La recuperación económica no desatasca los juzgados de lo Social, que señalan juicios para 2019 y 2020

Un juzgado de lo Social de Barcelona acaba de señalar un juicio para el 2 de mayo de 2019. En abril de 2016, otro de Sevilla ya había fijado una vista oral para el 21 de febrero de 2020. El Gabinete Jurídico de UGT Catalunya asegura que tiene 110 casos en los juzgados de Barcelona con fechas fijadas de juicio para 2018 e incluso tres más ya trasladados a 2019. La crisis económica y la reforma laboral dispararon el número de despidos y, en general, de conflictos en las empresas. Hasta el punto de desbordar los tribunales. Los juzgados de lo Social, tradicionalmente rápidos en la resolución de unas demandas que pueden implicar el pago de cantidades importantes para las empresas y vitales para la subsistencia de los trabajadores, han acumulado tales retrasos que se tardará años en aligerar la bolsa acumulada de casos.

Aunque la recuperación económica ha rebajado el número de litigios que entran en los juzgados de lo Social españoles, a un ritmo del 6% anual desde 2015, y un 8,8% en 2014 respecto al año anterior, el atasco sigue lastrando los niveles de resolución. “Ha bajado un 5,5% la entrada de asuntos, pero como antes aumentó hasta un 40%, vamos a necesitar 10 años para normalizar la situación”, se lamenta Xavier González Rivera, delegado del decano en los Juzgados de lo Social de Barcelona.

Y eso, contando con que no se produzca ninguna novedad legislativa, alerta el juez. Porque ya se está empezando a notar, según dice, el aumento de las demandas ocasionado por la recientesentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre los interinos. Abogados y sindicatos auguraron un “alud” de demandas después de que el TJUE reconociera el derecho de los interinos de las administraciones públicas a recibir la misma indemnización que los indefinidos no fijos, 20 días por año trabajado.

De forma que en los 33 juzgados de lo Social de la capital catalana aún se tarda un año y medio en señalar juicio. En algunos casos se llega a los dos años, asegura González Rivera. Más o menos la misma media que se sufre en los 41 juzgados de Madrid, según explica Fernando Fernández Olmedo, el delegado del decano en la capital madrileña.

Más de 1.000 demandas al año por juez

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) establece en 850 asuntos anuales el módulo de entrada, la carga de trabajo máxima que puede soportar razonablemente un juzgado. Si se supera el módulo, deben crearse nuevos juzgados o nuevas plazas, o aumentar plantillas. Los juzgados de lo Social de Madrid tienen una entrada media de asuntos que supone el 141,5% del módulo. Los de Barcelona, del 122%, aunque llegó a estar en el 152% en 2015.

Sin embargo, el peor tapón lo padecen en Sevilla. Si se comparan las tasas de pendencia y congestión de sus juzgados con las de Madrid y Barcelona, el bloqueo se hace patente. Son sólo 11 juzgados. Su tasa de pendencia –el cociente entre los asuntos pendientes al final del año y los resueltos– es de 8,86. Duplica las de Barcelona –4,50– y Madrid –3,40–. Cuanto menor sea la tasa, en mejor situación está el juzgado. Otro tanto ocurre con la tasa de congestión –cociente entre los asuntos pendientes al inicio del año y los resueltos al final–. Sevilla, con un índice de 9,88, dobla los de Barcelona, 5,59, y Madrid, 4,43.

De hecho, y a diferencia de lo ocurrido en Barcelona y Madrid, en Sevilla el número de asuntos ingresados ha aumentado en 2016 respecto al año anterior. Así, sus juzgados superan en un 146% el módulo de entrada del CGPJ, que está seis puntos por encima del índice que tenían en 2015. En 2014, en cualquier caso, llegó a ser del 156%. Es decir, en cada uno de sus juzgados entraron 1.323 asuntos ese año.

Planes de refuerzo insuficientes

Para lidiar con la avalancha de demandas, el CGPJ dispuso planes de refuerzo: más jueces. Deben ser completados por el Ministerio de Justicia, de quien dependen los letrados de la Administración de Justicia –los secretarios judiciales–, y por las 12 comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias, que deben aportar los funcionarios necesarios. Y no siempre caminan las tres administraciones en la misma dirección.

Este mismo mes el CGPJ debe decidir si proporciona a los juzgados de lo Social de Barcelona “dos o tres” jueces de refuerzo de los seis que en principio propuso el decanato de la capital catalana. Aunque no serán suficientes, se lamenta Xavier González, para desatascar los juzgados barceloneses. “Es sólo un parche, y además pequeñito, como poner una tirita en una herida de 10 centímetros, cuando lo que hace falta es coser y vendar”, describe gráficamente quien también es titular del Juzgado de lo Social número 3.

Coincide con él Fernández Olmedo. Los refuerzos ayudan a sacar adelante el trabajo, pero no bastan para atajar un problema “endémico”. De hecho, estos planes son temporales, se prorrogan cada seis meses. El juez elogia el sistema que en los últimos años ha ayudado a rebajar los “tiempos de respuesta” en los juzgados madrileños hasta los 5,8 meses, por debajo de la media nacional, que se sitúa en 7,1 meses. La tasa de pendencia, destaca, ha bajado un 19,2% en seis meses gracias al refuerzo.

Pero advierte de que, en realidad, harían falta 29 nuevos juzgados de lo Social en Madrid para alcanzar unos niveles óptimos de respuesta –de la demanda a la sentencia–.

Jueces recién aprobados

El plan de refuerzo para Madrid consistió en 10 jueces, cinco letrados y 32 funcionarios, explica Fernández Olmedo, para 20 de los 41 juzgados con mayor sobrecarga de trabajo, los que superaban los 1.000 casos. Esta decena de jueces, todos ellos de adscripción territorial, comenzaron a funcionar en septiembre de 2015. Se trata de jueces que acaban de aprobar la oposición. En noviembre de 2016 se añadió un letrado más y siete funcionarios, para ejecuciones de sentencias. En enero de este año el refuerzo se ha extendido a los 30 juzgados más sobrecargados, aquellos con más de 900 demandas.

También se acordó crear una nueva unidad de ejecución, para las sentencias que dicten los jueces de refuerzo, pero aún no se ha puesto en marcha porque la Comunidad de Madrid aún no ha dispuesto el dinero necesario para los funcionarios, protesta el juez. La estadística del CGPJ cifra en un 11,7% la rebaja de la tasa de congestión en el último año. En Barcelona ha sido del 13,2%. “Queremos más juzgados”, recalca en cualquier caso Fernández Olmedo, “porque el volumen de trabajo sigue superando nuestra capacidad”.

En los juzgados de lo Social más saturados de España, los de Sevilla, el pasado 5 de septiembre comenzaron a trabajar cuatro jueces de refuerzo y dos de adscripción territorial. También se les proporcionó dos letrados judiciales, tres gestores, seis gestores, seis tramitadores y cuatro funcionarios, detalla el CGPJ a infoLibre.

Además, han recibido refuerzos los 10 juzgados de lo Social de Bilbao –uno de adscripción territorial desde 2013, pero sin letrado ni funcionarios– o los 17 de Valencia, donde se han dispuesto cuatro jueces adicionales –tres en comisión de servicio y uno de adscripción territorial–.

“El problema no somos nosotros, sino los trabajadores que agotan las prestaciones por desempleo mientras esperan una sentencia o los que llevan cuatro o cinco meses sin cobrar su salario cuando presentan la demanda y todavía deben aguardar siete u ocho meses más para que le señalen el juicio”, explica Xavier González, “o a quienes no se les resuelve la incapacidad temporal antes de un año”.

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Menos conciliación

Además, los jueces vienen observando los efectos colaterales de algunos de los cambios imprimidos por la reforma laboral. La eliminación de los salarios de tramitación –los dejados de percibir por el trabajador desde su despido hasta la fecha de la sentencia que lo declara improcedente o nulo– ha aumentado la litigiosidad, asegura el juez barcelonés. “Los empresarios son más renuentes a conciliar antes del juicio y se la juegan más”, explica, “y con el recorte de las indemnizaciones [de 45 a 33 días], aún más”. Al haber desaparecido para ellos el riesgo de tener que pagar esos salarios, tienen menos prisa y, si pierden, sólo tienen que abonar 13 días más al año de indemnización –los despidos objetivos se liquidan con 20 días–, en lugar de 25 más como antes de la reforma laboral. “Antes querían conciliar cuanto antes, y ahora ya no”, resume.

En cambio, lo que sí ha mejorado es la rapidez con que resuelve el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), otra víctima de la inflación de demandas ocasionada por el alza de despidos. El Fogasa paga salarios e indemnizaciones a los trabajadores de empresas en quiebra. Y llegó a acumular retrasos superiores al añoretrasos superiores al año, por falta de abogados y de funcionarios. Desde que el Tribunal Supremo dictaminó que si el Fogasa no conseguía resolver los asuntos antes de tres meses, tal y como le exigía la ley, las prestaciones se consideraban aprobadas de oficio, las demandas respetan ese plazo, se congratula González Rivera.