38.000 dependientes murieron en 2017 sin ser atendidos, según el informe del Observatorio de Dependencia

Un total de 38.000 personas en situación de dependencia fallecieron durante 2017 sin haber recibido las prestaciones o servicios a los que tenían derecho, según el XVIII Dictamen del Observatorio de la Dependencia que alerta de que diariamente murieron más de 100 personas en esta situación, informa Europa Press.

Este Observatorio de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales señala, no obstante, que la mayoría de los parámetros de gestión del sistema –personas atendidas, reducción de lista de espera, incremento de solicitudes, valoraciones y de servicios y prestaciones entregados– "han mejorado", pero en gran medida, a base de servicios de bajo coste dirigidos fundamentalmente a quienes tienen un grado más leve de dependencia con necesidades de apoyo "intermitente" o "limitado". 

Así, indica que 1.264.951 personas tenían reconocida su situación de dependencia al finalizar 2017, 51.018 más que el año anterior, de las que 954.831 personas estaban siendo atendidas en el sistema, 89.267 más que un año antes. Un tercio de estas personas son mujeres (65%); el 72,2% son pensionistas, y más de la mitad (54,6%) tienen más de 80 años.

El dictamen pone de manifiesto que la lista de espera de las personas que estaban pendientes de recibir una prestación ascendía a 310.120 (24,5%) al finalizar 2017, aunque son 51.078 menos que un año antes. No obstante, esta organización reitera que, a este ritmo, se tardaría "más de cuatro años en atender la actual lista de espera" y advierte de que es "especialmente preocupante" que casi cuatro de cada diez personas desatendidas (120.000 personas), son dependientes severos y grandes dependientes.

"Resulta que las personas con más necesidades de atención son las que menos han visto reducir su lista de espera, lo que evidencia que las comunidades autónomas han optado por atender a aquellos que pueden reducir la lista de espera con menores costes para el sistema (moderados) y con servicios de bajo coste", advierten los autores del informe.

Por otra parte, el documento pone de relieve que, "un año más", el gasto público se distribuye incumpliendo lo previsto en la Ley (50%) "debido al modelo de financiación y a las reducidas cuantías del nivel mínimo". Así, asegura que el Estado aporta el 20% del gasto público y las comunidades autónomas el 80% restante.

También señala que la "disminución" de la financiación a las administraciones autonómicas desde julio de 2012 hasta diciembre de 2016 –reducción del nivel mínimo y supresión del nivel acordado–, "supone ya una cifra acumulada de 2.700 millones de euros".

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Comunidades autónomas 

En esta edición del dictamen hay diez comunidades autónomas con suspenso en una escala de cero a diez. Las que obtienen peores resultados a nivel global son Cataluña (2,5) Baleares (2,14) y Canarias (1,8), que contrastan con los de Castilla y León (9,3), Castilla-La Mancha (8,2) y Andalucía (6,4).

"La mejora en las comunidades con menor desarrollo hace que se reduzcan las diferencias, si bien siguen existiendo grandes desigualdades entre territorios, tanto en cobertura como en modelos de gestión", sostienen los autores del informe, que alertan, además de que algunas autonomías "van a tener muy difícil recorrer el camino que les queda sin un cambio drástico de modelo de atenciones y una inyección financiera específica".