Las grandes empresas no han luchado contra la corrupción

La mayoría de los españoles piensa que Mariano Rajoy es indecente, decía Pedro Sánchez. Y es verdad. Como también la mayoría cree que la indecencia está tan bien repartida entre la clase política como los bares por todos y cada uno de los barrios españoles. Todo el mundo sabe que la clase política es uno de los principales problemas del país. Cada minuto aparece una nueva encuesta que coincide en suspender a la mayoría de los líderes políticos. La desconfianza en las instituciones políticas es compartida por la mayoría de los ciudadanos.

Tenemos datos, muchos datos. Esta legislatura no han faltado programas de referencia, ni voces autorizadas, ni medios de comunicación volcados en la demonización de la clase política, contando uno por uno los asesores de confianza, los coches oficiales, los sueldos, los sobresueldos, extendiendo la creencia de que todos los políticos son iguales. “Sobran políticos, son todos unos caraduras, unos parásitos, unos vagos”. Se puede decir todo esto a voz en cuello en cualquier bar y no se encontrará ninguna voz que matice, que niegue la generalización, que defienda que lo realmente malvado son las políticas que desarrollan muy pocos políticos, los que tienen el poder. También podemos escuchar en los bares analógicos insultos a los líderes empresariales de referencia o el último abuso sufrido por bancos o compañías de telefonía móvil. Rápidamente se organiza un consenso crítico alrededor de las ganancias pornográficas de las que ya presumen las grandes empresas y del poco impacto que tiene en la mejora de la calidad de sus vidas. Pero, ay, de esto tenemos menos encuestas y mucho menos espacio, público o privado, en los medios de comunicación.

Durante esta legislatura nos hemos enterado, entre otras cosas, que Volkswagen estafa a sus clientes; que Iberdrola paga multas de 25 millones de euros por manipular el precio de la energía eléctrica que consumimos. Auditoras como Deloitte, que hacían la vista gorda con los agujeros de los bancos, pilladas en prácticas de enchufismo que debían hacer reflexionar a toda la sociedad sobre el origen de las desigualdades, la falta de movilidad social en España y la pamplina de la igualdad de oportunidades. El Corte Inglés sancionado por no cumplir el estatuto de los trabajadores: parte de su personal desconocía sus horarios y trabajaban más horas de las permitidas por ley. En plata, sancionado por explotación laboral. Y al mismo tiempo, el Tribunal Supremo sentenciando que desde el Corte Inglés se discrimina a sus empleados por razón de género. Abusos denunciados con reiteración por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en el mercado de la telefonía móvil. Como muestra, la multa récord que se llevó Telefónica por imponer la permanencia a las pymes.

Nuestra élite económica ha protagonizado sonoros escándalos relacionados con el fraude fiscal esta legislatura. La lista de defraudadores fiscales que regularizaron su situación avisados por el gobierno de Mariano Rajoy la encabezó el fallecido presidente del Banco Santander, que fue obligado a devolver a las cuentas del Estado 200 millones de euros que nunca hubiese declarado si no hubiera sido pillado. Otro caso paradigmático fue la multa que impuso la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a 39 contratistas por repartirse los clientes en las licitaciones públicas de la recogida de basuras entre 1999 y 2013. ¿Qué empresas eran las que hacían trampas aprovechándose de su poder para que los ciudadanos pagáramos un sobrecoste del 35% por la recogida de nuestras basuras? Pues, entre ellas, las más grandes: Ferrovial, ACS, FCC y Sacyr. Casi las mismas que aparecen en los papeles de Bárcenas, y algunas de las que están detrás de la famosa corrupción catalana del 3%.

¿Y tenemos datos de lo que piensan los ciudadanos sobre las grandes empresas, más allá de lo que escuchamos en los bares analógicos o en las redes digitales? Pocos. En el último Deustobarómetro hay un bloque específico sobre la confianza y la valoración de la responsabilidad social de las grandes empresas que nos puede ayudar. En primer lugar, la ciudadanía confía mucho menos en las grandes que en las pequeñas empresas. La inmensa mayoría de los ciudadanos cree que las malas prácticas y el fraude que ha reconocido Volkswagen no se trata de un hecho aislado, sino que afecta a la mayoría de las grandes empresas. Esta desconfianza generalizada sobre la falta de compromiso ético de las grandes empresas está extendida a pesar del poco espacio que ocupan en los medios los escándalos y abusos descubiertos en el mundo empresarial. Por otro lado, son minoría quienes no se han sentido víctimas de abusos o malas prácticas en su relación con grandes empresas o bancos; uno de cada tres ciudadanos siente que ha sido estafado por una compañía de teléfono móvil.

Fuente: Deustobarometro Invierno 2015 barometrosocial.deusto.es

Y no es mejor la imagen de los líderes empresariales que la de los políticos. Hemos preguntado por algunos de los más influyentes tanto en Euskadi como en el resto del Estado español y no aprueba ninguno. La mayoría de los directivos de las grandes empresas son vistos como poco honrados e insensibles con los problemas sociales. Existe un problema con las elites empresariales de este país que no consiguen ser ejemplarizantes para la ciudadanía. Los cuatro años que la desigualdad, la pobreza y la exclusión se hicieron familiares en muchos hogares, los cuatro años en los que las clases medias abrieron la nevera, cogieron y comieron un yogurt caducado y al cerrarla se dieron cuenta de que ya no eran clase media, la ciudadanía siente que las grandes empresas han tenido un comportamiento socialmente irresponsable durante la gran crisis. El 91% de los ciudadanos cree que la mayoría de las grandes empresas no se preocupa en absoluto por los problemas de los más desfavorecidos, de los excluidos o de los ciudadanos que pasan más dificultades, a pesar de lo que digan sus informes de responsabilidad corporativa.

Fuente: Deustobarometro Invierno 2015 barometrosocial.deusto.es

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Pero el fracaso de las grandes empresas en conseguir una imagen positiva ante los ciudadanos, a pesar de los planes de acción social que desarrollan, no solo afecta a la insensibilidad ante los problemas que sufre la parte más frágil de la sociedad de la que forman parte. También son muy pocos quienes creen que las grandes empresas estén comprometidas en el cuidado del medio ambiente o que estén luchando con todas sus fuerzas y recursos contra la corrupción dentro de su área de influencia (ver gráfico anterior). Y aquí entra uno de los temas centrales de la campaña electoral. Se ha hablado mucho esta legislatura del capitalismo de amiguetes que caracteriza al modelo económico español (el último ejemplo, Abengoa), y que ha posibilitado a las grandes empresas conseguir sustanciosos contratos a través de sus buenas relaciones con los partidos políticos. La financiación de los partidos tradicionales en España, la piedra angular de la corrupción política, es muy difícil de entender si no tenemos en cuenta el nulo compromiso que han tenido en el pasado las grandes empresas con la regeneración ética de la vida pública. ¿Algún partido será capaz de poner este cascabel a los grandes gatos del Ibex?

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Braulio Gómez es investigador en Ciencia Política en la Universidad de Deusto. Es autor del libro O controlo político dos procesos constituientes (Impresa de Ciencias Sociais, 2010), coautor de La calidad de la democracia en España (Ariel, 2011) y de La encuesta deliberativa (CIS, 2009). Es el director del Regional Manifestos Project.