285.000 empresas tienen su sede en este edificio de dos plantas de Delaware

El 1209 de Orange Street, en la ciudad de Wilmington, se ha convertido ya en todo un símbolo de opacidad fiscal. Es la dirección exacta del edificio CT Corporation, en el Estado norteamericano de Delaware, considerado por organismos internacionales –aunque no por la Hacienda española– como uno de los principales paraísos fiscales de Estados Unidos, debido a sus particularidades en esta materia.

En el edificio se encuentran domiciliadas un total de 285.000 empresas, de las cuales 194 son filiales de empresas del IBEX 35 –Abengoa, Banco Santander y ACS, entre otras–, tal y como reveló un informe publicado por Oxfam Intermón el pasado miércoles. Es fácil imaginar, a la vista de la cifra, algún rascacielos compuesto por incontables plantas de oficinas en su interior. Nada más lejos de la realidad. El situado en el 1209 de Orange Street se asemeja más a lo que podría ser un albergue o un restaurante común: únicamente cuenta con dos pisos, y estéticamente dista de la imagen de las grandes edificaciones norteamericanas.

TheNew York Times lo describió en un artículo publicado en junio del 2012 como un claro ejemplo de que las apariencias engañan. La periodista Leslie Wayne comentaba en el texto que "detrás de sus oficinas monótonas y su toldo desteñido, se esconden firmas de la talla de American Airlines, Apple, Coca-Cola, Ford, o JP Morgan", entre otras muchas. Todas ellas parecen perseguir un mismo objetivo: aprovechar las ventajas fiscales que les ofrece el Estado de Delaware.

¿Por qué Delaware?

El Estado norteamericano, cuyo lema es "capital corporativa del mundo", cuenta con más empresas –1,1 millones– que habitantes –algo más de 935.000, según este informe elaborado en 2015 por el Instituto de Impuestos y Política Económica (ITEP, por sus siglas en inglés)–. "Las compañías eligen nuestro Estado y estamos orgullosos de ello", presume, según el artículo del periódico estadounidense, Richard J. Geisenberger, subsecretario de Estado de Delaware.

Pero, ¿cuál es el motivo que lleva a miles de empresas a parar al Estado norteamericano? Las ventajas de instalarse en Delaware, según apunta el informe de Oxfam Intermón, son claras.

En primer lugar, "es uno de los lugares del mundo donde es más fácil y rápido constituir una sociedad, con registros mercantiles abiertos las 24 horas". De hecho, según reza el informe, "hay cientos de empresas que facilitan los trámites online, sin necesidad de desplazarse". La propia página web del Estado ofrece información sobre los pasos a seguir para constituir una sociedad en Delawere de forma ágil y sencilla.

Por otro lado, la ONG hace referencia al "agujero legislativo", es decir, "las empresas pagan cero impuestos por los ingresos generados por la propiedad intelectual, marcas, patentes y otros intangibles que se declaren en Delaware". A esto hay que sumarle la "exención total de impuestos para empresas que no realicen ninguna actividad en Estados Unidos", lo que se traduce en ventajas en materia fiscal para los no residentes.

En este sentido, Delaware también permite que las cuentas bancarias, inmuebles y actividad de la empresa no tengan que estar necesariamente en el territorio, sino que pueden estar afincadas en cualquier parte del mundo. Además, señala el estudio, no es obligatorio declarar ni registrar el nombre de los propietarios reales de la empresa en los registros mercantiles, sino que se pueden usar testaferros, lo que supone "un claro atractivo para ocultar actividades criminales o para complicar el rastreo de los activos que allí se declaran". Delaware tampoco obliga a que la empresa cuente con al menos un director y dos ejecutivos, requisito que sí está en vigor en el resto de Estados norteamericanos.

La presencia de España 

Pese a estas particularidades, España no considera a Delawere como un paraíso fiscal. Aunque el hecho de contar con una sociedad ubicada en la región no implica necesariamente un comportamiento ilegal, lo cierto es que algunas de las empresas con sede en Delaware forman parte de conocidas tramas de presunta corrupción.

Así ocurre por ejemplo con el conocido como caso ático. El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González pagaba a una empresa offshore, radicada en Delaware, el alquiler de su ático en Estepona (Málaga) antes de comprarlo oficialmente a finales de 2012. La justicia investiga si dicho inmueble de lujo fue en realidad un soborno recibido por González en 2008. El político del PP está imputado (investigado con la nueva terminología) en la causa.

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El abogado Fernando Del Valle, el principal implicado en la trama de corrupción Ballena Blanca, fue acusado de participar en 194 sociedades extranjeras, 143 de las cuales tenían su sede en Delawere. Del Valle fue condenado por el Tribunal Supremo a cinco años y medio de prisión en el año 2013 por delitos de blanqueo y contra la Hacienda pública.

También Jordi Pujol Ferrusola mantuvo vínculos con el Estado norteamericano, a través de una sociedad instrumental, Avanti Alliance LLC, entidad en la que participa a través de su empresa española Iniciatives, Marketing i Inversions S.A., y donde inyectó al menos 1,2 millones de euros procedentes del cobro de comisiones. Desde febrero de 2014 el catalán está imputado por un delito de blanqueo de capitales y contra la Hacienda pública.

Otro de los nombres más emblemáticos por su presunta implicación en tramas de corrupción es el de Iñaki Urdangarin. El exduque de Palma está actualmente siendo investigado por haberse visto envuelto en una trama corrupta para desviar a paraísos fiscales el dinero recaudado por el Instituto Nóos. Con este objetivo fue creada una red de sociedades opacas, la mayoría radicadas en paraísos fiscales. Los investigadores buscaron parte del dinero en Delaware, aunque Urdangarín sostiene que nunca ha tenido cuentas en paraísos fiscales.