El Gobierno se ampara en la Ley de Secretos Oficiales para no ofrecer datos sobre el 1-O

El Gobierno de Mariano Rajoy recurre a la Ley de Secretos Oficiales para no responder a un total de 22 preguntas sobre el 1-O formuladas por el diputado del Partit Demócrata Europeu Català (PDeCAT) Feliu Guillames y Ràfols. Según puede consultarse en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de este lunes, el Ejecutivo recurre a una misma respuesta genérica para esas 22 preguntas centradas el grueso de ellas en la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante el referéndum ilegal.

"Se informa que el Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de noviembre de 1986, por el que se clasifican determinados asuntos y materias con arreglo a la Ley de Secretos Oficiales, otorgó con carácter genérico, la clasificación de reservado a los planes de seguridad de instituciones y organismos públicos", puede leerse en las respuestas.

En el documento del Gobierno, que lleva fecha del 7 de noviembre, más de un mes después del 1-O, se sostiene que "la difusión de la información relativa a la estructura, organización, medios y técnicas reflejadas en los planes de seguridad, además de vulnerar la normativa reguladora de materias clasificadas, puede afectar a la eficacia de los mismos, y por lo tanto poner en riesgo a las instituciones y personas objeto de protección".

Entre las preguntas que quedan sin respuesta están una relativa a si el Ejecutivo considera "proporcional" la actuación policial del 1-O. El diputado considera que "el pasado 1 de octubre la Policía Nacional y la Guardia Civil realizaron contundentes cargas policiales contra personas situadas a las puertas de numerosos colegios electorales y contra sus instalaciones, para evitar la celebración del referéndum".

No pasa inadvertido que el Ejecutivo recurre a la Ley de Secretos Oficiales para no responder a una cuestión que desde el mismo 1-O han respondido el grueso de los miembros del Consejo de Ministros. Todos ellos han coincidido en que la respuesta había sido "proporcional". 

"Prudente, apropiada y proporcionada"

La forma en la que el Ejecutivo responde a estas cuestiones choca también con la respuesta facilitada, también por escrito, a este mismo diputado en otra batería de preguntas. Tal y como publicó infoLibre, el parlamentario registró el pasado 13 de octubre cuatro preguntas diferentes relacionadas con las actuaciones que el Gobierno iba a llevar a cabo a raíz de las críticas a los "abusos policiales" por parte de ONG e instituciones internacionales. A todas ellas se facilitó la misma respuesta: "En relación con las cuestiones planteadas se señala que el Tribunal Constitucional declaró ilegal la convocatoria del referéndum de 1 de octubre en Cataluña". Y se añadió: "Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado actuaron siguiendo instrucciones del Poder Judicial, de forma prudente, apropiada y proporcionada, con el objeto de asegurar el cumplimiento de la Ley y la protección de los derechos y libertades de todos los ciudadanos".

La Generalitat cifró en más de 800 los heridos, una cifra de la que el Partido Popular dudó viendo en ella una manipulación por parte de los independentistas.

Pelotas de goma

Relacionado también con la actuación policial, se recurre a la Ley de Secretos Oficiales para no responder a la justificación, por parte del Gobierno, de "la utilización de pelotas de goma en varias de las intervenciones" que tuvieron lugar el día de la consulta. En esta pregunta, el diputado Guillaumes recuerda que "están prohibidas en Cataluña". Idéntico tratamiento se da cuando el parlamentario se interesa por si la actuación policial se hizo "sin alterar la normal convivencia ciudadana tal como ordenó la juez encargada del caso". O cuándo quiere conocer "cuántas actuaciones de cierres de colegios hicieron las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado" y "en cuántas de ellas, según el Gobierno, hubo altercados".

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También sin respuesta concreta, por apuntar al secreto oficial, quedan cuestiones relacionadas con los "criterios" que determinaron la elección de los colegios electorales "en los que intervinieron la Guardia Civil y la Policía Nacional", y el "criterio policial" al que obedece que se trasladaran "varias docenas de agentes" a poblaciones "de poco más de 100 habitantes". A ojos del parlamentario, en estos despliegues se dio una "desproporción".

El parlamentario Guillaumes recuerda que en los días previos el Gobierno había "cerrado varias páginas web en relación al referéndum del 1 de octubre". Y pregunta: "¿Es consciente el Gobierno que su estrategia de cerrar páginas web que defienden la celebración del referéndum, además de vulnerar el derecho fundamental de la libertad de expresión, vulnera un derecho humano declarado como tal por las Naciones Unidas en 2011?". No hay más respuesta que la apelación a la Ley de Secretos Oficiales.

No es la primera vez que, en el marco del procés, el Ejecutivo se ampara en el secreto para no facilitar información. El diario El País informó recientemente de que el Gobierno no daba datos del despliegue policial para el 1-O porque los había catalogado como secreto de Estado. En aquel caso, fue la respuesta que ofreció a una decena de cuestiones planteadas por los senadores Carles Mulet (PDeCAT) y Margarita Quetglas (Podemos).