20 empresas del Ibex no cuentan con políticas específicas en materia de derechos humanos
Las empresas del Ibex terminaron 2015 con ganancias superiores a los 22.400 millones de euros pero con un suspenso rotundo en materia de derechos humanos. A cierre del ejercicio, 20 de las 35 empresas que conformaban el selectivo español –actualmente con una menos tras la salida del Banco Popular– no contaban con políticas específicas destinadas a asegurar el respeto de los derechos humanos, según se recoge en un informe del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa (ORSC), elaborado tras el análisis de las memorias de responsabilidad social y sostenibilidad del grupo de empresas con mayor liquidez de España y presentado este jueves.
Sólo siete de las firmas –Repsol, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Ferrovial, ArcelorMittal y Acciona– disponían entonces de una política específica en esta materia. "La diferencia entre un compromiso genérico y una política específica recae en que esta última goza de una cierta institucionalización dentro de la empresa, puesto que para cumplir con los requisitos establecidos en los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresa y Derechos Humanos debe haber sido aprobada por la más alta dirección dentro de la entidad", señala el ORSC. Esto, añade, la convierte en una "política global" que "estará presente y determinará" todos los procesos y actividades de negocio.
El análisis de este indicador dejaba fuera, sin embargo, a las 8 entidades financieras –Sabadell, Popular, Santander, BBVA, Bankia, Bankinter, Caixabank y Mapfre–, que se estudiaron en función de sus operaciones financieras. "Sería posible decir que la vulneración de derechos humanos se produce en una situación de complicidad con la empresa/estado que realiza la operación que viola los derechos gracias a su vez a la financiación recibida por el banco o la entidad", apunta el informe. Sólo seis de ellas (el 66,7%) aportan información sobre la integración de los derechos humanos en los procedimientos de inversión: Popular, Sabadell, Santander, BBVA y Mapfre.
Trabajo forzoso o infantil
El pasado mes de marzo, la BBC levantó un gran revuelo con la emisión de Los refugiados que confeccionan nuestra ropa, un documental en el que acusaba a los proveedores de compañías como Mango e Inditex de explotar a refugiados sirios en fábricas turcas, con jornadas de 12 horas, sin los permisos pertinentes y en deficientes condiciones de seguridad. No era la primera vez que la firma textil se veía salpicada por un escándalo similar. En 2011, Zara fue investigada por el Ministerio de Trabajo brasileño por un caso de trabajo esclavo. Y en 2014, la compañía de Amancio Ortega –junto con El Corte Inglés y Cortefiel– fue acusada de emplear a niñas y adolescentes en sus plantas textiles de India y Bangladesh en condiciones cercanas a la esclavitud, según el informe Flawed fabrics.
En este sentido, el informe recoge que 24 de las firmas del Ibex 35 –el 68,6%– informaban en sus memorias de 2015 sobre su compromiso de no utilización de trabajo infantil ni forzoso. "Todavía existen algunos ejemplos de empresas sobre las cuales no se encuentra ninguna mención sobre estos aspectos", lamenta el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa. En materia de trabajo forzoso, no contaban con un compromiso público específico Amadeus, Banco Popular, Banco Sabadell, Bankia, Bankinter, Dia, Gas Natural, Grifols, Indra, Mediaset y Merlin Properties. En el caso del trabajo infantil, de la anterior lista sale Gas Natural. El Observatorio también incluye en este listado a ACS, pero la constructora sí que recoge tanto en su memoria de 2015 como en su informe integrado de 2016 su compromiso a la erradicación del trabajo forzoso e infantil.
Mecanismos de acceso a remedio
Sin embargo, el acontecimiento que golpeó con mayor dureza las conciencias del primer mundo fue el ocurrido el 24 de abril de 2013. Aquel viernes, el derrumbe del edificio Rana Plaza de Dacca (Bangladesh) –con proveedores que trabajaban para Mango, El Corte Inglés e Inditex– dejó más de un millar de muertos e hizo saltar todas las alarmas sobre las condiciones laborales en el país. Las auditorías programadas por los fabricantes fueron incapaces de detectar el deficiente estado del edificio, al que se habían añadido dos pisos más de forma ilegal y se estaba construyendo otro en el momento del desplome.
A pesar de ello, sólo 17 de las empresas del Ibex 35 –Telefónica, Repsol, REC, OHL, Mapfre, Inditex, Iberdrola, IAG, Gas Natural, Gamesa, Endesa, BBVA, Banco Santander, Banco Sabadell, Banco Popular, ArcelorMittal y Acciona– informaban dos años después sobre sus políticas y sistemas para el control de sus proveedores en materia de derechos humanos. "El control de las cadenas de producción es una parte fundamental del ejercicio de debida diligencia en materia de derechos humanos, ya que es a lo largo de éstas donde en la mayoría de los casos se producen los mayores abusos a los derechos humanos", recuerda el informe, que exige a las empresas un control en esta materia.
Además, el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa recoge que únicamente 3 compañías –Iberdrola, Gas Natural y Acciona– informaban en 2015 de los riesgos sobre los derechos humanos por sus propias actividades. Y sólo 4 –ArcelorMittal, Gamesa, Iberdrola y Repsol–, apenas un 11,4%, informaba de la existencia de mecanismos de acceso a remedio para todas aquellas víctimas de los impactos en derechos humanos por sus actividades y operaciones comerciales. El 88,6% de las empresas del Ibex, por tanto, lo mantenía oculto. "Deben estar preparadas para comunicar exteriormente las medidas que toman para hacer frente a consecuencias negativas sobre los derechos humanos que hayan provocado o contribuido a provocar, sobre todo cuando los afectados o sus representantes planteen sus inquietudes", asevera el informe.
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Suspenso general
El estudio también pone el foco en los derechos laborales. En este sentido, explica que el 65,7% de las compañías reconocían expresamente el derecho a la negociación colectiva y el 71,4% reconocían expresamente el derecho a la libertad de asociación de los trabajadores en su información pública. Además, 29 se comprometía en sus memorias de responsabilidad a que ningún trabajador sería objeto de ninguna forma de discriminación. Y sólo 7 firmas incentivaban o favorecían la realización de derechos laborales internacionalmente reconocidos en los países donde la legislación no los reconoce, ilegaliza o desprotege.
Con el análisis de todas esas variables sobre la mesa, el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa ha ido puntuando –entre 0 y 4– a cada una de las empresas en función de los grados de la calidad de la información aportada en este sentido. La media del selectivo se situó en el 0,78, una puntuación que evidencia un nivel de información "escaso e insuficiente para poder comprender con exactitud el desempeño de las empresas analizadas". Ninguna de las 35 compañías logró aprobar el examen. El suspenso fue general.
