suspender la autonomía es quitar a Artur Mas, quitar al Parlamento de Cataluña y poner a otros. El problema no es ese, es que suspender la autonomía se hace con los Mossos d'Esquadra, se hace con el sistema de salud catalán, con los profesores, las universidades, los bomberos, porque todo esto son cuerpos autonómicos, no del Estado, por tanto son cuerpos que ya dependen de un Gobierno.

Por eso la gran dificultad del 155 no es solo la decisión política sino la gestión de la suspensión. De hecho el 155.2 es de esos artículos que están en las constituciones con la voluntad de que nunca tengan que utilizarse, son como un aviso para navegantes. Pero cuando los navegantes no atienden al aviso es muy difícil después llevar a la práctica lo dispuesto en ese artículo. Lo que hizo el PP fue trasladarle el problema al TC con la reforma de su ley.

P.: De cara a las elecciones del 27-S ¿qué consideraría como una victoria independentista? Artur Mas habla de una mayoría de escaños y no de votos

R.: Una mayoría de escaños ya la tiene hoy. Si ha hecho todo esto para obtener la misma mayoría que tiene hoy sumando con Esquerra y Convergencia, entonces poco éxito ha tenido. Una mayoría absoluta no puede definir nada. Si, por ejemplo, para nombrar a su defensor del pueblo se necesita una mayoría de dos tercios, a nadie se le pasa por la cabeza que para declarar la independencia baste con una mayoría absoluta. Todo lo que no sea superar lo que hoy tiene desde luego es políticamente una derrota. Y aunque tuviese un mejor resultado eso no quiere decir que el resultado legal pueda legitimar la independencia, puede dar alas políticas al independentismo pero no puede hacer que ningún gobierno de ningún parlamento, por muy grande que sea la mayoría que obtenga Mas, pueda tomar decisiones jurídicas y vinculantes dentro del Estado.

P.: Si en las elecciones del 27-S triunfan las candidaturas independentistas, ¿de qué será síntoma y qué consecuencias puede tener?

R.: Sería síntoma de que algo que viene ocurriendo en ciertos lugares a lo largo de toda la historia contemporánea de España, especialmente en Cataluña, no ha encontrado un acomodo razonable en la Constitución del 78. Sería síntoma de que no hemos acertado con ella, porque hay una mayoría de catalanes que no están a gusto. Lo que tenemos que hacer no es romper nada, sino ponernos a hablar a ver cómo somos capaces entre todos de hilvanar ese encaje. Porque yo creo que lo bueno es poder sumar identidades y no restarlas, lo demás será volver a un mundo de siglo XIX estructurado en focos de identidad y dominación. Hoy todos somos un poco de todos los lugares, eso es avanzar, lo otro es retroceder.

P.: ¿Podría hacer una valoración de la carta Felipe González publicada en El Paícarta Felipe GonzálezEl País?

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R.: Hay partes con las que puedo estar de acuerdo y otras con las que discrepo, más allá de la oportunidad de dicha carta, que eso es una valoración que corresponde hacer desde una perspectiva de política general. Yo creo que la sensibilidad de muchísimas personas en Cataluña no es la de irse de España, pero tampoco quieren recibir lecciones desde otro lado. Son conscientes de la situación, ellos viven directamente el problema, saben cuál es la división interna, y ante esta situación lo que hay que hacer es sobre todo llamar a la prudencia y procurar no hacer ningún tipo de descalificación excesiva sobre nadie.

P.: ¿Y sobre la respuesta de Artur Mas? respuesta de Artur Mas

R.: Me pareció fuera de todo lugar viniendo del presidente de la Generalitat, y desde luego creo que es mucho más moderada y razonable la de Felipe González. De todos modos, si no hubiese la primera probablemente no hubiese habido la segunda. Y si nos hubiésemos ahorrado las dos sería mejor para todos, porque el debate estaría menos caldeado.