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Una jueza casada con un exdirigente del PP cántabro archiva de un plumazo la querella contra la líder regional del partido

La jueza del TSJC de Cantabria Paz Hidalgo (de blanco y con vaqueros), junto a militantes y dirigentes del PP cántabro en las fiestas de Novales, el pasado 5 de agosto.

El meteórico archivo –menos de 36 horas laborables desde su presentación– de la querella que varios militantes del PP cántabro interpusieron en julio contra su líder regional, María Jesús Sáenz de Buruaga, como beneficiaria, tal y como desveló infoLibre, de un misterioso pago de cuotas en bloque que fue clave para su victoria en el congreso de marzo, guardaba una sorpresa en la recámara. La ponente del auto con que el Tribunal Superior de Cantabria (TSJC) dio carpetazo el 31 de julio a aquella denuncia por supuesta prevaricación y delito electoral se llama Paz Hidalgo. Y está casada con José Luis López Tarazona, exdirector general de Trabajo del Gobierno cántabro bajo mandato del PP en la pasada década y, sobre todo, miembro de la ejecutiva regional del partido hasta mayo de 2012. Tras el fulminante cerrojazo, Hidalgo ha sido recusada.

El escrito de recusación, al que ha tenido acceso infoLibre, no menciona a su marido: "Desconocíamos ese vínculo", explican los autores de la querella. La magistrada ha rehusado ofrecer su versión a este diario y si se planteó en algún momento apartarse de la causa a la vista de que su marido y la principal querellada habían compartido presencia en la ejecutiva cántabra del PP durante al menos cinco años. Sáenz de Buruaga era la número dos; López Tarazona, secretario de área de finanzas. En su discurso como candidato a la presidencia del PP en mayo de 2012, el entonces líder regional de la formación conservadora, Ignacio de Diego, nombró uno a uno a todos los miembros del equipo que hasta entonces le había acompañado: y el marido de Paz Hidalgo era uno de ellos. 

Los autores de la denuncia, elevada al TSJC por cuanto Sáenz de Buruaga goza de aforamiento por su condición de diputada autonómica, aseguran que el pago de esas 491 cuotas atrasadas incrementó en un 15% el censo de militantes con derecho a voto en el congreso regional. Y que inclinó la balanza interna en favor de Sáenz de Buruaga frente a su rival, Ignacio Diego, de quien durante años había sido su número dos. Sostienen asimismo los querellantes que el ingreso de los 8.852 euros usados para poner la día las cuotas de esos 491 afiliados se hizo a través de la cuenta de un "discapacitado psíquico" cuyos únicas rentas proceden de "exigua" prestación social. ¿De dónde salió el dinero? ¿Debió activar el PP los mecanismos de prevención contra el blanqueo de capitales? Los autores de la denuncia creen que sí.

Por qué el PP aceptó esa vía, máxime si realmente la cuenta pertenece a un discapacitado psíquico sin apenas ingresos, es una de las grandes incógnitas. El auto de archivo ni siquiera se detiene en ese hecho. 

Como recuerdan los querellantes en su recurso contra el auto de archivo, la Ley de Financiación de Partidos estipula en su artículo 8  lo que sigue?: "Los ingresos efectuados en las cuentas destinadas a la recepción de cuotas serán, únicamente, los que provengan de éstas, y deberán ser realizados mediante domiciliación bancaria en una cuenta de la cual sea titular el afiliado, o mediante ingreso nominativo en la cuenta que designe el partido". El auto de archivo no concede importancia a ninguno de esos factores.

Hidalgo llegó en 2011 al TSJC a propuesta del PP. También obtuvo el apoyo de los conservadores, en este caso el del sector mayoritario del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el presidente del TSJC y  de la sala que dictó el archivo, José Luis López del Moral, director general de Justicia del Gobierno de Madrid en la pasada década bajo la batuta de Alberto Ruiz-Gallardón. Esos dos datos constan de manera destacada en la recusación planteada ahora por los querellantes. 

Con prisas y sin informe del fiscal

Cuando tuvo conocimiento de que el marido de Hidalgo había pertenecido a la dirección del PP cántabro, infoLibre pidió hace dos semanas a los portavoces oficiales del TSJC conocer la versión de la magistrada Paz Hidalgo sobre la eventual relevancia jurídica que ese hecho pudiera tener para la causa. Los citados portavoces explicaron entonces que la jueza estaba de vacaciones y no regresaría hasta el lunes 18.

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Ese día, este diario remitió de nuevo al TSJC un correo electrónico con las preguntas para Hidalgo. No hubo más respuesta que esta: "La magistrada está a la espera de recibir la recusación, de la que deberá informar. Dado que la causa de recusación lleva su trámite, será una sala la que decida sobre la misma. Por tanto, en este momento la magistrada considera que no debe pronunciarse acerca de las preguntas planteadas". 

El tercer miembro de la sala que archivó la querella contra Sáenz de Buruaga participó como sustituto: el magistrado al que le correspondía completar el tribunal estaba de vacaciones cuando la querella se presentó por vía telemática el 26 de julio pasadas las seis y media de la tarde. El texto llegó así a la mesa de los magistrados el jueves 27 por la mañana. El 28, viernes, fue festivo en Cantabria. Y el lunes 31 por la mañana la procuradora de los querellantes recogió el auto de archivo. El tribunal no requirió la opinión de la Fiscalía.

 

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