Los accionistas privados frenan una maniobra del Gobierno en una empresa pública a cinco días de las elecciones

Los accionistas privados de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce), la sociedad semipública que asegura el riesgo soberano de España, frenaron el pasado martes el intento del secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, de crear un secretaría general en la empresa y de situar en ella al actual secretario general del ÍCEX, Juan Carlos Alfonso Rubio.

Desde que Álvaro Bustamante de la Mora dimitió como presidente de Cesce el pasado mes de enero, es García-Legaz quien, en representación del Estado, encabeza el consejo de administración. El pasado martes se encontró con la oposición frontal de los accionistas privados a su propuesta, realizada a sólo cinco días de las elecciones. El Estado posee el 50,25% del capital de la sociedad. El resto se lo reparten el Banco Santander, con un 21,07%; el BBVA, con el 16,3%; otros bancos como el Sabadell suman el 3,9%, y aseguradoras como España SA Compañía Nacional de Seguros tienen el 8,48% restante.

El enfrentamiento fue duro, según las fuentes consultadas por infoLibre. A la cabeza de la oposición se situó el representante del Santander, Mariano Olmeda, secundado por los vocales del BBVA, Álvaro Aresti, y de España SA Compañía Nacional de Seguros, Joaquín Rizo.

García-Legaz les había propuesto crear una secretaría general “para reforzar el control jurídico de la compañía”, según explica el Ministerio de Economía. El departamento que dirige Luis de Guindos precisa que se trata de una “figura que tienen todas las compañías aseguradoras y bancos”. E intenta quitar hierro a la batalla en el consejo asegurando que “los contenciosos son relativamente habituales” en las compañías del sector.

En cualquier caso, los accionistas privados objetaron que crear una secretaría requería antes un estudio de las condiciones económicas, relatan fuentes presentes en la reunión. Hay que recordar que el sueldo del presidente de Cesce es, junto con el del presidente de la Sociedad de Participaciones Industriales (SEPI), el más alto de las empresas públicas: 210.000 euros al año. El representante de la aseguradora, además, reprochó al secretario de Estado la inminencia de las elecciones del domingo para desechar la idea. Mientras se encuentran en funciones, los gobiernos no pueden nombrar ni destituir altos cargos.

Subdirector general de Regulación del Juego

Para el puesto, además, García-Legaz propuso un nombre: Juan Carlos Alfonso Rubio, que ocupa el mismo cargo, secretario general en el Instituto de Comercio Exterior (ÍCEX) y antes fue subdirector general de Regulación del Juego. Según las fuentes consultadas, García-Legaz llegó a amenazar a los accionistas privados con nombrar dos consejeros independientes restándolos de los que ahora tienen Santander y BBVA, en aplicación de la ley que autorizó privatizar Cesce, aprobada por el Congreso en abril de 2014.

La votación de la propuesta en el consejo terminó en empate, a falta del voto de calidad del presidente, cuyo puesto no se ha cubierto desde la dimisión de Bustamante de la Mora. De forma que la decisión quedó aplazada hasta el próximo consejo de administración, que se reunirá el 26 de julio; es decir, después de las elecciones.

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El ministro de Economía, Luis de Guindos, anunció la privatización de Cesce en noviembre de 2012. “Su regulación es preconstitucional, por lo que es necesario modernizar este ámbito normativo”, argumentó en el Congreso de los Diputados. La Ley sobre cobertura por cuenta del Estado de los riesgos de la internacionalización de la economía española prevé reducir la participación actualmente mayoritaria del Estado en Cesce y crear un agente gestor que cubrirá los riesgos de las empresas en los mercados exteriores. Durante los primeros siete años, ese agente gestor será Cesce, pero más adelante podrá serlo una empresa privada.

El proceso privatizador se desarrolló con decisión: el Gobierno contrató una tasadora, Gesvalt; un despacho de abogados, Pérez Llorca, y una consultora, Pricewaterhouse Coopers, para gestionar la venta. De hecho, se presentó una treintena de ofertas por Cesce, entre ellas las de Mutua Madrileña y Mapfre, pero también otras del fondo chino Fosun y Coface, el equivalente francés de la aseguradora pública española, que despertaban todo tipo de suspicacias. El precio, entre los 200 millones de euros de una primera valoración hasta casi los 600 millones de la última, realizada por Patrimonio del Estado.

Finalmente, la privatización quedó aparcada en mayo de 2015. La operación no gustaba ni a las empresas exportadoras ni a los propios bancos y aseguradoras presentes en el accionariado de Cesce.