IU presenta un programa que suma trabajo garantizado, renta mínima y revalorización de pensiones

"Modesto, factible y realista". Así calificó el candidato a la Presidencia del Gobierno por Ahora en Común, Alberto Garzón, el programa socioeconómico presentado este jueves por IU para las próximas elecciones generales. En él, se contemplan hasta once medidas que completan un "plan de emergencia social" que, según sus promotores, beneficiaría a 16 millones de personas, alrededor de un tercio de la población española.

El plan 10 medidas + 1, que la formacion tiene previsto "volcar" en la candidatura de confluencia, tendría un coste total para las arcas públicas de 52.494 millones de euros. Medidas calificadas de "de sentido común" y destinadas a la "transforación social" que prevén como ejes principales el fomento del empleo mediante un programa de trabajo garantizado, implantación de rentas mínimas, aumento del salario mínimo y revalorización de las pensiones y el "suministro básico" garantizado de energía y agua para las familias que padezcan pobreza energética.

El plan estrella de IU para el combatir el desempleo, el trabajo garatizado, daría empleo a un millón de personas actualmente en el paro y vendría a cubrir áreas de competencia pública como los servicios sociales, la protección del medio ambiente, construcción y mantenimiento de infraestructuras, y servicios culturales, deportivos y recreativos. Su financiación provendría directamente del Estado y su gestión recaería en los ayuntamientos en colaboración con la sociedad civil. Su coste estaría en algo más de 15.000 millones de euros.

Junto al trabajo garantizado, la federación propone "fomentar el empleo juvenil" y combatir el paro de larga duración con contratos de 35 horas (10 serían de formación) con una retribución de 700 euros. Los gestores de estos nuevos puestos trabajo, según el programa 600.000, volverían a ser las corporaciones locales de toda España. En este caso hablamos de un gasto de 8.900 millones.

Un programa "complementario" al del empleo sería la renta mínima de 529 euros mensuales destinado, previsiblemente, a dos millones de personas. Concretamente IU señala como destinatarios a todos aquellos que tengan ingresos inferiores al 70% del salario mínimo interprofesional, modulado según la unidad de convivencia. Junto a este plan, Izquierda Unida tiene previsto revalorizar las pensiones mínimas, de forma que las prestaciones no a cargo serían equivalentes al salario mínimo, y con un cónyuge a cargo un 110% del salarío mínimo interprofesional. En conjunto ambas medidas tendrían un coste de 14.665 millones de euros.

Aumento progresivo del salario mínimo

Precisamente, Izquierda Unida plantea además el "aumento progresivo" del salario mínimo interprofesional con el objetivo de "terminar con los salarios de miseria". En concreto, para el 1 de enero de 2016, IU quiere que el sueldo mínimo se establezca en 774 euros. Seguidamente se incremetaría de forma anual hasta alcanzar, en el final de la legislatura, año 2019, un total de 1.176 euros mensuales en 14 pagas. Paralelamente, Alberto Garzón insistió en la creación de un tope máximo salarial aún sin determinar. El referente más habitual en este materia es la proposición 1:12 que ya se intentó instaurar en Suiza a finales del año 2013, pero que fue rechazado en referéndum con un 65% de los votos en contra.

Otro de los puntos básicos del programa socioeconómico de IU para las elecciones del 20 de diciembre consiste en un "suministro vital básico" de energía y agua, medida que tiene como objetivo acabar con la pobreza energética que sacude actualmente a 1,4 millones de hogar en nuestro país. Se trata de establecer una tarifa por "tramos sociales" que mantengan "el principio de progresividad". IU quiere que con este plan todas las familias españolas puedan "optar a unas condiciones normales de vida". El coste estimado para este proyecto sería de 2.520 millones de euros.

La política de vivienda pública y la utilización de las viviendas del banco malo para uso común es otro de los proyectos de Izquierda Unida. La formación izquierdista plantea la "suspensión" de los procesos hipotecarios que sean objeto del impago por parte de personas en situación de desempleo o cese de actividad para los autónomos. Además, IU quiere la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular presentada por la PAH en 2013 que obtuvo el apoyo de 1,5 millones de personas y que fue finalmente rechazada en el Congreso, bajo la mayoría del Partido Popular. Por último Garzón propuso, en antítesis a la Sareb, la creación de un banco bueno destinado a comprar deuda privada de las familias, pequeñas empresas y autónomos "más vulnerables". En total la partida destinada a estos fines vendría a ser de 1.320 millones de euros.

Espíritu feminista

El candidato de Ahora en Común ha insistido durante esta campaña en el espíritu "feminista" de la plataforma. Y bajo este precepto IU presenta el proyecto de "combate a la violencia sexista", por la "igualdad en los derechos de paternidad" y el "incremento de la cuantía por hijo a cargo". De forma específica, Izquierda Unida tiene la intención de aumentar los recursos económicos y las medidas específicas para la prevención de la desigualdad y la violencia machista, aumentar y equilibrar el permiso de paternidad hasta las 16 semanas y, por último, incrementar la cobertura económica por hijo de los 291 euros al año de la actualidad hasta los 1.200 euros –tal como propone Unicef– y "utilizando los umbrales de riesgo de pobreza de hoy en día. Las políticas de ayuda a la familia de IU también incluyen "la ampliación de la red de escuelas infantiles de titularidad y gestión pública" con la idea de cubrir al completo la escolarización de 0 a 3 años. El coste total de este conjunto de propuestas es 8.442 millones de euros para los presupuestos públicos.

Por último, las dos últimas medidas de Izquierda Unida se centran en el fomento del empleo privado en dos vertientes: por una parte, las ayudas a pymes y autónomos; y por el otro, un plan de reindustrialización a cargo de la Unión Europea. Para evitar que las pequeñas empresas "no sigan siendo humilladas por las grandes empresas" propone un máximo de 30 días para el pago de facturas por parte de la administración y grandes corporaciones. Los autónomos podrán obtener el acceso a prestación por cese de actividad de la Seguridad Social y tendrían acceso a subvención a la remuneración de nuevos empleados. Un Gobierno de IU destinaría 1.230 millones para ejecutar estas políticas. En cuanto al plan de reindustrialización, está previsto que corra a cargo del Banco Europeo de Inversiones.

Con este programa Izquierda Unida plantea un nivel de participación pública en la economía muy superior a la actualidad. En datos de 2014, el gasto público en España se situó en los 461.124 millones de euros, un 43,6% del PIB. De llevarse a la práctica estas propuestas, el nivel de gasto ascendería hasta los 513.618 millones, lo que lo llevaría, aún a falta de conocer la evolución del Producto Interior Bruto en esta legislatura, a una implicación pública en la economía del país cercana al 50%. Dinamarca, el país con el que todos los partidos se quieren comparar, alberga actualmente niveles aún mayores. Concretamente de un 58%.

Impuestos a las rentas más altas

IU adjunta al capítulo de gastos publica un objetivo de ingresos. Estos procederían mediante tres vías principales: el aumento de los impuestos a los ricos a través de un reforma fiscal progresiva, el reforzamiento del papel de la Agencia Tributaria dotándola de mayores prestaciones con la idea de la lucha contra el fraude y el aumento de la recaudación vía efecto expansivo del incremento en el gasto público.

Así, Izquierda Unida defiende un impuesto extraordinario sobre el incremento patrimonial, un tipo efectivo del Impuesto de Sociedades al 35% a bases imponibles superiores al millón de euros y un nuevo impuesto a las transacciones financieras –la conocida como tasa Tobin–. Por otro lado, el partido liderado por Alberto Garzón prevé la reorganización del ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria y las restricciones a las SICAV, con lo que, a cuentas de la federación, el fraude fiscal en España podría situarse cinco puntos porcentuales por debajo del actual, que según numerosos estudios se sitúa por encima del 20% del PIB.

En definitiva, la suma total de todos los planes sociales de la formación asciende a casi 53.000 millones. Y por contra, el ingreso esperado por IU estaría, según los cuadros económicos, en los 64.505 millones de euros. Es decir, un beneficio neto para las cuentas públicas de 12.010 millones, según las cuentas de la formación izquierdista.