El Canal dice que tres de sus cargos actuales eran directivos de la filial de Colombia investigada pero solo de relleno

Tres de los cargos del Canal de Isabel II que participaron junto con Edmundo Rodríguez Sobrino y Fernanda Richmond en la dirección Inassa, durante el proceso de compra de la brasileña Emissao continúan en el equipo directivo del grupo público madrileño. La compra de Emissao en noviembre de 2013 es una de las principales operaciones investigadas en la Operación Lezo. Según el juez que hasta ahora ha instruido el caso, Eloy Velasco, su adquisición implicó el desvío de más de 20 millones de euros, lo que  enriqueció "injustamente a determinadas personas". Al igual que Ignacio González, Rodríguez Sobrino permanece en prisión incondicional desde el 21 de abril. Richmond abandonará la cárcel cuando pague los cuatro millones de fianza que le impuso Velasco. Inassa es desde 2002 la filial colombiana encargada de las grandes operaciones del Canal en Latinoamérica,

Tanto el actual director financiero de Canal de Isabel II Gestión SA, Luis Gonzalo González, como su homólogo en el ente público Canal de Isabel II, Ángel Illera,  y la jefa de área de empresas participadas, Cristina Baeza, formaron parte como miembros "principales" de la junta directiva de Inassa, con Rodríguez Sobrino como presidente, durante el bienio en que Inassa acometió la compra de Emissao, 2012-2013. Pero, según fuentes del Canal, ni acudieron jamás a una sola de esas juntas directivas –órgano a caballo entre el consejo de administración y el comité de dirección, explica el grupo público–ni participaron en ninguna decisión. En 2015 pasaron a ser miembros "suplentes" de la junta de Inassa, informaron finalmente este sábado a infoLibre las fuentes consultadas en el Canal.

¿Ninguno de ellos hizo por enterarse de qué planes albergaba Inassa para su desembarco en Brasil pese a que los primeros pasos se remontan a 2012? A tenor de lo que dicen los portavoces de la actual dirección del Canal, hacer seguimiento de lo que ocurría en Inassa ni siquiera formaba parte de sus tareas. Para que la junta directiva pudiera reunirse –siempre en Barranquilla, en el Caribe colombiano– se precisaba un quórum de cuatro asistentes. Según las fuentes consultadas, Rodríguez Sobrino y Fernanda Richmond se apoyaban en su hombre fuerte en Barranquilla, Diego García Arias.

González, Illera y Baeza "eran consejeros ejecutivos, de los que nombra el accionista pero sin responsabilidades en la marcha de la compañía", aseguran los portavoces del Canal ¿Estaban entonces de relleno? La fuente conviene en que, en la práctica, así era aunque acude a una fórmula más laxa: "No participaban en nada". De ser cierto, eso retrataría de un brochazo el modo en que sucedían las cosas en el mayor holding público madrileño durante los gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González: decisiones multimillonarias controladas por un grupo de poder que avanzaba sin la menor resistencia.

¿Sabían los tres lo que ocurría en Inassa, optaron por ignorarlo todo de forma deliberada o sencillamente quienes sí mandaban los mantuvieron verdaderamente marginados sin posibilidad de obtener información? El equipo de Cifuentes remacha que la tercera es la respuesta correcta. Pero –matizan las mismas fuentes– Luis Gonzalo González, que se reincorporó  a la junta directiva de Inassa en 2016 tras la llegada del nuevo gerente del Canal, Rafael Prieto, "no tiene ahora precisamente un papel de relleno sino muy activo en defensa de los intereses madrileños ante los socios locales colombianos".

La presencia de los tres cargos citados en el órgano de dirección y administración de Inassa durante el momento clave de la compra de Emissao queda atestiguada por documentos del Registro Mercantil de Colombia a los que infoLibre ha tenido acceso. Son esos papeles los que constatan que González, Illera y Baeza figuraban como miembros "principales" y no  de"suplentes", como en un primer momento adujeron portavoces del Canal tras las preguntas que este diario les formuló el jueves.  "Las decisiones las tomaban Rodríguez Sobrino y Richmond, todo se cocinaba entre ellos dos", enfatizan los portavoces de los nuevos rectores del grupo público. Y al mismo tiempo, subrayan que Luis Gonzalo González, en aquella época subdirector de Tesorería del Canal, "no era plato de la devoción de Richmond", la poderosa directora financiera del Canal apartada por Cifuentes en mayo de 2016 tras el cese de Rodríguez Sobrino.

Las fuentes añaden algo más: que las investigaciones internas efectuadas por el Canal certifican que González, Illera y Baeza no cruzaron un solo email sobre Emissao con Rodríguez Sobrino o Richmond. "No participaron en nada y, de hecho, el juez, que tiene la documentación de las sucesivas juntas directivas de Inassa, no los ha llamado", recalcan los portavoces consultados.

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Impulsada por Inassa, articulada a través de una empresa opaca con sede en Uruguay –Soluciones Andinas del Agua- que solo operaba con cuentas bancarias de Panamá y materializada en noviembre de 2013 con pagos en Suiza, la compra de Emissao ocasionó, según el juez  Velasco un severo daño al Canal. En el auto por el que el 21 de abril envió a prisión a González y Rodríguez Sobrino, el magistrado cifra en “aproximadamente 25 millones de dólares la malversación y lesión al patrimonio público madrileño”.

La resolución judicial sostiene que Emissao fue “hipervalorada ficticiamente”. Y que la operación enriqueció “injustamente a determinadas personas, ya directamente participantes en estas gestiones o intermediadas por afines a ellos”.

El auto remarca que la compra se llevó a cabo sin una tasación previa independiente, sin informes de los interventores ni autorización del Gobierno de Madrid. Y con pagos “en cuentas de terceros países con opacidad respecto de las titularidades reales”. Todavía no se sabe por qué, Inassa decidió elevar al 75% el porcentaje de Emissao que había de adquirir pese a que su plan inicial consistía en hacerse solo con el 40% y dar entrada simultánea a un segundo grupo español, Essentium. La denuncia enviada por el Gobierno de Cristina Cifuentes a la Fiscalía Anticorrupción en julio de 2016 ya alertaba de las irregularidades detectadas en esa adquisición.