Dos exdirectivos colombianos del Canal señalaron a González como la persona que ordenó cómo repartir los sobornos

La confesión de los dos exjefes locales de la estructura del Canal de Isabel II en Latinoamérica, los colombianos Diego García y Ramón Navarro, ha cavado la tumba penal de Ignacio González en el caso Lezo, han asegurado a infoLibre fuentes de la investigación.

Tanto Diego García, exgerente de Inassa y preso en Colombia hasta que quedó en libertad tras colaborar "muy activamente" con la justicia española durante su declaración del pasado día 1 de noviembre, como Ramón Navarro, gerente hasta 2016 de la subsidiaria Triple A de Barranquilla y que nunca ha llegado a ingresar en prisión, señalaron a Ignacio González como el jefe de la organización que diseñó y ejecutó una compra ruinosa para el erario madrileño: la de la empresa brasileña Emissao a finales de 2013 por 29,5 millones de dólares más 1,5 millones de aportación a su capital. Ambos constan como investigados en la causa. Y ambos subrayaron por separado que fue Ignacio González quien ordenó cómo debía efectuarse el reparto de los sobornos. Las órdenes llegaban a través de quien durante años fue el factótum del político en Latinoamérica, Edmundo Rodríguez Sobrino, hasta 2016 presidente de Inassa. Para quienes trabajaban en Colombia dentro de la estructura del Canal de Isabel II, Rodríguez Sobrino era "el virrey". Este jueves, infoLibre intentó sin éxito contactar con el abogado de Ignacio González para recabar su versión.

De acuerdo con las fuentes consultadas, de los 5,4 millones de dólares que el anterior dueño de Emissao, el brasileño Sebastiao Cristovam, comenzó a distribuir desde Suiza apenas 48 horas después de que en enero de 2014 Inassa terminara de hacer llegar a sus cuentas el suculento precio pagado por Emissao a costa del erario madrileño, González se reservó para sí 1,8 millones. Y otras cuatro personas, incluidos Diego Arias y Ramón Navarro, recibieron 900.000 dólares cada uno. Los dos antiguos jerarcas locales de la estructura del Canal en Colombia confirmaron que el factótum de Ignacio González en Latinoamérica, Edmundo Rodríguez, y el exdelegado del Gobierno en Ceuta, Luis Vicente Moro, completan el grupo de perceptores de mordidas.

Un alud de documentación

Solo los 900.000 dólares que según Arias y Navarro acabaron en manos de Luis Vicente Moro permanece fuera de control: los fondos, dijeron, habían sido transferidos a República Dominicana. El resto viaja ya hacia España. De momento, no hay certeza de que González hubiese adquirido propiedades inmobiliarias en Colombia, aunque los investigadores tampoco lo descartan y prosiguen el rastreo, ahora reforzado gracias al alud de documentación que aportó Diego Arias.

Los investigadores consideran a Moro como un hombre de la estricta confianza de Ignacio González, a quien supuestamente proporcionaba valiosa información gracias a las relaciones que atesoraba desde su etapa como alto cargo en el Gobierno de Aznar. En prisión preventiva desde abril, el antiguo delfín de Esperanza Aguirre madrileño recuperó la libertad el pasado día 7 de noviembre tras depositar una fianza de 400.000 euros. González nunca llegó a disponer de los 1,8 millones que se asignó: el dinero permaneció en todo momento camuflado en las cuentas panameñas de dos empresas instrumentales de Edmundo Rodríguez Sobrino: Rafaello y Amalfi.

Los dos arrepentidos colombianos facilitaron al juez y al fiscal anticorrupción detalles de extrema concreción sobre las vías que, a modo de transferencias en cascada, se utilizaron para materializar el reparto de sobornos. Por ejemplo, tanto García como Navarro recibieron desde Suiza 1,5 millones –tres en total– pero porque tenían instrucciones precisas de traspasar parte del dinero a Moro y a Rodríguez Sobrino.

Los dos colombianos narraron cómo el banco panameño donde –mediante un depósito a su nombre en el caso de Diego Arias y, al parecer, de una sociedad pantalla en lo que respecta a Ramón Navarro– cada uno de ellos guardaba sus 900.000 dólares les obligó a cancelar las cuentas en el instante en que el escándalo de Lezo cruzó el océanoLezo . 

Adquirida casi al cierre de 2013 por Inassa, el opaco brazo ejecutor de las inversiones del Canal de Isabel II en Latinoamérica, los pagos por el 75% de Inassa se articularon a través de Soluciones Andinas del Agua (SAA), una empresa instrumental domiciliada en Uruguay y que solo operaba a través de cuentas bancarias de Panamá. Entre el 26 de diciembre de ese año y el 27 de enero de 2014, a una de las cuentas de Soluciones Andinas, abierta en el Helm Bank de Panamá, llegaron seis millones de dólares que habían sido transferidos por Inassa desde Miami. De ellos, 4,4 millones fueron a su vez enviados a una cuenta suiza, teóricamente para abonar al antiguo propietario de la totalidad de Emissao, el brasileño Sebastiao Cristovam, uno de los pagos pactados.

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Encarcelado hasta comienzos de este mes en una prisión colombiana cuya localización exacta ignora este diario pero en la que tenía que pagar "para dormir tumbado" en el suelo –relata una fuente local conocedora de la investigación–, Diego García aportó numerosa documentación incriminatoria. Y destapó un dato, posteriormente corroborado por el oscuro y casi desconocido en España Ramón Navarro, que tiende un puente entre Lezo y el caso del ático. Y ese dato es que el político decidió ocultar en el Istmo centroamericano esas mordidas porque para entonces, comienzos de 2014, la investigación judicial sobre su ático de lujo en Estepona ya era imparable y necesitaba adoptar precauciones. Navarro confirmó esa versión, explican las fuentes sondeadas por este diario.

El caso ático continúa de momento instruyéndose en Estepona. ¿Se acumulará a las actuaciones de Lezo? Es una incógnita. El relevo del fiscal encargado hasta ahora de esa investigación, Carlos Iáñez, quien solicitó su cese hace semanas amenaza con introducir demoras en tanto la persona que resulte elegida para sustituirle se hace con las riendas del voluminoso e intrincado sumario.