La comisión del Congreso sobre el Estado autonómico afronta el dilema de cerrar en falso o ampliar varios meses su actividad

PP y PSOE han decidido mantener viva la comisión de evaluación del funcionamiento del Estado autonómico a pesar de la decisión de Ciudadanos de abandonar los trabajos y de que grupos tan significativos como Unidos Podemos, Esquerra, PDeCAT y PNV, entre los cuales suman 89 diputados, ni siquiera hayan llegado a participar. “Lo reflexionamos y llegamos a la conclusión de que íbamos a seguir. Y si otros grupos se incorporan o se reincorporan, estupendo, y si no, seguiremos”, confirman a infoLibre fuentes de la comisión.

¿Con qué argumento? Con uno “de peso”, subrayan las mismas fuentes: “Quienes estamos, PP, PSOE, Compromís, UPN y CC, superamos la mayoría que exige la Constitución para hacer una reforma”. Es verdad que “políticamente es mejor contar con todos, pero lo que no es posible es que la decisión de una clara minoría bloquee el funcionamiento” del Congreso e “impida que la mayoría cualificada de la Cámara” haga su trabajo.

La aritmética respalda este argumento, incluso sin contar a los minoritarios. La suma del PP (134 diputados) y PSOE (84) supera, por sí sola, la mayoría cualificada que exige la Constitución para una hipotética reforma constitucional (210 escaños). Si se añade la representación de Compromís (4), UPN (2) y CC (1), la parte del Congreso que sigue creyendo en la comisión de evaluación del Estado Autonómico rebasa en 15 escaños la mayoría cualificada que exige la Carta Magna para su propia modificación.

La comisión fue creada el pasado mes de septiembre a instancias del PSOE en un intento de reconducir, a través del Congreso, el desencuentro que estaba a punto de estallar con el referéndum catalán del 1 de octubre y la aplicación posterior del artículo 155 de la Constitución. La intervención de la autonomía catalana y la destitución del Govern fue, precisamente, el motivo que alegaron Unidos Podemos, PDeCAT, Esquerra y EH-Bildu para negarse a participar, ya desde el momento de su creación.

El argumento que manifestó Ciudadanos para abandonar las reuniones, anunciado hace apenas un mes, está en las antípodas de los de estos grupos y tiene que ver con la supuesta negativa del PSOE a tramitar la comparecencia de tres exdirigentes socialistas contrarios a la reforma de la Carta Magna: el exvicepresidente Alfonso Guerra, el expresidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra y el exministro de Defensa José Bono. El presidente de la comisión, José Enrique Serrano (PSOE), lo niega y asegura que a lo único a lo que se opusieron los portavoces fue a tramitar esas comparecencias concretas “en este momento”, dándoles prioridad sobre otras que que todavía no se han producido.

A expensas de cómo evolucione el debate político

En cualquier caso, Serrano no pierde la esperanza. “Yo no descarto que, en función de cómo vayan los acontecimientos, algunos de los grupos que no han estado decidan incorporarse. Dependerá de como vengan las cosas”, añade, en referencia a la rapidez con la que evoluciona el debate político.

No hay que perder de vista que la comisión, antes incluso de echar a andar, ganó sustancialmente en ambición cuando el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, anunció el 11 de octubre que había alcanzado un acuerdo con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para que sus conclusiones sirviesen de base a la apertura de la reforma de la Constitución. Y puso fecha a ese empeño: seis meses después de que la comisión iniciase sus trabajos.

Ese plazo, que concluye a finales de junio, se ha convertido ahora en un objetivo imposible de cumplir y va a poner a los grupos políticos, singularmente a PP y PSOE, ante un dilema. O cumplen los plazos, y dejan fuera de la comisión a más de la mitad de los comparecientes que faltan —entre los que se cuentan decenas de expertos en derecho constitucional y administrativo y en financiación autonómica, además de a los 17 presidentes autonómicos y al propio Gobierno de Rajoy, además de miembros de la sociedad civil incluidos destacados periodistas y representantes del mundo de la cultura— o prolonga varios meses sus trabajos para que todos tengan voz. De las dos opciones, sólo la segunda garantiza que la comisión pueda elaborar sus conclusiones, que pueden dar lugar a una propuesta de reforma legislativa e incluso de la propia Carta Magna para mejorar el Estado Autonómico, habiendo escuchado a todas las partes. La primera, en cambio, equivale a un cierre en falso.

Después de un inicio muy exigente, con una media de 11 comparecencias al mes, la comisión detuvo sus trabajos el pasado marzo. En las últimas semanas la actividad se ha visto muy limitada: primero los secretarios generales de UGT y CCOO suspendieron hasta en dos ocasiones sus comparecencias por motivos de agenda y después se echó encima la Semana Santa y el trámite presupuestario, que en la práctica paraliza la actividad de las comisiones que no participan del procedimiento de debate de las cuentas públicas. El 11 de abril fue la última vez que se reunió la comisión —comparecieron los expresidentes del Parlamento Europeo José María Gil Robles y Enrique Barón—.

Hasta ahora han comparecido 31 personas y faltan 169. Una sucesión de intervenciones imposible de agendar en los dos meses que quedan de período legislativo, especialmente si se se tiene en cuenta que la semana que viene no cuenta a efectos parlamentarios por culpa del puente de mayo y que otra semana, al menos, el Congreso deberá reservarla para el trámite final de los presupuestos.

Un horizonte incierto

La Comisión tiene previsto volver a reunirse el día 9 de mayo pero, más allá de esa fecha, no hay nada decidido. Así que la próxima reunión de la mesa y la junta de portavoces será clave para establecer el horizonte de trabajo, porque además de fijar las sesiones de mayo tendrá muy presente lo que puede hacer en junio. Una decisión que depende de los portavoces del PP y PSOE, José Antonio Bermúdez de Castro y Adriana Lastra.

Por si esto fuera poco, un nuevo elemento ha venido a complicar un poco más la planificación de la comisión: el Gobierno de Rajoy ha anunciado su decisión deponer en marcha la revisión del sistema de financiación autonómica. “Si es así, no parece razonable que, mientras están en marcha las negociaciones con las Comunidades Autónomas, empecemos a convocar comparecencias de sus presidentes”, explica a infoLibre José Enrique Serrano. “Yo comparto esa idea. No parece sensato que mientras están negociando con el Gobierno, vengan aquí a hablar de cómo va el tema”. Y por eso mismo, añade, tampoco tiene sentido que en mayo la comisión aborde el problema de la financiación, para lo que han sido convocados numerosos expertos en la materia.

“Hay que decidir por dónde seguimos”, concluye el presidente de la comisión. Y aunque Sánchez y Rajoy pactaron un plazo de seis meses, “lo cierto es que es un acuerdo político, de manera que en realidad nada impide proseguir los trabajos después de verano”, recuerda. Porque hacen falta cinco meses sólo para completar la lista de comparecencias, eso sin contar el tiempo que puede tardar la comisión en debatir y preparar su conclusiones, toda vez que el objetivo de la comisión sigue siendo plantear propuestas de reformas legislativas y en su caso constitucionales que permitan mejorar el funcionamiento del Estado Autonómico..

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Hasta ahora, por la comisión han pasado muy pocos expertos y sí muchos altos cargos de organismos públicos, incluyendo a los responsables del Consejo de Estado, el CIS, el Consejo Económico y Social o el INE. También los padres de la Constitución que quedan vivos (Miquel Roca, José Pedro Pérez-Llorca y Miguel Herrero). Sus aportaciones ya ocupan 420 páginas del Diario de Sesiones del Congreso, y aún falta la mayor parte, lo que da idea de la complejidad que representa el trabajo de síntesis que debe dar pie a las propuestas.

PP y PSOE no han apuntado siquiera la posibilidad de darlo por concluido en junio, aseguran las fuentes consultadas por este diario, pero se acerca el momento de tomar una decisión que puede poner fin atropelladamente a una de las propuestas en las que Pedro Sánchez más había insistido para tratar de resolver, de una vez por todas, las tensiones territoriales en España.

“Una cosa es acortar y otra es guillotinar”, advierte Serrano. “Cortar en seco es devaluar el trabajo”.