El 89% de las sentencias en procesos investigados por Anticorrupción son condenatorias

La dimisión, este jueves, del fiscal jefe Anticorrupción Manuel Moix después de que infoLibre desvelara que llevaba cinco años y medio siendo cotitular de una sociedad panameña propietaria de un chalé en España ha puesto el foco mediático sobre la actividad de esta fiscalía especial, creada en 1995, con el objetivo prioritario de perseguir la delincuencia económica, la corrupción pública y la criminalidad organizada (narcotráfico, blanqueo, trata de personas...). 

En todo este tiempo, diferentes tribunales han dictado un total de 184 sentencias en procesos investigados por la Fiscalía Anticorrupción. De ellas, 164 fueron condenatorias. Es decir, el 89,1%. Apenas una veintena acabaron en absolución, tal y como ha podido confirmar este periódico tras analizar las memorias anuales del Ministerio Fiscal desde 1995 y hasta 2015, que es el último año disponible. 

En los últimos días, defensores de Manuel Moix han esgrimido en los medios de comunicación el argumento de la supuesta baja eficacia de la Fiscalía Anticorrupción, órgano al que llegó hace tres meses procedente del Tribunal Supremo. Sus partidarios han respaldado este razonamiento a través de la interpretación errónea de algunos datos de la actividad desplegada por Fiscalía Anticorrupción, que según la memoria anual de 2015 [consultar, aquí] intervino ese año en un total de 371 procedimientos judiciales y "promovió" el dictado de 22 sentencias, de las que 20 resultaron condenatorias. 

Pues bien, estos datos se han utilizado para calcular un supuesto ratio de eficacia –porcentaje de sentencias condenatorias en relación con los casos investigados, que apenas llegaría al 5,4%– que sólo tendría sentido si esos 371 procedimientos se hubieran iniciado y culminado en 2015. Fuentes fiscales consultadas por infoLibre confirman que los asuntos que analiza Anticorrupción se alargan durante varios años porque suelen tener "varias ramificaciones" y entrañar una "gran complejidad". Estos casos incluyen a menudo delitos cometidos fuera del territorio nacional, lo que obliga a tramitar comisiones rogatorias (procedimientos de auxilio judicial entre países) que contribuyen a dilatar las investigaciones. 

La propia memoria recoge que casi la mitad de los 371 procedimientos judiciales en los que intervino la Fiscalía Anticorrupción en 2015 se incoaron antes de 2010: 34 de ellos –el 9,2%– se iniciaron entre los años 1993 y 2000; y otros 140 –el 37,7%– entre 2001 y 2009. Los 197 procedimientos restantes –el 53,1% del total– se iniciaron entre 2010 y 2015. De hecho, en 2015, el último año del que hay datos se incoaron 41 procedimientos. Y en ninguno de ellos se ha dictado todavía sentencia. 

En 94 de esos 371 procedimientos judiciales ya se ha dictado sentencia y se encuentran en fase de "ejecución". Eso quiere decir que el fallo ya es firme, pero que todavía no se ha ejecutado la pena dictaminada por el juez. Podría ser el caso, por ejemplo, de una condena por responsabilidad civil en la que el condenado todavía no haya abonado la cantidad económica requerida en la sentencia.  

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Fuentes de la Fiscalía Anticorrupción explican también que es habitual que jueces y fiscales tengan que invertir mucho tiempo en responder los habituales recursos de los acusados, que además de ser numerosos suelen contar con equipos de abogados muy preparados. Estas mismas fuentes sostienen que las investigaciones "pueden prolongarse de media unos cinco años", aunque el tiempo varía lógicamente en cada caso dependiendo de factores como el número de investigados, la complejidad de la trama criminal, las posibles ramificaciones en el extranjero o los propios medios de que disponga el juzgado que lleva el asunto.

Respecto a los 371 procedimientos judiciales en los que intervino la Fiscalía Anticorrupción en 2015, en el 43,4% el ministerio público había apreciado la comisión de delitos contra la Administración Pública, en el 27% contra la Hacienda Pública, y en el 26,4% por blanqueo de capitales. Hay que tener en cuenta que la mayoría de procedimientos se sigue por más de un delito. 

Parte del Gobierno y de la derecha mediática ha vinculado la caída de Moix al frente de Anticorrupción con una supuesta "guerra interna" desatada en ese organismo tras los encontronazos que tuvo con algunos de sus subordinados en el marco del caso Lezo, la operación que acabó con el expresidente madrileño Ignacio González en la cárcel, por oponerse a que la Guardia Civil accediera a las dependencias del Canal de Isabel II, donde se encuentran los documentos de Inassa, la filial colombiana de la empresa pública madrileña que articuló la compra de algunas de las sociedades que centran la investigación.