El Supremo pide a la Fiscalía que informe sobre la querella contra Moix por no investigar el 'caso González'

La Sala Segunda del Tribunal Supremo pide a la Fiscalía que se pronuncie "sobre la competencia y contenido de la querella formulada" contra Manuel Moix, que es fiscal de Sala del propio Supremo tras verse forzado a dimitir en Anticorrupción después de que infoLibre desvelase que es dueño de una empresa en Panamá. Así consta en una providencia fechada el pasado 14 de julio, a la que ha tenido acceso este periódico.

La querella fue presentada por el Tribunal Ciudadano de Justicia-15M (TCJ-15M), a través de la asociación Contratrama, y en ella se acusa a Manuel Moix de archivar sin investigar dos denuncias presentadas en 2007 y 2009 contra Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid ahora encarcelado. En aquel momento Moix era el fiscal jefe de Madrid y él mismo firmó los dos decretos de archivo de las denuncias. Los querellantes sostienen que si el entonces fiscal jefe de Madrid hubiese practicado unas mínimas diligencias de investigación se habría desmontado hace diez años la presunta trama corrupta liderada por González. Contratrama, que aportó abundante documentación al Supremo para probar sus acusaciones, considera que esa actuación de Moix podría ser constitutiva de prevaricación, encubrimiento y omisión de perseguir delitos.

En su providencia, la Sala "tiene por consignada en plazo la fianza que por importe de 3.000 euros le fue impuesta para el ejercicio de la acción popular" a Contratrama. El Supremo, en un auto notificado el 10 de julio, impuso esos 3.000 euros de fianza y dio a los querellantes un plazo de 72 horas para que depositasen el dinero. Contratrama pidió la colaboración ciudadana para reunir dicha cuantía y en menos de 36 horas recaudó más de 12.000 euros para la fianza.

Al cumplir Contratrama con el requisito de la fianza, el Tribunal Supremo tendrá que pronunciarse ahora sobre el fondo del asunto. El tribunal está presidido por Manuel Marchena, que también es presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y a quien en ámbitos jurídicos se considera el ideólogo de algunas políticas judiciales del PP. Completan la Sala los magistrados Francisco Monterde, que actúa como ponente, y Alberto Jorge Barreiro.

La Sala deberá decidir si admite a trámite la querella y, como es preceptivo, pide a la Fiscalía del Supremo que informe. En este caso se produce una circunstancia ciertamente infrecuente: la Fiscalía deberá pronunciarse sobre la actuación presuntamente delictiva de uno de sus miembros, ya que Moix es fiscal de Sala del propio Supremo. El informe lo realizará uno de los fiscales adscritos a la Sala de lo Penal, aunque es posible que antes de redactarlo los fiscales del Alto Tribunal debatan el asunto en una reunión, indicaron a este periódico fuentes de la Fiscalía.

Los fiscales de Sala del Supremo están aforados ante ese mismo tribunal, así que hay pocas dudas sobre la competencia. De hecho, en el auto notificado el 10 de julio, la Sala ya afirmaba que le correspondía la competencia de acuerdo con el artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). 

La querella

"Manuel Moix decretó el archivo de las denuncias sin realizar diligencias de investigación esenciales, a pesar de que su práctica había sido solicitada expresamente por los denunciantes. La realización de esas diligencias elementales habría servido ya en 2007 para descubrir una de las operaciones de corrupción descritas con detalle en el auto del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional que decretó el ingreso en prisión de Ignacio González”, se indica en la querella, que firma la abogada Liliana Pineda.

Estos hechos fueron desvelados por infoLibre el pasado mes de mayo, en una información titulada “Nuevos documentos desvelan que el fiscal Moix evitó en tres ocasiones que se investigase el caso González”

Las dos denuncias y una querella contra Ignacio González fueron presentadas en 2007, 2009 y 2010 por vecinos del barrio de Chamberí que se oponían a la construcción de un campo de golf en los terrenos del Canal de Isabel II, la principal empresa pública de Madrid que estaba presidida por González. En aquel momento, Manuel Moix era el jefe de la Fiscalía de Madrid. Según afirman ahora los querellantes, Moix “no sólo archivó sin investigar las denuncias presentadas contra González, sino que fundamentó sus decretos de archivo en datos inciertos y sostuvo que no existía la más leve sospecha de irregularidades en una operación que la Audiencia Nacional califica ahora como delictiva”. Es una referencia al caso Lezo, en el que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha descubierto que González y su familia se lucraron directamente con la construcción y la explotación del campo de golf del Canal.

“El encubrimiento por parte de Manuel Moix de las operaciones presuntamente corruptas del entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid y de sus familiares permitió que la ‘organización criminal’ –así definida en el auto de la Audiencia Nacional– siguiese operando durante diez años”, se destaca en la querella de Contratrama, que tiene 36 páginas.

Los querellantes piden que se cite a declarar a Manuel Moix “en calidad de investigado”; que se requiera a la Fiscalía de Madrid para que remita al Tribunal Supremo las diligencias de investigación 2/2009, abiertas tras una de las denuncias contra González y que terminaron en un decreto de archivo firmado por el propio Moix, y que se envíen oficios a la Agencia Tributaria y a la Tesorería General de la Seguridad Social reclamando información de dos empresas vinculadas a la trama del campo de golf.