Patronal y sindicatos recurren también las subvenciones de este año para formar a trabajadores

Patronal y sindicatos van a recurrir la convocatoria de subvenciones públicas para los cursos de formación a ocupados en 2016. La CEOE ha tomado la decisión este miércoles en su comité ejecutivo y la junta directiva la ha refrendado. UGT y CCOO, a su vez, presentarán su propio recurso conjunto, según fuentes sindicales. En principio, se trata de un recurso de alzada ante el propio Ministerio de Empleo, que puede terminar siendo un contencioso-administrativo ante los tribunales ordinarios. La iniciativa la han tomado sindicatos y patronal después de que la Audiencia Nacional anulara el pasado julio la convocatoria de subvenciones de 2014, que fue recurrida por las patronales del metal, la hostelería y las ayudas a la dependencia.

Los agentes sociales y el Ministerio de Empleo libran una agria batalla a cuenta de la reforma del sistema de formación para el empleo. CEOE, UGT y CCOO han sido excluidos de la gestión y el control de los cursos y privados de su derecho de participación a través de la Fundación Tripartita, ahora rebautizada como Fundación Estatal para la Formación en el Empleo –donde ahora Empleo cuenta con mayoría absoluta–. El ministerio, además, ha abierto a la libre concurrencia la oferta de cursos.

La Audiencia Nacional anuló la convocatoria de subvenciones de 2014 porque el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) no sometió su propuesta de distribución del presupuesto a la Comisión Estatal de Formación para el Empleo, donde además de las administraciones públicas se sientan las organizaciones empresariales y los sindicatos. Según la sentencia, el informe que debía haber elaborado la comisión es, “sin ninguna duda”, “preceptivo” y “vinculante”. Contradice así al SEPE, que argumentaba que se trata de “un trámite ajeno a la aprobación de la convocatoria” y, por tanto, no resulta “esencial”.

En su demanda, las tres patronales habían aducido otros tres motivos para anular la convocatoria de subvenciones, pero la Audiencia Nacional no llegó a analizar ninguno de ellos: considera que la ausencia del informe constituye un “vicio de procedimiento” que anula la resolución del SEPE. Los empresarios impugnaban la convocatoria invocando que se había producido una “desviación de poder” al no haber respetado el SEPE el “carácter finalista” de la cuota de Formación Profesional con que se financian los cursos. Esa cuota, del 0,7% –0,6% a cargo de la empresa y 0,1% del trabajador–, debe destinarse a la formación profesional para el empleo, pero se ha dedicado a otros fines, denunciaban las patronales, como los cursos para parados.

La CEOE retoma ahora esos argumentos en su recurso contra la convocatoria de 2016. En 2015 ni siquiera hubo concurso para las ayudas.

UGT y CCOO coinciden en el primero de los motivos de nulidad: la exclusión del órgano de control de la formación. Pero desechan la “irregularidad presupuestaria” que denuncia la CEOE sobre la desviación “discrecional” de fondos a la formación de parados.

La CEOE no ha pedido medidas cautelares, como la suspensión de la convocatoria que, aun así, acumula un considerable retraso. Pero el recurso de sindicatos y patronal no deja de ser una medida de presión con la que los agentes sociales pretenden reclamar que Empleo les devuelva al órgano de control de los cursos para formar a los trabajadores.

CCOO pide que se recuperen 1.000 millones no gastados

Precisamente, CCOO ha exigido al Gobierno la reanualización de 1.089 millones de euros de fondos no gastados procedentes de la cuota de formación que empresarios y trabajadores aportan cada mes.

Según los datos de ejecución presupuestaria del SEPE, esos más de 1.000 millones, ingresados para financiar acciones de formación de 2014 a 2016 a través de convocatorias estatales y acciones programadas por las empresas “se han perdido”, resalta el sindicato.

A su juicio, esa cantidad no gastada “en ningún caso  pueden considerarse un ahorro, sino un despilfarro de ineficacia política y de ausencia de voluntad y compromiso por parte de la Administración con sus propias políticas de empleo y formación”.

El Plan Anual de Política de Empleo para este año presupuesta 714,4 millones de euros que deben transferirse a las comunidades autónomas para financiar acciones formativas.

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El sindicato explica que, debido al sistema de pago establecido por la Administración, una cantidad “importante” se queda sin aplicar, por lo que reclama que este dinero “no se considere ahorro o tenga otros destinos, sino que se dedique a la formación”.

El pasado mes de abril, el Ministerio de Empleo anunció la aprobación por la Conferencia Sectorial de 1.800 millones procedentes de los Presupuestos Generales del Estado para distribuir entre las comunidades autónomas. Y el 31 de agosto se publicó el Plan Anual de Política de Empleo para 2016 (PAE). Sin embargo, CCOO denuncia que “a fecha de hoy aún no se ha presentado la orden de reparto y asignación de dichos fondos entre las comunidades autónomas para cumplir con los objetivos de empleo”.

La Administración establece un sistema de pago a año vencido y una vez justificados los gastos por parte de los territorios. Esto, unido a la falta de liquidez de las comunidades autónomas, explica el sindicato, hace que apenas se dedique un 60% de lo previsto y que en algunas comunidades ese porcentaje sea ínfimo: Madrid y Andalucía apenas llegan al 10%, mientras que Galicia, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana oscilan entre el 20% y el 37%. Sólo en 2013, las comunidades autónomas no aplicaron 500 millones de euros previstos para acciones de formación para el empleo.