Fiscalía pide 9 años de prisión para el 'pequeño Nicolás' por hacerse pasar por un alto cargo del Estado

La Fiscalía de Madrid ha solicitado nueve años y nueve meses de prisión para Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como el pequeño Nicolás, por hacerse pasar por un alto cargo del Estado que, a cambio de dinero, resolvía problemas a personas que previamente habían sido captadas con la participación de policías municipales y un guardia civil.

Fiscalía acusa al pequeño Nicolás de los delitos de integración en grupo criminal, descubrimiento y revelación de secreto continuado, violación de secretos y cohecho. De estos mismos delitos también responsabiliza al funcionario de la policía municipal de Madrid Felipe G.S. y al cabo del mismo Cuerpo Jorge G.H.

Mientras que el excoordinador de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid Emilio García Grande se le imputa el delito de violación de secretos y otro de descubrimiento y revelación de secretos al guardia civil adscrito a la Casa Real Francisco Javier S.L.

El escrito de acusación provisional de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, explica que Gómez Iglesias pidió durante el año 2014, hasta que fue detenido el 14 de octubre de ese mismo año, información relativa a la titularidad de placas de las matrículas a los agentes.

Según apunta, los agentes accedieron a sendas aplicaciones del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil para recoger dichos datos pertenecientes a la Dirección General de Tráfico. Recalca que toda consulta a la misma fuera del ejercicio de sus funciones de la actuación policial no esta autorizada.

El Ministerio Público explica que el conocido como pequeño Nicolás contactaba con los titulares de las matrículas, a quienes les hacía creer que tenía una "estrecha relación con distintos organismos y autoridades de las Administraciones Públicas". A estos les ofrecía su ayuda "ficticia" en las gestiones relacionadas con sus vehículos "con la única finalidad de obtener dinero".

Además, el escrito de calificación detalla que Felipe G.S. y Jorge G.H. tenían un grupo en la aplicación de mensajería instantánea Whatsapp nombrado Dpto Seguridad Nacional, en el que se detallaba cómo se iba a repartir el dinero conseguido. El pequeño Nicolás "era quién obtenía los medios económicos que luego repartían a los otros dos acusados" como gratificación por la colaboración, destaca la Fiscalía.

Por todo ello, el fiscal Alfonso San Román pide un total de nueve años y nueve meses para Gómez Iglesias y una multa de 54.000 euros que responde a una cuota diaria de 100 euros durante 18 meses. Precisamente, solicita 1 año y tres meses por pertenencia a grupo criminal, cuatro años por el continuado de descubrimiento y revelación de secretos y violación de secretos, y otros cuatro años y medio por cohecho.

Para los dos policías municipales, acusados de los mismos delitos, interesa ocho años y medio de prisión; mientras que para Francisco Javier S.L. solicita dos años y ocho meses por descubrimiento y revelación. Por último, para García Grande solo reclama 4.500 euros por el delito de violación de secretos.

El anterior titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid, Arturo Zamarriego, procesó a estas cuatro personas antes de abandonar el juzgado para pasar a la Audiencia Provincial. También propuso juzgar a otros dos investigados José Luis G. C. y Juan Julián M.G., pero la Fiscalía se opone a acusarles al entender que "no ha quedado suficientemente acreditada la comisión por su parte de delito alguno".

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En su auto, Zamarriego concluye que Emilio García Grande y los policías Jorge G.H. y Felipe G.S actuaban "bajo la dirección superior de Francisco Nicolás" y, añade, que "también contactó de la misma forma y con el mismo fin a otros agentes y funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado".

Asimismo, recoge la reunión mantenida el 29 de septiembre de 2014 por el pequeño Nicolás y el empresario Javier de la Rosa Martín en el interior de un vehículo de alta gama aparcado en las inmediaciones de Madrid-Atocha y las gestiones que emprendió este joven al sospechar que había sido espiado por policías desde una motocicleta.

Por este motivo, dice el juez, Francisco Nicolás contactó con el acusado Francisco Javier S.L., guardia civil de la Casa del Rey, quien le facilitó los datos relativos a la matrícula de esa motocicleta, según este agente "reservada para la Secretaría de Estado para los Servicios Generales", a cambio de que este joven "influyera favorablemente en los exámenes de promoción interna que estaba preparando".