El Supremo confirma la condena al Gobierno de Zapatero por saltarse la declaración ambiental en el gasoducto de Castor

La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia de la Audiencia Nacional que condenaba a la Administración General del Estado por saltarse la declaración de impacto ambiental del gasoducto que conectaba el almacén de gas denominado Castor, según la sentencia difundida a los medios de comunicación.

La decisión judicial censura la decisión de la Secretaría de Estado de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, que el 23 de noviembre de 2009 dictó una resolución en la que acordaba que no se sometiera a evaluación ambiental el proyecto de conexión gasista con el almacenamientoalmacenamiento subterráneo Castor, entre Tarragona y Castellón, y cuyo promotor fue la empresa Enagas. 

Con esta decisión, el Supremo considera que la resolución de la Secretaría de Estado de Cambio Climático del Ejecutivo de Zapatero "incidía en una doble infracción" de la legislación vigente, que imponía la obligación de evaluar el impacto ambiental del gasoducto, dada su vinculación inescindible con el almacén, cuya construcción sí fue sometida a análisis de su incidencia en el medio ambiente.

Un elemento esencial

"Lo significativo es que el gasoducto, en relación con el almacenamiento de referencia, no es un elemento accesorio y prescindible, por cuanto el mismo constituye un elemento esencial e imprescindible, hasta el extremo de que sin su existencia y correcto funcionamiento el almacenamiento no resultaría operativo", indica la sentencia.

Además, los magistrados llaman la atención en que el gasoducto sí fue sometido a la evaluación en su tramo terrestre, de 8,7 km: "Pero su continuación (11,6 km), no se considera necesaria, produciéndose, pues, una indebida desmembración de una parte del proyecto, de igual naturaleza y características que el sometido a evaluación junto con el almacenamiento de gas y parte marina del mismo gasoducto".

Evaluación imprescindible

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La sentencia del Supremo recuerda que la Sala de la Audiencia Nacional consideró necesaria la declaración ambiental para así proceder a la comprobación y análisis de los riesgos, así como para conocer la incidencia efectiva. "Es por ello, por lo que la evaluación ambiental y su posterior aprobación resultaban imprescindibles, sin que resulte de recibo, en tal situación, rechazar ab initio (desde el inicio) el proceso de evaluación considerando la misma innecesariaab initio, cuando, además, otro trozo del gasoducto -de similares características (el situado entre la planta de operaciones y el mar)- sí había sido objeto de evaluación, tomando en consideración elementos similares a los que nos ocupan e imponiendo, respecto de dicho trozo del gasoducto las correspondientes medidas correctoras", completa la sentencia.

En octubre de 2014 el Gobierno de Mariano Rajoy dio su visto bueno a la solicitud de la empresa Escal UGS -controlada por ACS, de Florentino Pérez- para extinguir la concesión del almacén submarino de gas Proyecto Castor. De esta forma, aprobaba una compensación a la compañía de 1.350 millones1.350 millones de euros. La sociedad gestora del sistema gasista Enagás, participada en un 5% por la SEPI, se hará cargo de la indemnización en inicio, pero serán los usuarios de gas los que acabarán pagando la indemnización con recargos en el recibo.

Justo un año antes, en octubre de 2013, el mismo Tribunal Supremo desestimó el recurso presentado en mayo de 2012 por el Ejecutivo, en el que se oponía a la cláusula del contrato con Escal UGS sobre el almacenamiento subterráneo de Castor en la que se recogía una indemnización por el valor residual del activo en caso de negligencia o dolo por parte de la empresa.