Neymar, Rosell y los presidentes del Barça y del Santos serán juzgados por el fichaje del jugador

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha acordado este jueves la apertura de juicio oral y ha impuesto una fianza solidaria de 3,4 millones de euros al presidente de F.C. Barcelona, Josep María Bartormeu, al expresidente del mismo Sandro Rosell, al presidente del Santos Futbol Club, Odilio Rodrígues, así como ambos equipos por los delitos de corrupción entre particulares y estafa impropia en relación al fichaje del delantero Neymar da Silva, según ha informado Europa Press.

En un auto, el magistrado también ha sentado en el banquillo al jugador, a sus padres Neymar da Silva Santos y Nadine Gonçalves, y a la empresa de éstos, N&N, por los delitos de corrupción entre particulares y recuerda que esta decisión la ha tomado dando cumplimiento a los autos de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal que le obligó a revocar el sobreseimiento de esta causa.

El juez instructor fija la fianza de 3.429.768 euros en concepto de responsabilidad civil –que corresponde a la cuantía que supuestamente ha ascendido el beneficio– para Rosell, Bartomeu, Rodríguez, F.C. Barcelona y Santos Futbol Club de acuerdo al escrito de acusación de la Fiscalía, que explica que el fondo de la empresa de representación de futbolistas DIS-Esportes e Organizaçao de Eventos –empresa querellante por la que se abrió esta causa y personada como acusación particular– recibió el 40% de los 17.100.000 euros establecidos como precio de transferencia de derechos federativos de Neymar, es decir, 6.840.000 euros.

Sin embargo, considera que la cantidad del traspaso de los derechos federativos del delantero del Santos al Barcelona ascendió a 25.171.000 euros, siendo por tanto, según el juez, 10.068.400 euros la cantidad que le habría correspondido a DIS. El magistrado no tiene en consideración las cantidades reclamadas por la acusación particular al entender que ya se han incluido todas las relaciones contractuales mantenidas a los largo de los años con Neymar, excediéndose de los hechos objeto del proceso.

Piden dos años de prisión para Neymar

La Fiscalía pide para Neymar dos años de prisión y una multa de 10 millones de euros. Asimismo, solicita cinco años de cárcel para Rosell, otros dos para el padre del jugador, uno para la madre y tres para el presidente del Santos.

Sin embargo, el Ministerio Público no pide prisión para Bartomeu al no ver indicios que apuntasen a su participación en las irregularidades del fichaje. Nos obstante, el presidente del Barça se sienta en el banquillo por la acusación de DIS, para el que interesa ocho años de cárcel, al igual que para Rosell; mientras que solicita cinco años para el jugador.

El pasado mes de noviembre, De la Mata dictó un auto de transformación de diligencias previas a procedimiento abreviado, en el que concluía la investigación, después de que la Sala de lo Penal le obligara a reabrir la causa.

El juez archivó el caso Neymar, modificando su primer auto de transformación, en el que ventilaba la cuestión en sólo tres párrafos, lo que provocó un recurso de la Fiscalía que reclamaba mayor motivación.

Aunque De la Mata afirmó en su auto en que daba por finalizada la instrucción que el contrato firmado en 2011 por el que Neymar recibió 40 millones de euros para fichar en el futuro por el Barcelona habría alterado el libre mercado de fichajes de futbolistas, ahora insiste en la obligación de la Sala para continuar con el procedimiento.

No era un contrato "tan lineal y elemental"

Así, en el auto que se ha dado a conocer este jueves, el juez instructor ha hecho uso del artículo 783.1 de la Ley de Enjuiciamiento criminal que permite que el instructor exponga de forma "respetuosa" las razones por las que consideró que el caso Neymar debía ser archivado. En este sentido, precisa que el contrato del traspaso del jugador suscrito en 2009 tenía un "contenido complejo", pero que no era "tan lineal y elemental" como dice DIS.

Es más, entiende que las cláusulas del contrato con DIS se centraban en el deber del jugador de "no buscar su liberación gratuita", en la obligación de "estar absolutamente comprometido" con este acuerdo y en asegurar a la empresa "una compensación económica adecuada". No tiene nada que ver con la alteración de las reglas de mercado, dice el juez de la Audiencia Nacional, y por tanto insiste en que la interpretación de las mismas se debe hacer en "otro contexto y jurisdicción".

De hecho, De la Mata destaca que el fichaje no sólo dependía de Neymar, sino de las "voluntades" de los equipos de fútbol y del propio jugador y recalca que el contrato no le obligaba a no negociar su futuro profesional para cuando adquiriese la condición de free agent.

El juez también dice que queda fuera del objeto de esta causa el análisis de si los clubes, Neymar, su padre y sus empresas cumplieron las reglas internas de la FIFA sobre traspaso de jugadores, así como la interpretación de las correspondientes indemnizaciones. Además, hace hincapié en que el Barça disponía de un documento que autorizaba al jugador a negociar con otros clubes distintos al Santos y alcanzar acuerdos sobre su transferencias.

Los 40 millones del fichaje no son "una cantidad descabellada"

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Sobre si la cantidad de 40 millones de euros para el fichaje de Neymar, De la Mata subraya que en "el mundo de los fichajes de superestrellas del fútbol no es una cantidad descabellada que impida el acceso al mercado a los clubes que pueden permitirse pujar en estas operaciones". El juez enfatiza que el F.C. Barcelona pagó más de 19 millones adicionales no por "mera generosidad", sino para asegurar que "no se marchara a otro equipo".

El auto de apertura de juicio oral se ha dictado después de que la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal haya rechazado todos los recursos presentados por los acusados a sus procesamientos. En el caso de Neymar, la Sala subrayó que el argumento expuesto por el delantero brasileño sobre la "confianza" en su padre es "en gran medida" el mismo que defendió el también jugador azulgrana Lionel Messi, condenado a 21 meses de prisión por defraudar 4,1 millones de euros a Hacienda por sus derechos de imagen.

Los acusados disponen de 10 días desde la notificación de este auto para formular sus respectivos escritos de defensa. Además, no cabe recurso alguno contra esta resolución.