España sigue a la cola de Europa en la percepción ciudadana de la independencia judicial
La falta de independencia del sistema judicial sigue siendo un asunto que preocupa, y mucho, a los españoles. Este lunes, mientras las asociaciones de jueces y fiscales mantenían una reunión con el ministro Rafael Catalá para trasladarle sus demandas tras la histórica huelga de la semana pasada, la Comisión Europea hizo público su cuadro de indicadores de Justicia de 2018, un documento de más de 60 páginas en el que se analiza detalladamente la situación de los sistemas judiciales en los Estados miembro. En el caso de España, lo que más preocupan son las presiones a magistrados y fiscales en el desarrollo de sus funciones. Aunque los datos reflejan una ligera mejora respecto al ejercicio anterior, todavía un 49% de los españoles consultados por el Ejecutivo comunitario consideran que el nivel de independencia judicial en el país es “muy malo” o “bastante malo”, lo que nos sitúa a la cola de la Unión Europea.
“El cuadro de indicadores de la justicia llega en un momento en el que el respeto del Estado de Derecho es una prioridad para la UE”, señaló la comisaria de Justicia, Věra Jourová, que añadió que sin Estado de Derecho “la democracia, los derechos civiles y la buena gestión financiera” de los fondos comunitarios “están en peligro”. En rueda de prensa, la política checa evitó criticar abiertamente al sistema judicial español. Sin embargo, dejó claro que espera mejoras de cara al futuro: “Lo que queremos que ocurra en los Estados miembros, incluyendo España, es que haya un sistema judicial independiente y estable, libre de interferencia política. (…) Esperamos que el Gobierno de España y el sistema judicial español aguanten la actual situación difícil para que los otros puedan confiar en ellos, incluyendo la Comisión”, aseveró la comisaria europea en rueda de prensa.
La última edición del cuadro judicial que elabora anualmente Bruselas llega en un momento en el que el asunto de la independencia está marcado a fuego en la agenda política española. Este lunes se reunieron con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, las principales asociaciones de jueces y fiscales para trasladarle sus demandas tras la huelga general del pasado 22 de mayo, que fue secundada por más del 65% de los magistrados y por el 51% de los miembros del Ministerio Público. En concreto, los colectivos buscan una mejora generalizada de la calidad de la justicia en España. Y para ello consideran necesario que se modernice la profesión –integrando adecuadamente las nuevas tecnologías en los juzgados–, se establezcan unas condiciones profesionales dignas y se refuerce, de una vez por todas, la independencia judicial.
Ligera mejora, pero a la cola de la UE
El último Eurobarómetro sobre los sistemas judiciales de los Estados miembro, cuyos resultados han sido incluidos en el informe presentado por Jourová en Bruselas, vuelve a dejar en evidencia a España. Un 49% de los encuestados consideran que el nivel de independencia judicial en el país es “muy malo” o “bastante malo” –la media europea de críticos está en el 32%–, mientras que el 39% creen que la libertad de los jueces y los tribunales para desarrollar su trabajo es “muy bueno” o “bastante bueno”. Preguntados al respecto, un 26% creen que “el estatus y la posición de los jueces no garantizan suficientemente su independencia”, mientras que el 35% sostienen que el problema se encuentra en la interferencia de los poderes económicos y el 39% asevera que el germen hay que buscarlo en la presión que ejercen el Gobierno y los políticos.
Aunque en comparación con 2017 se aprecia una ligera mejora –los críticos disminuyen nueve puntos–, lo cierto es que España sigue a la cola. Es el sexto país cuyos ciudadanos más desconfían en su sistema judicial, sólo por delante de Croacia, Bulgaria, Italia, Eslovaquia y Eslovenia. La percepción de falta de independencia en suelo español es incluso más elevada que en países como Polonia, que lleva meses bajo el foco de las instituciones comunitarias por su deriva autoritaria. En julio de 2017, Bruselas abrió expediente a Varsovia por la última reforma judicial que puso en marcha el Gobierno ultraconservador polaco, que en opinión del número dos del Ejecutivo comunitario abole “cualquier rastro de independencia judicial”. Y, ante el inmovilismo de Varsovia, la Comisión decidió en diciembre activar el procedimiento para privar al país de su derecho a voto en el Consejo Europeo.
A través de un comunicado, la cartera capitaneada por Catalá se felicitó por los resultados cosechados: “El Marcador de la Justicia destaca los esfuerzos realizados por España a lo largo de 2017 en materia de reformas legislativas y revela asimismo un incremento de ocho puntos en el porcentaje de españoles que consideran bueno o muy bueno el nivel de independencia”. En este sentido, el ministerio recuerda que “España se sitúa plenamente dentro de los estándares europeos en lo referido a la existencia de instrumentos de salvaguarda de la misma”. “Además, y a diferencia de otros Estados como Bélgica u Holanda, se pone de manifiesto que en nuestro país no existe discrecionalidad del poder ejecutivo o parlamentario en el nombramiento de jueces”, sentencia Justicia, que evita cualquier tipo de autocrítica y oculta en su comunicado que España sigue a la cola de Europa en percepción de independencia judicial.
Críticas constantes
Las injerencias en España del Poder Ejecutivo sobre el Judicial llevan meses poniéndose sobre la mesa. El pasado mes de febrero, Jueces para la Democracia emitió un duro comunicado en el que denunciaba las interferencias “inaceptables” del Gobierno de Mariano Rajoy en relación con el procés. Lo hizo después de que el diario El País revelara que se produjeron contactos entre miembros del Ejecutivo y del Tribunal Constitucional antes de que este último se reuniera para tomar una decisión sobre el pleno de investidura de Carles Puigdemont. En el escrito, la asociación también reprochó al ministro Catalá unas declaraciones en las que pronosticaba que el juicio sobre la causa que instruye en el Tribunal Supremo el juez Llarena se celebraría a finales de año y que probablemente los dirigentes independentistas encausados serían inhabilitados una vez cerrada la instrucción.
Los tirones de orejas también han llegado desde el Consejo de Europa. El pasado mes de enero, el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco, por sus siglas en inglés) recordó en su último informe que, cuatro años después, España sigue incumpliendo todas sus recomendaciones sobre independencia judicial y prevención de la corrupción. En concreto, el Greco ponía como tareas pendientes la mejora del sistema de nombramientos del Consejo General del Poder Judicial y de los presidentes de los tribunales provinciales, autonómicos, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo, donde aprecia ausencia de “criterios objetivos y requerimientos de evaluación”. Además, pidió repensar el sistema de selección y la duración del mandato del fiscal general del Estado y exigió más transparencia en las comunicaciones entre esta figura y el Gobierno.
El último marcador de justicia europeo también revela otros detalles a destacar. En 2016, el gasto en justicia se situó en los 82 euros por habitante, un dato que aunque nos sitúa en la media europea se ha ido reduciendo progresivamente desde 2010, cuando era de 90 euros. Por otro lado, estamos a la cola europea en número de jueces –12 por cada 100.000 habitantes en 2016, sólo por delante de Francia, Italia, Malta, Dinamarca e Irlanda– y a la cabeza en número de abogados –305 por cada 100.000 habitantes, sólo por detrás de Chipre, Luxemburgo, Grecia e Italia–. También destacamos por la falta de paridad en las altas instancias judiciales. Sólo el 14% de los miembros de los tribunales superiores españoles son mujeres, un dato que nos pone a la cola comunitaria. Sólo Reino Unido, con un 9%, tiene aún peores datos que España en esta materia.
