El préstamo de 10.000 millones a la Seguridad Social alerta sobre la urgencia de reformar la financiación de las pensiones

El Consejo de Ministros ha dado luz verde al préstamo extraordinario que el Estado concederá a la Seguridad Social para pagar la extra de las pensiones de julio. Son 10.192 millones de euros que el organismo de previsión social deberá devolver en 10 años sin intereses. El Gobierno evita así dejar casi a cero el Fondo de Reserva, la hucha de las pensiones de la que ha sacado 55.213 millones desde 2012. Una vez haya pagado la extra de julio, en la hucha sólo quedarán 11.602 millones. El préstamo le va a servir a la Seguridad Social para pagar también la extra de diciembre.

El fin para el que fue creado el Fondo de Reserva era precisamente atender los problemas de tesorería del sistema. Pero el déficit continuado y creciente de la Seguridad Social desde 2012 ha obligado al Gobierno a hacer un uso intensivo de la hucha. Así que, antes de dejarla vacía, ha optado por recurrir a una línea de crédito que ya se incluía en el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado. No es la primera vez que el Estado presta dinero a la Seguridad Social, ya lo hizo en los años 90, cuando el sistema se encontraba en déficit permanente.

“Lo fundamental es que se paguen las pensiones”, coinciden Carles Campuzano (PeDECAT) y Sergio del Campo (Ciudadanos), miembros de la Comisión del Pacto de Toledo, y el profesor de Economía Santos Ruesga, quien formó parte del comité de expertos que asesoró la reforma de las pensiones de 2013. Si para garantizar el abono de las extras, se utiliza un préstamo, una transferencia o la propia hucha, “al pensionista le es indiferente”, añade Campuzano. “Pero ninguna solución es buena”, apunta. Por eso va a pedir la comparecencia de la ministra Fátima Báñez en la Comisión de Empleo, para que explique las condiciones del préstamo de 10.192 millones. Que se la requiera en la Comisión de Empleo y no en la del Pacto de Toledo no es accidental. En esta última “la perspectiva es otra”.

El problema es que los trabajos en el Pacto de Toledo “están muy verdes”. Otro tanto ocurre con la mesa sobre pensiones a la que se sienta el Ministerio de Empleo con la CEOE y los sindicatos. Sergio del Campo admite también que los debates en la Comisión del Pacto de Toledo van “muy lentos”. Y el recurso al préstamo para no vaciar la hucha produce “una cierta sensación de inestabilidad del sistema”, advierte Santos Ruesga. “Porque no sabes qué va a pasar y tendrás que repetirlo en años sucesivos si continúa el déficit”. Además, Ruesga cree que el problema no es tanto la fórmula financiera utilizada sino más bien que las pensiones “se deterioran a medida que pasa el tiempo”. “Con el índice de revalorización actual [el 0,25% mientras el sistema permanezca en déficit], este año ya perderán poder adquisitivo”, explica el profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, puesto que la inflación prevista rondará el 2%, después de años con IPC plano o incluso en negativo. “Todo lo que se retrase esa toma de decisión se traducirá en un deterioro del valor de las pensiones”, sentencia Santos Ruesga, quien apremia a la Comisión del Pacto de Toledo a llegar a una conclusión sobre las posibles fórmulas de financiación “lo antes posible, a fin de estabilizar el sistema”.+

Para Carles Campuzano, la “discusión de fondo no es si resulta preferible un préstamo o una transferencia del Estado. Por el contrario, la cuestión es si con la recuperación del empleo y los ingresos por cotizaciones a la Seguridad Social se consigue el equilibrio del sistema o no. “Ni siquiera dentro del Gobierno están todos de acuerdo”, asegura el diputado catalán, “mientras Empleo insiste en que alcanzando los 20 millones de afiliados se reequilibran las cuentas, el Ministerio de Economía te lo discute”.

La Seguridad Social cerró 2016 con el déficit más abultado de su historia, 18.600 millones de euros18.600 millones de euros, y continuará en números rojos durante bastantes años más según todas las previsiones. Pese a que se han creado 1,2 millones de empleos durante la recuperación, los ingresos por cotizaciones no bastan para pagar los gastos en prestaciones. La baja calidad de esos puestos de trabajo, con salarios exiguos y contratos temporales, se reflejan en las menores cuotas que se pagan a la Seguridad Social.

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A Ruesga no le asusta el recurso a la deuda para financiar las pensiones. “Si se utiliza esa fórmula para pagar la sanidad o la educación, ¿por qué no para las pensiones?”, abunda. Aunque también considera “lógico” que se arbitre una solución “estructural, y sin coste adicional” para el problema de los ingresos. Sergio del Campo concede que el préstamo del Estado no es más que “un parche”. “Debería analizarse de dónde viene el déficit, pero también hay que mejorar el mercado de trabajo, aumentando los salarios y, por tanto, las cotizaciones”, destaca. El diputado de Ciudadanos –y el del PeDECAT– defiende igualmente la eliminación de las reducciones de cuotasla eliminación de las reducciones de cuotas, las “tarifas planas” creadas por el Gobierno para fomentar la contratación indefinida cuya eficacia ponen en duda los expertos.

Ruesga, Del Campo y Campuzano coinciden además en la necesidad de buscar financiación externa para los pensiones. Pagarlas con impuestos. Sobre la mesa se ha puesto ya hacerlo con las de viudedad, “pero manteniendo su carácter contributivo”, precisan. Un punto en el que están de acuerdo también PSOE y Podemos. El profesor de la Universidad Autónoma no duda además en sugerir que se financien las pensiones son tributos que “no recaigan sobre las rentas, sino sobre los patrimonios”, o incluso subiendo el IVA o hasta el Impuesto de Sociedades.

También es unánime la crítica al índice de revalorización de las pensiones, desligado del IPC, que se estableció en la reforma de 2013. Carles Campuzano recuerda que su grupo se opuso a la reforma –que aprobó en solitario el PP–. Sergio del Campo tacha de “muy agresivo” el índice actual y aboga por “revisarlo”. “Lo que decimos es: o avanzamos en reformas que equilibren el sistema o ajustamos el índice de revalorización, porque nadie va a defender que los pensionistas pierdan poder adquisitivo”, propone. Santos Ruesga alerta ante “cualquier elemento que intente introducir miedo –‘estamos generando deuda, vamos a bajar la pensión’– y justifique una rebaja de las pensiones”. Al tiempo, desconfía de que la apuesta del Gobierno sea mantener el poder adquisitivo de estas prestaciones eliminando el índice de revalorización que él mismo diseñó.